Carmen Hertz y el trágico record del Ejército

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En relación al procesamiento al renunciado comandante en jefe, Ricardo Martínez, y a todos los ex jefes de la institución en la era pos dictadura, dijo que “es un atentado a la institucionalidad democrática chilena, es un agravio al conjunto de sociedad y un inmenso desprestigio del Ejército”. Indicó que “las razones que nos han llevado a esto dicen relación con el hecho de que existan espacios de autonomía, discrecionalidad, más aún, de arbitrariedad y deliberación, de las Fuerzas Armadas”. Además, la presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámra Baja, planteó que “el fraude, la malversación, usar indebidamente los gastos reservados, es una transgresión ética”. La también abogada cuestionó que “nunca existió voluntad política para resolver esas materias, en todos los gobiernos pos dictadura”. Enfatizó que “hubo indolencia de parte del poder político” y marcó que “el fraude fue hecho a vista y paciencia de ministros de Defensa”. Mirando al próximo Gobierno, Carmen Hertz estableció que “la nueva ministra, el nuevo subsecretario, deberán ejercer el papel que tienen, que ellos son los superiores en toda la jerarquía, son los que mandan”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 04/03/2022. Frente a este caso del general Ricardo Martínez, surge la inquietud o la preocupación de cómo es posible que de los seis comandantes en jefe del Ejército de la era pos dictadura, cinco han sido procesados, indagados, citados en casos judiciales, sobre todo por malversación de fondos, fraudes, uso ilegal de gastos reservados.

Que todos los comandantes en jefe del Ejército desde (Augusto) Pinochet hasta ahora, incluido este último, el general Martínez, que renuncia al cargo, citado como inculpado por el caso de fraude por viajes y pasajes, estén procesados o inculpados de delitos de malversación de fondos y desviación de gastos reservados, y que Pinochet además haya sido procesado por crímenes de lesa humanidad, y sin dejar de considerar que los dos comandantes en jefe anteriores a Pinochet fueron asesinados, uno por un grupo de extrema derecha y el otro por la DINA, por orden de Pinochet, es una situación única en el mundo, no creo que exista en otro país, no creo que haya un record como este tan triste, trágico y lamentable en relación con el mando superior del Ejército.

Todo esto es un atentado a la institucionalidad democrática chilena, es un agravio al conjunto de sociedad y un inmenso desprestigio del Ejército. Las razones que nos han llevado a esto, son varias, pero dicen relación particularmente con el hecho de que en nuestro país existan espacios de autonomía, discrecionalidad, más aún, de arbitrariedad y deliberación, de las Fuerzas Armadas (FFAA). Esos espacios de autonomía son fácticos e institucionales.

En cualquier democracia decente, la Constitución debe establecer de forma muy clara y muy nítida y expresa, lo que no ocurre con esta Constitución del ’80, la superioridad de mando de la máxima autoridad política, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Eso no está establecido. La otra cara es la obediencia, porque la jerarquía superior es el mando político y, por lo tanto, se deben acatar y aceptar todas las decisiones emanadas del poder político. Eso dice relación con la no deliberación, que bien sabemos, lamentablemente no se cumple, y existen espacios donde los jefes de las FFAA ejercen deliberación. Lo hemos visto, como cuando los tres comandantes en jefe (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) enviaron una carta reclamando por los contenidos de un programa de un Canal de televisión. Eso es deliberación en cualquier parte del mundo. Por último, tienen una discrecionalidad, rayando en la arbitrariedad, para el control de los recursos públicos. Este panorama es el que permite todo lo que estamos padeciendo ahora como sociedad.

En lo que usted señala, ¿no hay un tema de déficit en la legislación, de mantención de normas inadecuadas, que la actitud de autoridades de Gobierno ha permitido que todo esto ocurra?

Bueno, por una parte tenemos la Constitución del ’80, incluidas las reformas que se le hicieron, que deja espacios de autonomía y jamás hubo voluntad política para modificar eso, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y menos modificar la Constitución, para la subordinación clara y explícita de los militares al mando político. Nunca existió voluntad política para resolver esas materias, en todos los gobiernos pos dictadura no existió esa voluntad política, por lo tanto, esa institucionalidad sigue tal cual.

En relación con los fraudes y delitos financieros, en el caso del Ejército, tenemos muchos y varios mecanismos de uso de los recursos públicos que se superponen los unos a los otros, están llenos de resquicios para cubrir, eludir y evitar la fiscalización. La propia Contraloría de la República ha dicho que dado la multiplicidad de mecanismos, no es posible fiscalizar como corresponde el uso que el Ejército le da a los recursos públicos que recibe.

