El escandaloso caso de un “chanterío” total

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En lo interno y hacia el exterior, el país vivió un episodio bochornoso al no poder iniciar sus trabajos la Convención Constitucional “por problemas técnicos”. El nuevo escándalo de Sebastián Piñera. El funcionario con sueldo de 7 millones de pesos que hizo todo mal, y el dudoso comportamiento de una empresa privada que cobró 450 millones y que ahora está con un requerimiento por posibles irregularidades. El escándalo que marca al Ministerio Secretaría General de la Presidencia donde se habla de renuncias y hasta una acusación constitucional. La definición “chanta”, sintetiza todo lo ocurrido en la abortada primera sesión del organismo que debe redactar la nueva Constitución.

Joaquín González. Patricia Ryan. Periodistas. “El Siglo”. Santiago. 07/07/2021. Es un episodio bochornoso que marcó a nivel nacional e internacional el rostro del país. No ocurrió con la instalación de ninguna Asamblea Constituyente efectuada en países latinoamericanos y africanos. Pero sí en Chile. Por “errores técnicos”, posibles irregularidades de una empresa privada, mal desempeño de funcionarios de La Moneda a cargo del asunto, y la desprolijidad y desatención del Gobierno de Sebastián Piñera, no se pudo realizar, como estaba previsto hace meses, la primera sesión de trabajo de la Convención Constitucional integrada por 155 personas elegidas democráticamente.

En los registros de la historia sobre la Convención y su labor de redactar la nueva Constitución, este escandaloso episodio quedará registrado, dando cuenta de la irresponsabilidad e inoperancia del Gobierno. Usando términos populares, un acto “chanta”, es decir, mediocre.

El término “chanta”, usado en Chile y venido desde Argentina, es preciso: es cuando existe “poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación, especialmente trabajar” y cuando alguien “presume de tener algo, especialmente una capacidad, un conocimiento o un poder, que en realidad no posee”. Eso es lo que ocurrió con Piñera, sus funcionarios y su Gobierno en relación al inicio de los trabajos de la Convención. No trabajaron, no lo hicieron bien, y no tenían la capacidad y el conocimiento para hacer esta tarea. El “chanterío” total.

Cuando el lunes 5 de julio las y los convencionales llegaron a las instalaciones del Congreso Nacional en Santiago para empezar a trabajar, se encontraron con que no funcionaban los micrófonos, el Internet, las pantallas, el streaming, había oficinas y módulos sin computadores, sin luz, sin teléfono, y no se cumplían las medidas sanitarias a adoptar frente al Covid-19. Era materialmente imposible trabajar.

Es así que en horas de la mañana de ese día, Elisa Loncon y Jaime Bassa, presidenta y vicepresidente de la Convención Constitucional (CC) respectivamente, anunciaron que no se comenzarían las labores ante las malas condiciones de infraestructura, sanitarias y electrónicas. Entonces, lo que sí se instaló fue el escándalo. La noticia se hizo carne en la opinión pública chilena y recorrió la prensa internacional.

La situación llevó, entre otras cosas, a que se barajara la posibilidad de que se sesionara en instalaciones de la Universidad de Chile, tema tratado en un encuentro de Loncon y Bassa con el Rector de esa casa de estudio, Ennio Vivaldi. También algunos convencionales plantearon trabajar en sedes de organizaciones sociales y territoriales, desde espacios populares.

En la línea del “chanterío”, la mayoría de los convencionales de la derecha culparon a la presidenta y el vicepresidente de la CC de lo ocurrido, cuando la ley y la normativa sobre esa instancia, señala explícitamente que es el gobierno, a través del  Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) el responsable de proveer y garantizar las condiciones técnicas para el funcionamiento de la Convención y las labores de las y los convencionales.

Si bien hubo palabras de funcionarios de Gobierno de reconocimiento sobre las fallas, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, sostuvo que todo se trató solamente de “errores técnicos”, bajando el perfil a la situación creada.

Enfatizó que “hubo errores técnicos que impidieron el normal funcionamiento de la Convención. Tuvimos un error técnico con los puntos de acceso respecto de la provisión de Internet, que estamos solucionando, y nosotros no vamos a descansar como Gobierno hasta generar todas las condiciones para que esto funcione de la mejor manera posible”.

Un dato no menor es que se supo que desde la Asociación de Funcionarios de la Segpres y desde la Agrupación Nacional de Funcionarios Públicos (Anef), se había expresado hace alrededor de un mes que no había capacidad, ni colaboración interministerial, ni planificación para tomar las medidas necesarias en torno del funcionamiento de las dependencias del Congreso en Santiago.

