Piñera crea crisis migratoria con política antiinmigrante

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El interés del Gobierno por utilizar su gestión migratoria para cosechar apoyo político en medio del ciclo recesivo de la economía chilena se notó desde su asunción en 2018. Sin comprender en absoluto la situación que se presentaba, se diseñó un Plan Colchane que es la antítesis de una política migratoria ante una crisis humanitaria. En el actual escenario se le hace el juego a las posturas de una extrema derecha que pretende utilizar esta situación dramática de la población migrante para alentar posiciones “nacionalistas” y de regresión autoritaria con vistas al escenario de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo. Es pertinente no sólo la interpelación al Ministro del Interior que se está promoviendo en la Cámara de Diputados, sino que la incriminación de las autoridades del Ejecutivo y de Migraciones por delitos tipificados en la Ley Antidiscriminación.

Manuel Hidalgo V. Vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile. Santiago. 01/10/2021. La trayectoria de violaciones a los derechos humanos que ha caracterizado el segundo Gobierno de Sebastián Piñera se vió acrecentada durante la pasada semana con los hechos ocurridos el sábado 25 de septiembre en Iquique y con las posteriores manifestaciones de odio y discriminación racial y xenofóbica que se han extendido a algunas ciudades del país, contra la población inmigrante, y cuya responsabilidad política recae en el gobierno.

De allí que sea pertinente no sólo la interpelación al Ministro del Interior que se está promoviendo en la Cámara de Diputados, sino que la incriminación de las autoridades del Ejecutivo y de Migraciones por delitos tipificados en la Ley Antidiscriminación, claramente ocurridos en el ataque y quema de pertenencias de personas migrantes que fueran desalojadas el día anterior de Plaza Brasil. Más allá de las responsabilidades directas de los autores de esos hechos, de los convocantes de la marcha que derivó en ellos, está la responsabilidad política del Gobierno en su gestión del fenómeno migratorio desde que asumiera en marzo de 2018 y particularmente, desde el incio de la pandemia en marzo de 2020.

El desincentivo de la migración y el alza de los ingresos por paso no habilitado

El interés del Gobierno de Sebastián Piñera por utilizar su gestión migratoria para cosechar apoyo político en medio del ciclo recesivo de la economía chilena -que viene desde 2014 al menos- se notó desde su asunción en marzo de 2018. En un ambiente de incremento del desempleo, “ordenar la casa”, frenando drásticamente el flujo migratorio fue la meta inicial de sus medidas adoptadas en abril de ese año[1].

Al  mismo tiempo que se dispuso un proceso de regularización extraordinario que se extendió desde abril 2018 a octubre 2019, se impuso la visa consular de turismo y la visa de reunificación familiar para personas haitianas, como también la visa de responsabilidad democrática para personas venezolanas. En concreto, estas medidas administrativas -refrendadas a posteriori por la ley que se promulgó en abril de 2021- cancelaron definitivamente y desde esa fecha la posibilidad de que un inmigrante ingrese como turista y estando en Chile pueda postular y acceder a una residencia temporal. De ahí en más, quien desee inmigrar a Chile, ya sea para trabajar, emprender o por otros motivos, deberá postular a una residencia temporal con tales propósitos, en un consulado de Chile en su país de origen. Serán las autoridades las que determinen cuántos y bajo qué calificaciones o requisitos, podrán inmigrar a Chile en el futuro. Se subordinó así el derecho a migrar de las personas a esta potestad administrativa.

Como en 2018 esto no terminó de desincentivar el flujo migratorio procedente de Venezuela, el Gobierno decretó a contar del 22 de junio de 2019 la exigencia de visa consular de turismo también para los ciudadanos de ese país. En un desliz contradictorio, sin embargo, motivado por un afán de liderar regionalmente el acoso a la Venezuela Bolivariana, Piñera acudió en febrero de 2019 a Cúcuta para invitar a quienes quisieran venir a Chile a hacerlo, con una visa especial de “responsabilidad democrática”, que se tramitaría en el consulado de Chile en Caracas.

Como consecuencia de lo anterior, los flujos migratorios hacia Chile bajaron: en 2019 los ingresos de extranjeros disminuyeron en un 12% con relación a 2018, y más aún en los años siguientes.  El Anuario 2020 del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) “Migración en Chile” consigna los saldos migratorios (entradas menos salidas regulares) entre 2011 y 2020, de personas extranjeras de las cinco nacionalidades más presentes en Chile. Ello permite constatar cómo, inclusive, desde el 2019 se presenta un saldo migratorio negativo (-2.963) en la colectividad haitiana, y en 2020 ocurre lo mismo con la venezolana (-4.200)[2].

