Cuando se vive otro episodio de una Parada Militar y la promoción de “glorias militares”, resurgen los datos de operaciones de las Fuerzas Armadas (FFAA), particularmente del Ejército, durante este siglo y el siglo pasado, que dejaron una estela de miles de chilenas y chilenos ejecutados por oficiales y soldados. Es la constatación de que el Ejército las guerras que libró en las últimas décadas fueron contra la población chilena. Eso incluye que el alto mando militar haya ordenado el asesinado de un ex comandante en jefe y haya indultado a los asesinos de otro. El actual jefe del Ejército dijo que se reconstruiría el papel de esta institución castrense en los últimos 50 años, tarea que al parecer no se realizará.
Equipo “El Siglo”. Concepción. 17/09/2021. El Ejército de Chile, sus oficiales y soldados, están vinculados a una seguidilla de sucesos durante este siglo y el siglo pasado, que dejaron una estela de miles de chilenas y chilenos ejecutados, principalmente trabajadores.
Los datos históricos objetivos vinculan a los uniformados a matanzas y asesinatos, e indultos y amnistías para dejar en la impunidad a los criminales. Es la constatación de que el Ejército las guerras que libró en las últimas décadas fueron contra la población chilena.
Lo más recurrente en la retina del país, es el papel protagónico del Ejército en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 (que solo ese día causó la muerte de tres centenares de compatriotas), y en la represión, violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que derivaron en más de 3 mil ejecutados y detenidos desaparecidos. Centenares de oficiales, suboficiales y soldados cometieron esos atroces delitos.
Sin embargo, la cifra de ejecutados por el Ejército durante el siglo XX y el siglo XXI, alcanza más de 5 mil ciudadanas y ciudadanos, de acuerdo a datos formales. El trágico relato histórico da cuenta de la matanza en la Escuela Santa María de Iquique, de Curanilahue, en las salitreras del norte del país, la masacre de Ranquil, la represión a portuarios en Valparaíso, entre otros episodios.
Entre las víctimas se cuentan decenas de niñas y niños y varios cientos de mujeres. Prácticamente la totalidad de esos hechos se produjeron frente a personas indefensas, desarmadas, ante las cuales las tropas militares dispararon, o secuestraron y ejecutaron después de horrendas torturas.
El alto mando del Ejército fue el que ordenó y entregó los recursos y apoyos para el asesinato del ex comandante en jefe de la institución, general Carlos Prats, quien murió junto a su esposa Sofía Cuthbert, en una calle de Buenos Aires, Argentina, producto de una bomba de alto poder colocada en su automóvil. Los integrantes del cuerpo de generales del Ejército protegieron el asesinato y pretendieron dejar en la impunidad a los autores, entre los que se encontraban oficiales y subalternos de esa rama de las Fuerzas Armadas.
Luego, consumada la asonada golpista de 1973, el alto mando del Ejército y de las FFAA, procedieron a dejar en libertad a los autores del asesinato del también ex comandante el jefe de la entidad castrense, general René Schneider. Entre los organizadores y autores del crimen estuvieron generales, capitanes y tenientes del Ejército, y militantes del ultraderechista y paramilitar grupo Patria y Libertad.
La dictadura cívico-militar emitió una amnistía destinada a liberar de procesos judiciales y condenas a miembros de las Fuerzas Armadas responsables de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Durante unos 20 años, desde el Ejército hubo acciones de indulto, protección y ocultamiento para autores de crímenes.
Fue el Ejército el que creó, primero, la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y después la Central Nacional de Informaciones (Cni), destinados ambos organismos a operar como policía secreta para secuestrar, torturar y ejecutar a ciudadanas y ciudadanos chilenos, principalmente militantes de partidos de izquierda y personas comprometidas con actividades en contra de la dictadura. En definitiva, generales y otros oficiales del Ejército de Chile, fueron quienes crearon los aparatos represivos más criminales, horrendos y temibles que haya conocido la población del país en el siglo pasado y presente.
Antiguos oficiales, suboficiales y subalternos del Ejercito, tienen el deplorable record de ser quienes recibieron (en algunos casos cumplen) las más altas condenadas decretadas por el Poder Judicial durante las últimas décadas, algunos superando los cien años de cárcel. Ningún criminal civil en el país ha tenido ese tipo de condena. Es otro antecedente de la magnitud de la crueldad con que operaron muchos mandos de los uniformados.
Cuando se vive otro episodio de una Parada Militar y la promoción de “glorias militares”, resurgen los datos de estas y otras operaciones del Ejército y las FFAA, en un historial de crímenes y delitos, que incluyen fraude al Fisco, malversación de fondos públicos, cohecho, irregularidades financieras, enriquecimiento ilícito, gasto ilegal de fondos reservados, en que aparecen comprometidos casi todos los ex comandantes en jefe del Ejército de los últimos 40 años.
El actual jefe del cuerpo castrense dijo que se reconstruiría el papel de esta institución en los últimos 50 años, tarea que al parecer no se realizará. Se había generado un expectativa por constatar si ahora el alto mando asumiría los sucesos objetivos en que sus oficiales, suboficiales y soldados aparecían vinculados a operaciones contra civiles, con una lista trágica de asesinados, desaparecidos y torturados. Pero el contexto de la revuelta social y de la pandemia del Covid-19 ayudó a que ese cometido, si era real, se suspendiera o se cerrara para siempre.
Sin embargo, hay literatura, textos de historia, documentación, reportajes periodísticos, testimonios, que se manera extendida y precisa dan cuenta de la participación del Ejército en sucesos represivos y criminales contra chilenas y chilenos y en hechos de matanzas y persecución de trabajadores, luchadores sociales, pobladores, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y niñas y niños.
