Misión imposible: servir a dos señores

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El gobierno del presidente Boric tendrá que tomar partido. Ceder al “acuerdo de gobernabilidad” con el gran empresariado o cumplir su compromiso con el pobrerío y la clase media empobrecida que lo llevaron a La Moneda.

Manuel Cabieses Donoso(*). Santiago. 22/03/2022. No cabe duda que la “Historia Universal de la Desfachatez” consignará con letras mayúsculas la reciente amenaza de Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). El jefe del estado mayor de la burguesía declaró insuficientes las garantías que el gobierno ofrece al empresariado. “Tenemos que hablar -dijo- de un acuerdo de gobernabilidad que dé certezas jurídicas” (1). Se trata, por supuesto, de exigir privilegios para las inversiones privadas y los mecanismos que permiten operar sin límite a la codicia del gran empresariado. Sutil no se anda con sutilezas en sus demandas. El gobierno, sostiene, debe ir “más allá de una reforma tributaria” y abandonar proyectos tales como empresas estatales de ferretería, farmacia, construcción e inmobiliarias.

¡Qué patudez la de este tipo! Plantea -ni más ni menos- que rehacer a la medida del gran empresariado el programa de gobierno. Hace solo tres meses más de 4 millones y medio de chilenos votaron por ese programa y la oligarquía ya quiere echarlo abajo.

¿Cómo se atreve la CPC y su jerarca a desafiar la voluntad democrática del 56% del electorado? Esa mayoría votó un programa de por sí moderado a fin de asegurar la derrota del fascismo e instalar un gobierno que garantice el tránsito a la nueva institucionalidad que propondrá la Convención Constitucional.

La piedra en el zapato del gran empresariado es precisamente la Convención. Teme que de allí salga una Constitución “demasiado” democrática en lo político y “muy” avanzada en lo social. O sea que la Convención dé a luz instituciones y leyes como nunca antes tuvo la República. Pero en vez de compartir las expectativas del pueblo, Sutil afirma que la Convención “genera inestabilidad”. Esa es la maniobra fundamental que impulsa la derecha: crear condiciones que hagan fracasar la Convención. Su arsenal mediático dispara en esa dirección y utiliza todo tipo de sofismas, incluso ridiculizar las polémicas de los convencionales. La televisión es el ariete más eficaz de esta guerra sicológica. El propio Sutil negocia la compra de CNN Chile a la empresa norteamericana WarnerMedia. Quien domina la imagen domina las conciencias. Mientras los medios de comunicación, incluyendo el espectro radioeléctrico, sean propiedad privada de unos pocos, ignorando su función social, la estabilidad de ningún gobierno democrático estará asegurada. Lo demuestra nuestra propia historia.

El gobierno del presidente Boric tendrá que tomar partido. Ceder al “acuerdo de gobernabilidad” con el gran empresariado o cumplir su compromiso con el pobrerío y la clase media empobrecida que lo llevaron a La Moneda.

Chile, según la CEPAL, es el país de América Latina en que el patrimonio de los ricos representa la mayor tajada del Producto Interno Bruto (PIB): 16,1%. En países enormes y de grandes fortunas como Brasil y México el porcentaje es inferior: 14,2% y 12,2%, respectivamente.

Los súper ricos chilenos se las han arreglado -incluyendo golpe de Estado y terrorismo de Estado- para aumentar sus fortunas mediante una codicia insaciable, extorsionando gobiernos, parlamentos e instituciones del Estado. La conducta mezquina y mafiosa del gran empresariado ha convertido a Chile en uno de los países con mayor desigualdad del mundo. El año pasado, mientras la mayoría se debatía en el desempleo y el endeudamiento, los más ricos duplicaban sus fortunas. El grupo Luksic se encaramó a los 23.300 millones de dólares, Ponce Lerou a los 4.100 millones, Paulmann a los 3.300, Piñera a los 2.900, y así también los Angelini, Saieh y Yarur. El mismo salto tuvieron las ganancias de los bancos y grandes empresas.

¡Chile es Jauja para el empresariado pero no le basta! Intenta además someter al nuevo gobierno a un “acuerdo de gobernabilidad” que convertirá en liliputienses las ya modestas reformas planteadas en su programa.

El gobierno, si se empeña, podría resistir el asedio oligárquico defendiendo sus compromisos electorales, asegurando a la vez respeto a las resoluciones de la Convención Constitucional.

Sin embargo, también es tarea de las organizaciones sociales oponerse al “acuerdo de gobernabilidad” que plantea el gran empresariado. El próximo Primero de Mayo puede ser la oportunidad de una gran movilización de trabajadores, pobladores, mujeres, desempleados, estudiantes, jubilados, pequeños y medianos empresarios, etc., para rechazar la imposición oligárquica.

El gobierno del presidente Boric no puede escapar a una definición. Tendrá que tomar partido: o con el gran empresariado o con el pueblo.

Ningún gobierno puede servir a la vez a la oligarquía y a quienes necesitan desesperadamente igualdad de derechos. Es una realidad confirmada por la historia. Hace ya dos mil años un rico recaudador de impuestos, algo así como un director de Impuestos Internos de la época, escribió en su evangelio: “Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá menos a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza” (2). No lo habría dicho mejor Carlos Marx.

(*)Manuel Cabieses es periodista chileno, ex director de la revista Punto Final.
(1) EMOL, 20 de marzo 2022.
(2) Mateo 6:24-34.

 

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