Sin embargo, paralelamente, el ingreso de personas por paso no habilitado tuvieron un sustantivo aumento a contar de 2018, cuando se duplicaron respecto del año anterior, llegando a 6.310, para sumar  8.048 en 2019, mientras ya en pandemia, el 2020 ingresaron 16.848, para llegar con la cifra récord de 23.673 sólo entre enero y julio de 2021.

La crisis en la frontera norte a inicios de 2021 y el Plan Colchane

El cierre de fronteras a partir de la aparición de la pandemia en Chile y los países vecinos, a inicios de 2020, creó un nuevo escenario. En él, la precarización de los inmigrantes particularmente venezolanos y haitianos se hizo extrema en Chile, pero aún más en los demás países andinos. Ya no se trata de inmigrar por razones económicas o políticas; quienes se atreven a caminar cientos de kilómetros por rutas agrestes y enfrentando adversas condiciones climáticas, con grave riesgo de sus vidas, lo hacen por sobrevivencia. Desesperados, buscan llegar a Chile, en el que cuentan o esperar hallar una red familiar o social mínima que les permita sobrevivir.

En febrero de este año, el fuerte y constante incremento de ingreso de personas por paso no habilitado generó una primera crisis en Colchane y en otras localidades próximas de la frontera norte. Sin comprender en absoluto la situación que se presentaba, el Gobierno de Sebastián Piñera diseñó un Plan Cochane que es la antítesis misma de una política migratoria ante una crisis humanitaria[3]. El Plan contempló tres elementos: un reforzamiento de la frontera norte, revelando su afán securitario, que habilitó a personal de las Fuerzas Armadas a apoyar el control migratorio por parte de Carabineros. Un segundo elemento, un programa de expulsiones masivas de inmigrantes que contemplaba 15 vuelos a lo largo de este año; que se empezó a aplicar en operaciones mediáticamente cubiertas con las personas migrantes esposadas y con overoles blancos, realizadas en fines de semana, para no dar lugar a que se presentaran recursos de amparo ni de apelación de la medida y con una mezcla de personas que estaban cumpliendo penas aflictivas con personas cuya única falta era el ingreso por paso no habilitado. Es decir, transmitiendo un claro mensaje criminalizador de la inmigración.

Y el tercero, anunció la habilitación de albergues transitorios. En palabras del ministro de Interior, Rodrigo Delgado: “Estamos viendo la posibilidad de tener residencias sanitarias transitorias, que van a estar a las afueras de los centros urbanos, en donde las personas que logren entrar a Chile, tengan que hacer sus cuarentenas y de ahí se van a ejecutar los procesos de expulsión correspondiente”[4].

Lejos de cumplir con esto, y desoyendo a las autoridades locales y regionales, el Gobierno permitió que las personas migrantes acamparan en plazas y playas de Iquique, lo mismo que en otros espacios públicos de Tocopilla, Huara, Colchane, Alto Hospicio y Antofagasta. Las restricciones al desplazamiento producto de la pandemia derivaron en campamentos improvisados, sin las más mínimas condiciones sanitarias ni de higiene. Más de una vez, a lo largo de varios meses, los alcaldes de Colchane e Iquique reclamaron públicamente la construcción de un albergue para refugiar a la población inmigrante que estaba afectando la disponibilidad de los espacios públicos de esas localidades. El Gobierno permaneció sordo a estos llamados y advertencias.

No sólo eso. A pesar de que desde organismos internacionales se condenó la militarización del control migratorio en fronteras y la ilegalidad de las expulsiones masivas de inmigrantes fue establecida por la Corte Suprema, el Gobierno persistió en su discurso criminalizador de la inmigración, desconociendo el impacto que su política migratoria estaba teniendo.Y culpó a los tribunales y a los organismos defensores de los derechos de las personas migrantes del bajo efecto de su afán desincentivador de la inmigración, desconociendo la naturaleza que ésta venía teniendo en este contexto.

La responsabilidad del gobierno en los hechos del 25 de septiembre

Se creó así un escenario de crisis humanitaria de los inmigrantes que habiendo ingresado por paso no habilitado se empezaron a asentar en espacios públicos de las ciudades y localidades del norte, en condiciones lesivas a sus derechos humanos y que al mismo tiempo generaban un creciente malestar en los habitantes de esas ciudades por el uso indebido de los espacios públicos y que perjudican su regular disfrute.

