El Departamento del Tesoro y la Casa Blanca estarían en condiciones de reclamar por acciones represivas contra manifestantes y ciudadanos chilenos ocurridas desde octubre de 2019, como lo hizo contra autoridades cubanas por sucesos del 11 de julio. Mucho más, considerando las cifras de víctimas de violencia estatal ocurridas en Chile, que no tienen comparación con lo sucedido en la isla. Precisamente, ante el proceso judicial que lleva la Fiscal de Valparaíso, el ex subsecretario Rodrigo Ubilla y el delegado presidencial, Felipe Guevara, optaron por responsabilizar a Carabineros de los operativos represivos ocurridos durante la revuelta social, deslindándose de cualquier responsabilidad, que es el camino seguido por Sebastián Piñera, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel. Un caso que demostraría otra vez, que EU toma decisiones judiciales con sesgo ideológico y de doble estándar.
Gonzalo Magueda. Periodista. Santiago. 28/07/2021. Hay un precedente inmediato que indica que el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca podrían sancionar a Ministros, Subsecretarios y a Carabineros de Chile, por acciones represivas contra manifestantes y ciudadanos chilenos durante las semanas de las movilizaciones sociales y ciudadanas ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019.
Esto, porque hace unos días, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dispuso sanciones contra el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), Álvaro López-Miera, y en contra de la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior, por actuaciones frente a manifestantes que salieron a las calles en algunas ciudades de Cuba el pasado 11 de julio.
A López-Miera lo acusaron de jugar “un papel integral en la represión de las protestas en curso” y a la Brigada de “reprimir y atacar a los manifestantes”. Según Janet Yellen, Secretaria del Tesoro, en esas protestas se reclamaba por “los derechos fundamentales y universales que merecen de su Gobierno”.
Ser sancionado por la OFAC implica el congelamiento de propiedades y cuentas bancarias en Estados Unidos y restringe el acceso del sancionado al sistema financiero mundial. Además, con una sanción de ese tipo, se verifica la postura del Gobierno de Estados Unidos de rechazo a actos represivos ordenados por autoridades locales y ejecutados por cuerpos policiales.
Esto indica que esas instancias podrían aplicar exactamente la misma sanción, por ejemplo, al ex ministro de Defensa, Alberto Espina, a los ex ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, al ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al actual delegado presidencial Felipe Guevara y a las Fuerzas Especiales de Carabineros, por cumplir “un papel integral en la represión de las protestas en curso” y por “reprimir y atacar a los manifestantes”.
Los hechos no explicarían que el Gobierno de Joe Biden no aplicara sanciones a funcionarios y cuerpos policiales que en Chile provocaron miles de víctimas, en sucesos documentados y comprobados por organismos como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre varios otros.
Más si se considera que la protesta en Cuba duró un día, se registró en unas cinco ciudades, con saldo de un muerto, lesionados por golpes y decenas de detenidos que en su inmensa mayoría ya fueron procesados o dejados en libertad. Las imágenes distribuidas inclusive por personas opositoras a la Revolución Cubana, muestran a integrantes de la Brigada Especial disuadiendo a manifestantes sin ocupar carros lanza gases o lanza agua, sin utilizar escopetas de balines ni menos armas, sin lanzar bombas lacrimógenas o de otro tipo, y cuando más reduciendo a algunos ciudadanos sin recurrir a golpizas. En el caso de Cuba no hay denuncias de abuso sexual ni torturas. No hay mutilados en los ojos, heridos o muertos por disparos de fuerzas policiales. En el caso de la isla no actuaron las Fuerzas Armadas, sino unidades del Ministerio del Interior.
En el caso de Chile, las protestas duraron a lo menos tres meses, con una treintena de muertos, 400 víctimas de daño ocular (por acción de Carabineros) que incluyó una trabajadora y un estudiante ciegos de por vida, casi tres mil querellas por violaciones a los derechos humanos, unos dos mil heridos, cientos de casos de abusos sexuales y torturas, lesionados graves y muertos por golpizas de carabineros, centenares de detenidos muchos de los cuales llevan más de dos años sin ser procesados ni dejados en libertad, y con el dato de que las manifestaciones ocurrieron en las 16 regiones del país, totalizando protestas en unas 60 ciudades y localidades de todo el país. En Chile, salieron a reprimir Carabineros, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía de Investigaciones.
Es así que no existiría impedimento para que el Departamento del Tesoro aplicara sanciones a quienes fueron responsables jugando “un papel integral” de las acciones ejecutadas por elementos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y en el caso de las Fuerzas Especiales de Carabineros, por “reprimir y atacar a los manifestantes”. En eso tiene un papel decisivo la diplomacia estadounidense y el criterio que debería aplicar la Casa Blanca.
Si el Gobierno de Estados Unidos no aplica esas medidas, dadas las circunstancias ocurridas en Chile, significaría que sus criterios y sanciones respecto a vulneración de derechos de manifestantes, actos represivos y el papel de funcionarios de Gobierno, tienen un sesgo ideológico y unilateral, de doble estándar.
Proceso judicial contra el Presidente y altas autoridades
Hay que considerar que en el caso de Chile, incluso el Presidente Sebastián Piñera está sometido a un proceso judicial por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos (DDHH) y crímenes de lesa humanidad, y enfrenta un proceso en la Corte Penal Internacional que entrará en desarrollo.
En el contexto de las indagaciones por los miles de casos de violaciones a los DDHH en Chile y la muerte de más de 30 personas, varias de ellas víctimas de disparos o golpizas de soldados y carabineros, la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, está siguiendo un proceso por delitos de lesa humanidad, en que figuran como querellados el Presidente Piñera, el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el ex intendente y actual delegado presidencial de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, los ex titulkares de Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, al ex general director Carabineros Mario Rozas y el actual jefe de la policía uniformada, Ricardo Yáñez.
Si se tienen en cuenta las acusaciones e incluso miradas que hay en el Gobierno de Estados Unidos, se explican las declaraciones de estos funcionarios del Gobierno de Piñera que centran su defensa en responsabilizar a Carabineros y ellos excluirse de cualquier responsabilidad en los hechos represivos. En las recientes declaraciones ante la Fiscal Claudia Perivancich, Ubilla y Guevara dijeron que no dieron instrucciones operativas a los policías, y que era Carabineros la responsable de operativos y estrategias para reprimir a las y los manifestantes.
Rodrigo Ubilla declaró que “el gobierno no impartió ninguna instrucción general, en orden a intervenir o no en manifestaciones espontáneas que no hubieran cumplido la comunicación previa que exige el decreto supremo, pues no corresponde hacerlo, porque Carabineros cuenta con una normativa que determina cómo actuar”. Negó que él analizar “temas operativos” con mandos de Carabineros. Y de paso defensió a Chadwick y Blumel diciendo que “tampoco observé en los ministros de Interior con los que trabajé una intervención en ese sentido”.
Felipe Guevara sostuvo que “Carabineros actuaba en el control de esta convocatoria de acuerdo a sus facultades. De mi parte no existió ninguna indicación o sugerencia a Carabineros para actuar de una determinada manera. Tampoco recibí ninguna llamada de Carabineros frente a una marcha convocada de esta forma (a través de redes sociales), consultando mi parecer sobre permitirla o interrumpirla”.
En esa línea se manifestó Sebastián Piñera en su declaración por escrito ante la Fiscal de Valparaíso (Ver nota adjunta en www.elsiglo.cl).