Respecto a tu pregunta, que si hubo indolencia de parte del poder político en todos los gobiernos pos dictadura, claro que la hubo. Además de la situación institucional, legal, que te describía, existe una autonomía fáctica que la dio el hecho de que los ministros de Defensa de los gobiernos pos dictadura se transformaron en portavoces de las FFAA y no en el poder político que controla, fiscaliza y que manda. Nunca hicieron eso. Entre otras cosas, el fraude fue hecho a vista y paciencia de ministros de Defensa que no se enteraron de nada. Otra área de la cual no se enteran de nada, tiene que ver ni más ni menos que con el tema de la Inteligencia militar, no saben nada, son absolutamente autónomas las FFAA en eso. Tanto es así, que nos hemos enterado de montajes y de operaciones, sabiendo que el Ejército nos miente cuando está espiando a un periodista, Mauricio Weibel, que estaba investigando precisamente fraudes en el Ejército, y se le miente al Ministro de Defensa y se le miente al ministro de la Corte que tiene que autorizar la intercepción del teléfono y dicen que van a interceptar el teléfono de una agente peruana y era el teléfono de Mauricio Weibel. Esas son las cosas que ocurren y eso degrada la democracia. Mira, lo que ocurre es que no tenemos un estándar internacional de democracia plena.

Los militares llevan años colocándose en el país y en la región como un ejemplo de profesionalismo, de ética, de eficiencia…

Es que todo lo que ha pasado en tantos años echa por tierra eso. Lo que decía, que estén todos los comandantes en jefe procesados, que Pinochet haya instaurado la mentira y los robos, el transformó a FAMAE en su holding particular, instaura actitudes como que cuando los citan a declarar por crímenes de lesa humanidad se declaran enfermos, evaden todo, no asumen una actitud recta como militares. Y, como dije, no se puede olvidar que los dos comandantes en jefe anteriores a Pinochet fueron asesinados por gente de ultraderecha que respalda al Ejército y por agentes del Ejército. Que yo conozca, eso no ha ocurrido en ningún país democrático del mundo. Tenemos un déficit de control democrático. Además, después del golpe de Estado, las FFAA y Carabineros se auto asignaron un rol en el proceso político, y esa auto asignación se sigue proyectando hasta hoy. Ellos tienen lo que se llama una cultura organizacional que es autónoma, no se subordinan, donde nunca nadie los había fiscalizado, donde nunca han sido efectivamente castigados.

Usted señala situaciones fácticas, institucionales, el sistema. Pero que un comandante en jefe se compre autos de lujo con platas fiscales, que hagan trampas con pasajes pagados con dineros del Fisco para robarlo, que un jefe del Ejército traspase todos sus bienes a dos hijas y un yerno para evadir sanciones, que gasten plata en regalos a periodistas, a recién casados, en fin, ya corresponde a una ética personal, a una falta de doctrina.

Eso es así. Refleja que no tenían ni tienen ningún control. Usaban el dinero de gastos reservados cuando el destino de eso es trabajo de Inteligencia fundamentalmente. Pero hubo comandantes en jefe que usaron ese dinero para comprar regalos, viajar, apropiarse se dineros, comprar autos, y sigan con la impunidad de la que han gozado. Todo permite que Oscar Izurieta traspase sus bienes a su hija, a su yerno, a su mujer, sin pudor alguno.

Por eso, es una transgresión ética, profesional, doctrinaria.

Por supuesto que es así. El fraude, la malversación, usar indebidamente los gastos reservados, es una transgresión ética.

Los comandantes en jefe procesados, sus abogados -lo vemos ahora con el general Ricardo Martínez-, se van contra la justicia militar, contra las y los jueces, se victimizan y llegan a decir que cualquier ciudadano, menos ellos, tiene derechos, buscan la manera de evitar no solo condenadas, sino hasta interrogatorios.

Todo eso son jugarretas patéticas. Imagínate, que lo haga un comandante en jefe del Ejército. Nosotros siempre criticamos el quehacer de la justicia militar porque era un arma de represión contra los opositores políticos, y que ahora vengan a decir que funciona mal…Lo que pasa es que se les está terminando la impunidad de la que han  gozado durante décadas, se está terminando la falta de fiscalización, el hecho de que los ministros de Defensa miraran para el lado llevó a esto. Esto es consecuencia del carácter de la transición democrática, porque obviamente que hubo pactos tácitos de impunidad, en relación con los crímenes en primer lugar, y una actitud de indolencia y de dejar hacer respecto de los recursos fiscales.

En este contexto, tiene un desafío inmenso la futura ministra de Defensa, Maya Fernández.

Así es.

Se podría pensar que puede seguir el mismo comportamiento de los anteriores ministros de Defensa, pero podría dar un giro en esa línea.

Tiene que establecerse con mucha claridad otra línea. La gran esperanza es la nueva Constitución que establezca de forma nítida la subordinación de las FFAA al poder político. Mientras la nueva Constitución no sea promulgada, no creo que exista ninguna voluntad política para modificar el estatuto orgánico de las FFAA, pero sí la nueva ministra, el nuevo subsecretario, deberán ejercer el papel que tienen, que ellos son los superiores en toda la jerarquía, son los que mandan, son ellos los que deciden, no los mandos militares. Eso tiene que ver con todo, tiene que ver con la formación, con los planes de estudio, con los ascensos, con la cultura organizacional.

¿Hay que hacer un cambio de estructura orgánica, formativa, doctrinaria?

Tiene que modificarse la forma en que funciona el Ejército. Tiene que modificarse la Ley Orgánica y la Constitución tiene que establecer de forma muy clara, expresa, nítida, que el Presidente de la República, es el punto máximo en la jerarquía respecto a las Fuerzas Armadas. Hay que quitarles cualquier espacio de autonomía como lo tienen hoy.

 

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