Específicamente sobre las condiciones anti Covid-19, en un comunicado de la organización de funcionarios de la Segpres se señaló en su momento: “Manifestamos nuestra preocupación, por cuanto, a las medidas tomadas, de acuerdo a las normas sanitarias (Protocolo Covid-19), respecto a los aforos, distanciamiento social, elementos de protección personal (EPP), señaléticas, procedimiento de accidentes (aprobado por resolución exenta), conformación y funcionamiento del comité paritario de higiene y seguridad, plan de emergencia (aprobado por resolución exenta), entre otros”.

Además, desde las organizaciones de los funcionarios públicos se expresó que “respecto a los criterios, para la conformación de las comisiones evaluadoras, se observa que en la mayoría de las licitaciones no se integra a personas expertas en los servicios o bienes a contratar”.

Un cuadro negativo y de ineficiencia con un alto compromiso político e institucional que, como sea, ensombreció el inicio del proceso constitucional en Chile.

Ossa y Encina: todo mal

De acuerdo a versiones extraoficiales, se dispuso de un presupuesto cercano al millón de dólares para generar la base técnica y operativa de la CC, pero no se cumplió con lo mínimo en el despegue.

Frente a todo esto la responsabilidad política recayó en el Presidente Piñera, quien es el jefe de Juan José Ossa, titular de la Segpres, del subsecretario de la cartera, Máximo Pavez y el secretario ejecutivo de la Secretaría Administrativa de la CC, Francisco Encina, quien depende de los altos funcionarios de La Moneda. Esto llevó a que algunos volvieran a hablar de la renuncia de Piñera y plantearan que Ossa y Encina debían dejar sus puestos. Es más, desde el Partido Comunista se indicó que debería haber una acusación constitucional en contra del Ministro de la Segpres.

La renuncia de Encina se viene pidiendo hace semanas. La verdad es que los hechos demuestran que hizo todo mal, y no se ajustó al rol de facilitador, colaborador y de eficacia que debía tener la Secretaría Administrativa. Se enfrentó a las y los convencionales de pueblos originarios, se negó a cumplir peticiones de los miembros de la instancia constitucional, incumplió acuerdos, realizó apariciones mediáticas y por redes sociales polémicas, fue acusado de actuar con soberbia desde su cargo. Efectuó licitaciones que ahora se quieren revisar y visó que un ex carabinero y escolta del dictador Augusto Pinochet estuviera a cargo de la seguridad de la Convención. Además, recibiendo un sueldo de más de siete millones de pesos, algo muy criticado en muchos ámbitos. Todo mal.

Finalmente, Ossa y Encina eran o son los funcionarios que Sebastián Piñera eligió para que se hicieran cargo de que la CC pudiera funcionar adecuadamente y se cumpliera con lo que establece la ley. El mandatario es el responsable político de todo lo ocurrido y el responsable de poner en sus funciones a los dos funcionarios de La Moneda muy cuestionados a estas alturas.

Francisco Encina había puesto su cargo a disposición, pero en las sombras que se suelen colocar en este Gobierno, no se sabía si había formalizado una renuncia por escrito. En todo caso, medios de prensa indicaban que sería echado del cargo y que incluso Piñera estaría muy molesto por su mal desempeño. Se difundió que entre miembros conservadores de la CC y parlamentarios de la derecha, había descontento por la mala gestión de Encina, quien, por cierto, lleva un par de años en la Segpres como persona de confianza del Ministro.

Al cierre de esta se supo que Encina fue despedido o se le aceptó la renuncia, evidenciando que fue un mal funcionario e hizo mal el trabajo. El gobierno designó en su reemplazo a Catalina Parot como secretaria ejecutiva de la Secretaría Administrativa de la Convención, en medio de cuestionamientos porque ella fue candidata del oficialismo a la gobernación de la Región Metropolitana, salió cuarta, y quedó con una deuda millonaria que pidió a los partidos de derecha compartir; con el sueldo de ahora podrá cubrir parte de esa deuda.

En tanto, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, señaló ante la prensa que “para nosotros está claro, es el Presidente de la República el que tiene que garantizar el adecuado funcionamiento. Y si hoy día a quien el Presidente le ha encomendado esta tarea no está funcionando, corresponde al Presidente tomar las medidas que se estimen necesarias”.