Escenario en el que, por medios de comunicación y redes sociales, actores políticos como el diputado Renzo Trisotti[5], se encargaron de destacar el impacto de la situación en la “seguridad, salubridad y tranquilidad” de la población al tiempo que reclamaban una “rápida reactivación de los procesos de expulsión de migrantes”. Advertían que “la situación ha provocado que en zonas como Iquique “se nos acabe la paciencia”, advirtiendo que con el explosivo aumento de migrantes ilegales “han llegado delitos como el sicariato, los homicidios, el tráfico de drogas y armas, y los robos a través de motochorros”. “En Iquique estamos al borde del colapso. Se está acumulando, peligrosamente, una rabia, una molestia y una impotencia de miles de ciudadanos, que puede terminar -esperamos que no- en lamentables acciones si es que no hay una respuesta efectiva de parte de nuestra justicia frente a la evidente comisión del delito de ingreso clandestino al país”.

Nueve días después el país fue testigo de los inaceptables hechos acaecidos en Iquique, cuando al término de una marcha de repudio a la presencia de inmigrantes, una turba procedió a quemar y destruir los pocos enseres y carpas en que familias inmigrantes permanecían en la ex Plaza Brasil, violentando además verbal y físicamente a estas personas.

Resulta inaudito que el Gobierno excuse su responsabilidad política en estos hechos y -una vez más a destiempo- anuncie nuevamente la habilitación de dos centros de albergue transitorios en Colchane e Iquique, que hasta ahora no cuentan ni siquiera con los terrenos en que se materializarían en el caso del primero. Peor aún, que busque inculpar por el fracaso de su política antiinmigrante a otros actores, como los tribunales, las organizaciones defensoras de los inmigrantes, o a los actores o fuerzas políticas que se atreven a criticar abiertamente la criminalización de la migración, las expulsiones masivas de migrantes y reclaman se reconozca la imperiosa necesidad de actuar con una política que acoja la crisis humanitaria que se está viviendo[6].

Se le hace así el juego a las posturas de una extrema derecha que pretende utilizar esta situación dramática de la población migrante irregular para alentar posiciones “nacionalistas” y de regresión autoritaria con vistas al escenario político de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo.

Albergues, regularización, refugio y cambio de politica migratoria

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos de migrantes y refugiados ante esta coyuntura, no sólo se han movilizado en la denuncia de estos hechos y promoviendo la solidaridad con las familias inmigrantes directamente afectadas, sino que han levantado la voz para exigir, al meno lo siguiente:

  • La inmediata habilitación de albergues con condiciones sanitarias adecuadas.
  • El inicio de un proceso de regularización extraordinaria, sin exclusiones. Reforma del articulo 8 transitorio de la actual Ley de Migraciones.
  • Mesas de trabajo con las autoridades locales de las ciudades y localidades del norte, para abordar multidimensionalmente la crisis.
  • Cambio urgente de la política migratoria, ocupando en lo inmediato los actuales instrumentos (refugio y visas) para avanzar hacia una migración lo más ordenada y regular posible.
  • Coordinar acciones internacionales y de diálogo diplomático con otrospaíses para abordar elfenóeno migratorio a nivelregional.

[1] Véase: https://radio.uchile.cl/2018/04/26/un-desesperado-cierre-de-fronteras/

[2] https://www.migracionenchile.cl/wp-content/uploads/2021/04/Anuario-2020-MEC-280421-version-final_compressed.pdf

[3] https://www.migracionenchile.cl/delgado-impulsa-plan-colchane-y-se-inicia-expulsion-de-los-primeros-100-extranjeros/

[4] https://www.latercera.com/politica/noticia/crisis-migratoria-gobierno-anuncia-plan-colchane-y-campana-en-el-extranjero-con-advertencia-de-expulsion-para-quienes-ingresen-por-pasos-no-habilitados/3DWYVLAFRVA4FDU4PWNGLEFQ6Q/

[5] https://www.diariolongino.cl/diputado-trisotti-por-ingreso-clandestino-de-migrantes-quienes-estan-matando-la-tranquilidad-de-toda-una-region-deben-ser-expulsados-inmediatamente-si-queremos-evitar-consecuencias-peores/

[6] https://www.ex-ante.cl/minuta-interna-del-gobierno-responsabiliza-a-boric-el-fa-y-la-suprema-por-la-crisis-migratoria-lea-aqui-el-texto/

(El Siglo es Soberanía Informativa. Información para el Conocimiento. Es generador de contenidos que contribuyen al análisis, el debate, la profundización temática)

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