DDHH, todo sigue mal. Ahora, cuestionamientos de la ONU

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“Persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición” de violaciones a los derecha humanos en Chile, indicó Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH). Se apuntó que procedimientos de Carabineros y órdenes de autoridades, “aún deben ser armonizados con el derecho y las normas internacionales”. Antes estuvieron los lapidaros informes del INDH y la Comisión Chilena de Derechos Humanos en el balance de lo ocurrido en 2019: impunidad y casi nulo avance judicial. El Gobierno guarda silencio, en particular la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 25/10/2021. En Chile todo sigue mal en relación a los derechos humanos (DDHH) y ahora llegó el cuestionamiento desde el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), con más observaciones respecto a incumplimientos, déficit y malas prácticas en esta materia, que se suma a los informes lapidarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) conocidos hace una semana, en el balance de los sucesos ocurridos el 2019 durante la revuelta social.

Frente a eso, el Gobierno de Sebastián Piñera mantiene el silencio, en particular la Subsecretaría de Derechos Humanos que, a pesar de estar encargada de la materia, lleva unos dos años sin emitir informes, comentarios y menos contestar los documentos entregados por organismos nacionales e internacionales. Para la administración de piñerista no existieron violaciones masivas y sistemáticas de DDHH.

El reporte de ACNUDH indicó que “valoramos los esfuerzos del Estado de Chile para incorporar las recomendaciones que presentamos en 2019. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales”.

Se enfatizó que “los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones”, considerando cifras de entre 4 mil y 5 mil querellas por violencia de agentes del Estado, existiendo muy pocas condenas y escaso avance en procesos judiciales.

En esa línea, el documento de la ONU mencionó “limitaciones que no garantizan una reparación integral” de víctimas de violaciones a los derechos humanos y que se constató “una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público” ante esta materia. “Observamos en las víctimas una sensación generalizada de desamparo”, se sostuvo.

El organismo, que es presidido por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, apuntó que todavía se mantienen una serie de dificultades para erradicar malas prácticas y acciones indebidas de agentes del Estado.

Por ejemplo, se mencionó que  “tras la reducción del uso de escopetas antidisturbios -que explica la alta tasa de personas heridas con munición de impacto cinético y, en particular, con trauma ocular- aumentó el uso indebido de proyectiles lacrimógenos y de carros lanza agua contra las personas -sea como munición de impacto, por su uso indiscriminado, o por el empleo de presuntos agentes químico-”. También se señalaron casos reiterados en que agentes policiales “no prestaron asistencia a personas heridas”. Además, se hizo ver la preocupación por “la existencia de casos de quemaduras de piel de manifestantes producto de estos cañones de agua, documentados por el ACNUDH y organizaciones de derechos humanos, que parecerían consistentes con las alegaciones sobre el uso de sustancias químicas en los carros lanza aguas”.

Sobre nuevos procedimientos de Carabineros y órdenes que puedan emanar de autoridades ante manifestaciones, el documento de Naciones Unidas anotó que “aún deben ser armonizados con el derecho y las normas internacionales”.

El informe se refirió a algo señalado hace tiempo por organismos y legisladores chilenos frente a situaciones de manifestaciones ciudadanas en Chile. “El derecho de reunión pacífica sigue regulado por el Decreto Supremo 1086 -que data de la época de la dictadura-, lo que en la práctica genera un sistema de autorización de reuniones pacíficas y permite dispersar reuniones no autorizadas”.

En el cuestionamiento tácito a la situación de DDHH en el país, el texto de ACNUDH indicó la existencia de “hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas” y se añadió que “aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de estas personas defensoras de derechos humanos es imprescindible y debe de ser protegida”.

Informes lapidarios

Hace una semana se conoció el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) donde se informó que a esta altura, existen 3.072 querellas por violaciones a los derechos humanos, 70 con formalización, 136 imputados formalizados y solo 4 sentencias condenatorias. “Hemos avanzado muy poco”, se indicó desde el organismo.

También se estableció que “hay falta de sanción en casos de DDHH. Antes de la crisis social teníamos que menos de un 1% de los casos de violencia institucional terminaba con sentencia. Hoy día hay (es) 0,03%”.

Se precisó que de acuerdo al seguimiento de acciones judiciales, al 2020, se habían presentado 2.917 querellas de las cuales 52 procedieron a formalización, hubo 111 imputados formalizados y una sentencia condenatoria…una sola sentencia.

A la fecha, el numero de víctimas representadas por el INDH es de 3.528, y la cifra de víctimas contactadas es de 2.931.

Sergio Micco declaró que “a dos años del inicio de la más grave crisis de violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia, el Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes respecto al derecho internacional de los DDHH en materia de verdad justicia y reparación y garantías de no repetición”.

De allí que el director del INDH planteara una situación de alta gravedad. “El panorama en materia de derechos humanos nos resulta desolador, sobre todo cuando uno conversa con las víctimas, y frente a eso el silencio del Estado”.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos, en un documento expuesto hace una semana, hizo ver “el comportamiento asimétrico de los órganos mandatados por ley para investigar y administrar justicia, esto es, el Ministerio Público y el Poder Judicial, se expresa en la permanencia aún -en inaceptables condiciones carcelarias- de casi un centenar de jóvenes privados de libertad con ocasión de la revuelta social, producto del abuso de la prisión preventiva, la vulneración de la presunción de inocencia y las formalizaciones arbitrarias, entre otras trasgresiones al derecho al debido proceso”.

Apuntó que “también ha afectado la invocación abusiva de la Ley de Seguridad del Estado por parte del Ministerio del Interior, en su afán de perseguir y castigar a quienes legítimamente expresaron su rebeldía durante el estallido social. Sin embargo, a pesar de su urgencia ética, jurídica y social, el Proyecto de Ley sobre Indulto General que persigue otorgarles su libertad, poniendo término así a dichas graves violaciones a sus derechos humanos, sigue estancado en el Senado injustificadamente”.

Desde la Comisión se cuestionó que ante las miles de querellas y denuncias exista un casi nulo avance en procesos contra agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos.

 

 

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