El nuevo escándalo de Piñera

Isabel Godoy, convencional de pueblos originarios, dijo en Twitter: “Finalmente no tendremos sesión hoy gracias a la acción del Gobierno de @sebastianpinera. No aceptaremos el boicot que nos está haciendo. Somos la expresión soberana de un país. Acá no tenemos más opción que pedir la renuncia del Presidente”.

Entre muchas y muchos convencionales, parlamentarios de la oposición, partidos políticos y organizaciones sociales, se manejó la posibilidad de que, en efecto, todo lo ocurrido con la fallida instalación de la Convención fue por un acto premeditado de boicot, destinado cuando menos a entorpecer la labor de la entidad y a no otorgar las mínimas condiciones.

Se recordó, por ejemplo, que cuando Pinochet tuvo que dejar La Moneda, sus funcionarios, todos de derecha, dejaron las instalaciones sin computadores, sin ampolletas, sin papelería, había oficinas sin luz y sin agua, faltaban sillas y mesas. Ahora con un Gobierno de derecha se repiten esas formas “chantas”.

El escritor y convencional Jorge Baradit, dijo en el portal informativo El Mostrador, que “el gran problema acá es que tenemos un Presidente y un Gobierno que este proceso no le interesa, no le conviene, no le cree y se declaró su enemigo”.

En un Twitter de las y los convencionales comunistas se indicó que todo esto “no es un problema técnico…Es un problema político, que busca obstruir de modo sistemático el trabajo de la Convención Constitucional”.

Patricia Politzer, periodista y convencional, expresó en una entrevista en CNN-Chile, que “esto no tiene explicación posible, uno no quisiera especular sobre las razones, pero es muy difícil no pensar que aquí a alguien, o el Gobierno en su conjunto, simplemente no le interesa que esto funcione bien”.

“El responsable del bochorno, de la vergüenza nacional que implicó que no pudiera funcionar la Convención Constitucional, la tiene el Presidente Sebastián Piñera”, indicó el legislador del Partido Socialista, Marcos Ilabaca.

Claro que el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, salió a refutar que “descartamos absolutamente cualquier tesis que se aleje de lo obvio, que es que el Gobierno es el mayor interesado en que la Convención salga bien”.

Como sea, este es un nuevo escándalo del mandatario que seguramente le traerá costos políticos, pero también en perspectiva, ya que en el relato histórico quedará registrado la mediocre gestión de su administración ante la instalación de la CC.

El hijo de una destacada UDI y la empresa de los 450 millones

Otra sombra que nubló todo este suceso fue el papel de la empresa Street Machine Corp S.A., a la cual se le pagaron 450 millones de pesos por hacer una labor de proveedor y asistencia técnica para el funcionamiento de la Convención. Esta compañía fue contratada vía trato directo por funcionarios de La Moneda. Resulta que es propiedad de Paul Morrinson Cristi, hijo de la dirigenta y ex diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María Angélica Cristi, quien también fue alcaldesa designada por Augusto Pinochet en la comuna de Peñalolén.

Por esta situación, la bancada parlamentaria de la Democracia Cristiana anunció un requerimiento ante la Contraloría General de la República por “eventuales irregularidades»” de parte de la empresa Street Machine Corp S.A.

Ahora, directivos de esa compañía desmintieron que ellos fuesen responsables de las partes que fallaron en la instalación de la Convención y se reportó que hubo otras empresas comprometidas en todo aquello, como Tecsistem, Alfacom, Netdatabio y Mediastream. No se descartaba entre las y los convencionales investigar las labores de esas empresas y los costos asociados.

El convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, insistió en que las empresas operaron mal y en la responsabilidad de la administración piñerista. “El Gobierno declaró ante todo Chile que existía toda la infraestructura que iba a garantizar un buen funcionamiento. Mostraron fotografías con sistema telemático, y lo que nos encontramos es que no funcionaban. Generó un bochorno al inicio de la Constituyente”, apuntó.

Ahora está en entredicho e investigación la empresa del hijo de la personera de la UDI, sobre todo porque se generó la idea de que Street Machine Corp S.A. obtuvo el contrato gracias a esa conexión personal y política.

Al final, otro elemento que se suma a este escandaloso y bochornoso episodio que volvió a colocar al Gobierno y a Piñera en una situación negativa y de cuestionamiento, y que mostró los más “chanta” de funcionarios de la derecha y sus formas de gestión. Un punto gris en lo que será el desarrollo y la historia de la Convención Constitucional encargada de redactar la nueva Constitución.

 

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