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Asola la pobreza. Convención: señales al inicio. Presos de la revuelta.

Equipo «El Siglo». Santiago. 09/07/2021. Asola la pobreza

No tuvo una cobertura relevada ni provocó énfasis en las vocerías políticas el reporte de la Casen 2021 que estableció que la pobreza formal llegó a los dos dígitos (más del 10%), con más de 2 millones de chilenas y chilenos en esa situación.

Y si se tienen en cuenta otros estudios de centros académicos, fundaciones y de economistas, la pobreza multidimensional está en un 20%.

En definitiva, en Chile hay algo menos de 4 millones de pobres y dadas la situación de pandemia, el reciente dato de pérdida de otros 200 mil empleos, la baja o pérdida de ingresos en millones de hogares y las falencias de la estructura laboral y social, es previsible que la pobreza aumente en el país.

Es quizá el indicador más elocuente del drama económico y social que viven millones de personas. Sin embargo, como se vio en la semana que termina, el tema no es prioritario en las agendas comunicacionales y políticas.

Convención: señales al inicio

Los primeros días de la Convención Constitucional dieron luces de sus características y de cómo viene la mano.

La elección de la presidenta y del vicepresidente y la votación aprobando la resolución que pidió acelerar el indulto a presas y presos de la revuelta social, dieron cuenta de la correlación de fuerzas al interior del organismo y de las voluntades mayoritarias. Los sectores transformadores, populares y de izquierda tienen mayoría en la Convención.

La derecha, en todo, fue una indesmentible minoría. Contando con la opción de acuerdos mínimos con algunos independientes. Eso marcará el desarrollo convencional y las discusiones y votaciones de contenidos de la nueva Constitución.

Pero pueden haber sorpresas, porque sectores socialdemócratas, el representante de la Democracia Cristiana y liberales podrían llegar a acuerdos con la derecha y modificar el arco mayoritario. En lo que podría evidenciar, de nueva cuenta, el candado de los 2/3 para aprobar materias.

El Gobierno expuso lo peor de su mirada y falta de disposición frente al proceso constitucional. El principal responsable político fue Sebastián Piñera. Se le dijo hasta el cansancio a La Moneda que sus funcionarios a cargo de los temas de la Convención estaban cometiendo errores, deficiencias y torpezas.

Al final, la pésima gestión y, para muchos, una intencionalidad política, boicoteo la primera sesión de las y los 155 convencionales. Tuvieron que despedir al secretario ejecutivo designado por el Gobierno y hay una acusación constitucional en curso en contra del titular del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Presos de la revuelta

Durante esta semana quedó instalada con mucha fuerza la situación de las presas y los presos políticos de la revuelta social del 2019 e inicios de 2020, en la línea de avanzar hacia un indulto que les permita salir de la cárcel, sobre todo considerando a quienes ni siquiera están procesados y menos condenados, y el abusivo trato de parte del Poder Judicial, y el criterio ideológico y político que se denuncia de parte del Gobierno.

El asunto está tan enrarecido desde las autoridades, que ni siquiera se tiene la cifra oficial formal de las y los detenidos, hay muchas irregularidades desde la detención hasta el procesamiento de los imputados, y ya se sabe de casos que tienen comprobada su cero participación en actividades de protesta, al punto que algunos salieron en libertad sin cargos, pero pasaron muchos meses en prisión.

Son al menos un par de miles de jóvenes que llevan más de un año en cárceles, en condiciones precarias, con riesgo de contagio del Covid-19, hostigados, y que no reciben el debido proceso requerido. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, juristas, legisladores y expertos, han entregado denuncias documentadas la situación irregular que viven las y los presos de la revuelta, sobre todo en cuanto a no ser procesados.

Con la petición de la Convención Constitucional de que se encare el tema del indulto, se espera que en el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados haya resoluciones que apunten a solucionar este problema en una perspectiva de garantizar los derechos humanos, sobre todo en cuanto a contar con una legislación de indulto.

Con la declaraciones en estos días de varios ministros, que dijeron que “en Chile no hay presos políticos” e insistieron en criminalizar a las y los manifestantes, se ve oscuro el panorama respecto a lo que haga el Gobierno.

Está al pendiente el camino que tome el Poder Judicial, en sus distintos ámbitos, para responder al requerimiento ciudadano y legal de garantizar el debido proceso, liberar a los jóvenes y, en definitiva, asumir lo que sería un indulto.

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