Ante la insistencia de la Fiscal de Valparaíso, el mandatario tuvo que entregar declaración frente al Ministerio Público y comenzar su defensa por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y violencia del Estado contra ciudadanos. Insistió en responsabilizar de la parte operativa a Carabineros y FFAA, volvió a hablar de venezolanos y cubanos que habrían cometido hechos de violencia, e insistió en que su Gobierno resguardó los derechos humanos.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 28/07/2021. Finalmente, el Presidente Sebastián Piñera tuvo que declarar ante el Ministerio Público en calidad de querellado por violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el marco de la revuelta social y ciudadana producida en Chile a partir del 18 de octubre de 2019.
Esto puso al mandatario en la lista de acusados en casos de violencia del Estado chileno en contra de manifestantes y se sumó a los casos de los presidentes de Colombia y Brasil que también encaran acusaciones por crímenes de lesa humanidad. Además, Piñera con seguridad será citado en el proceso judicial internacional que se abrirá ante la Corte Penal Internacional.
Hace unos días, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que cite a declarar “cuantas veces sea necesario, al Presidente de la República en actual ejercicio, don Sebastián Piñera Echenique”, y la propia Fiscal declaró que eso es necesario porque “no es posible sostener que haya un escenario de claridad absoluta en torno a la existencia del delito o la falta de participación”.
Finalmente, este 19 de julio el mandatario declaró por escrito ante el Ministerio Público, en un documento de once páginas, al cual tuvo acceso el diario La Tercera, y donde Piñera insistió en justificar las acciones represivas, donde la policía y los militares tuvieron ventajas legales al declarar el jefe del Ejecutivo el Estado de Emergencia. “Mi decisión obedece al estado de grave alteración del orden público, a la violencia desatada y al hecho de que las Fuerzas de Orden y Seguridad estaban siendo superadas por la ola de violencia y el orden público y el orden público no estaba siendo debidamente resguardado”, sostuvo.
“Estamos en guerra”
En esa línea, desde la Fiscalía se interrogó a Sebastián Piñera sobre su advertencia de que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, y que había sido el marco de las acciones represivas que terminaron con más de dos mil querellas por violaciones a los derechos humanos (DDHH) y crímenes de lesa humanidad.
Tuvo que aclarar que “nunca se acordó expresar esa frase en ningún comité comunicacional o político del gobierno”. Y se auto justificó diciendo que “es una frase retórica, no literal, que ocupo con mucha frecuencia”. Indico que el “estamos en guerra” lo usa contra el Covid-19, el narcotráfico y la pobreza. Además, quiso precisar que el estar en guerra no lo usó en relación a los manifestantes.
Piñera indicó que de acuerdo a informaciones de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) u otra instancia del Estado, nunca hubo información o advertencia que indicara los acontecimientos y su desenlace a partir del 18 de octubre.
En su comparecencia, aunque por escrito, ante el Ministerio Público, el mandatario se refirió a esa tesis o información que usó su Gobierno para hablar de agentes cubanos y venezolanos que habría entrado al país a provocar los desórdenes y que serían ellos los principales responsables de los episodios de violencia, algo, por cierto, desmentido y desechado una vez conocidas las características de la revuelta social nacional.
Dijo que el ministro de Defensa, Alberto Espina, le reportó que “había antecedentes” que daban cuenta que “habían ingresado al país ciudadanos extranjeros, principalmente venezolanos y cubanos, que podrían haber participado en hechos de violencia”. Esos informes habrían llegado por unidades de Inteligencia del Ejército. Como se sabía, el mandatario confirmó que esos datos se entregaron a Fiscalía.
Se deslindó de las acciones represivas de Carabineros y FFAA
Sobre las operaciones represivas de Carabineros y las Fuerzas Armadas, ejecutadas en casi todo el territorio nacional, con un saldo de varios muertos, 400 amputados oculares, unos 3 mil heridos, más de dos mil querellas, cientos casos de abusos sexuales y maltratos, una decena de heridos graves por golpizas, el Presidente Piñera se deslindó de toda responsabilidad y se la achacó a Carabineros y a las Fuerzas Armadas.
“Teníamos muy claro que la subordinación de las Fuerzas de Orden Público y Seguridad (FOS), no incluía la parte operativa”, apuntó el mandatario, estableciendo que él y sus funcionarios no tuvieron nada que ver en las operaciones realizadas por uniformados, estableciendo una limitación, según su tesis, de la subordinación de las policías y los militares al Poder Ejecutivo.
Según Piñera, “la forma en que se desplegaban las FOS eran decisiones operativas que correspondían a las policías y no al gobierno”.
Sólo planteó que ante denuncias y situaciones conocidas, se pidió a Carabineros que realizara sumarios internos para determinar y sancionar acciones de parte de funcionarios policiales.
Eludir la responsabilidad
Sebastián Piñera en la declaración entregada a la justicia, y dada a conocer por La Tercera, dedicó algunos párrafos a evitar cualquier posible acusación en su contra y eludir la responsabilidad política ante las denuncias de juristas e instituciones de derechos humanos de una acción extendida y sistematizada de parte de su Gobierno en cuanto a violaciones a los DDHH.
Dijo que “siempre buscamos que las fuerzas de orden y seguridad resguardaran el orden público lo antes posible para restablecer la normalidad constitucional con pleno respeto por el Estado de derecho y los DDHH”.
Según él, “desde el mismo 18 de octubre empezamos a tomar distintas medidas de prevención para resguardar los derechos humanos, como tomar contacto con organismos de DDHH e invitarlos a Chile a observar e informar la situación y recomendar medidas para proteger mejor los DDHH”.
Sobre su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, Piñera adujo que “por razones de formación familiar y de valores, el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido una constante en mi vida”.
El jefe del Ejecutivo insistió en que durante el estallido social su preocupación fue restablecer el orden público y el respeto a los derechos humanos.
