Ir hacia “desconstitucionalizar el modelo político y social neoliberal”

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En entrevista, Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ante la discusión que viene en la Convención Constitucional dijo que “no sería útil una nueva Constitución ideológica, sino crear una democrática, donde se afirme la soberanía efectiva del pueblo”. Apuntó que dado los temas de una nueva Carta Magna, habrá que “tejer estrategias de convencimiento sobre grandes ejes de discusión”. El teólogo y analista indicó que existe una fuerza social “que asegura que este proceso podrá generar una ruptura histórica”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 02/07/2021. “El resultado de la elección de constituyentes impide a cualquier bancada poder vetar a priori el desarrollo de los contenidos que otras agrupaciones o sectores propongan. Ello obliga a tejer estrategias de convencimiento sobre grandes ejes de discusión”. Así lo consideró el teólogo Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) en entrevista con ElSiglo.cl, frente a lo que serán los trabajos de la Convención Constitucional, a partir de este 4 de julio, para redactar la nueva Carta Magna del país.

Puso como un eje principal “desconstitucionalizar el modelo político y social neoliberal” y planteó que “no sería útil una nueva Constitución ideológica, sino crear una democrática, donde se afirme la soberanía efectiva del pueblo”.

Finalmente no hubo Asamblea Constituyente. ¿Te da seguridad esta Convención Constitucional, con su conformación e integrantes (paritaria, escaños reservados, independientes) para avanzar realmente hacia una nueva Constitución?

El domingo se va a producir la instalación de las deliberaciones de la Convención Constituyente. No es fruto de una concesión o una dádiva del Gobierno, ni del Congreso. Es una conquista popular, lograda por una lucha que ha pasado por varias etapas, desde el mismo 11 de marzo de 1981, cuando la actual Constitución entró en vigencia, luego del plebiscito fraudulento de 1980. Estas etapas incluyen la resistencia que dio el pueblo en la calle hasta 1990. Luego, en los años noventa, una fase de impugnación teórica y política del consenso de élites que legitimó y profundizó el modelo neoliberal. Después, una etapa activa de movilizaciones que acumuló la fuerza para impedir la reproducción de ese acuerdo elitario. Es el momento de las manifestaciones estudiantiles, tanto de secundarios como universitarios, pero también de trabajadores mineros, de subcontratistas, de los territorios contaminados y abandonados, de los pueblos indígenas, de las mujeres organizadas. Todo este acervo se conjugó en la fuerza espontánea y destituyente del 18 de octubre de 2019, que finalmente hizo inviable la continuidad del actual modelo constitucional. Esta fuerza social es la que asegura que este proceso podrá generar una ruptura histórica, y tendrá la capacidad para resistir la inevitable embestida de los poderes instituidos, que no van a dudar en atacar la Convención e intentarán todos los medios imaginables para boicotear su trabajo.

¿Cómo estás viendo los puntos de discusión respecto al Reglamento? Lo de los 2/3 sigue gravitando.

El resultado de la elección de constituyentes impide a cualquier bancada poder vetar a priori el desarrollo de los contenidos que otras agrupaciones o sectores propongan. Ello obliga a tejer estrategias de convencimiento sobre grandes ejes de discusión. Al respecto, creo que no va a ser muy difícil que la nueva Constitución asuma la noción de Estado Social de Derecho, o una redefinición del poder hacia las regiones y municipios, o que se reconozca el carácter plurinacional del país. Pero en otros temas los desacuerdos van a estar más abiertos, como por ejemplo en el ámbito del Estado subsidiario, la llamada autonomía del Banco Central, la recuperación y devolución de las aguas a las comunidades. La noción de propiedad probablemente va a generar una disputa profunda, similar a la que se dio durante la Reforma Constitucional de 1967, que permitió la Reforma Agraria, y la de 1971, que permitió la nacionalización del cobre.

Es importante que en las materias en las que no se logre un acuerdo se pueda abrir la discusión, para que la Constitución no sea un obstáculo para el futuro legislador. Que se pueda dirimir en el Congreso, democráticamente, esas diferencias pendientes, no como ocurre hoy en día, cuando la Constitución del 80 impone un molde económico, social y político inamovible.  Hay que dar espacio para desconstitucionalizar el modelo político y social neoliberal. No sería útil una nueva Constitución ideológica, sino crear una democrática, donde se afirme la soberanía efectiva del pueblo. Se debe rehabilitar la política como mecanismo para resolver las diferencias, y no hacer que el piloto automático de mercado defina lo que debemos decidir en democracia.

Tú has escrito sobre el déficit democrático prevaleciente en Chile. ¿Crees que esto pueda ser superado con los nuevos contenidos constitucionales? ¿Apostarías al parlamentarismo, un presidencialismo acotado, la democracia directa, un sistema participativo o ves que las cosas van por otro camino?

Los sistemas políticos se pueden diseñar y planear técnicamente. Son siempre obra y creación, a diferencia de las instituciones económicas,  donde no todo es posible de planear y hacer en el escritorio, y es necesario acumular condiciones materiales para que un modelo opere eficientemente. Por eso creo que, si se plantean bien los términos de la discusión, la Convención perfectamente podrá dar respuesta a este problema. La generación de sistemas de democracia directa, o de participación vinculante, es posible y no constituye un menoscabo a los sistemas de democracia representativa que también son indispensables. Es viable articular ambos modelos, y los ejemplos internacionales lo demuestran. Respecto al régimen de gobierno, casi nadie defiende en la actualidad el presidencialismo casi monárquico que existe en Chile. Las opciones son un semipresidencialismo, con un primer ministro o jefe de gabinete que cuente con la confianza del Congreso. O un parlamentarismo, lo que no podría funcionar sin un sistema de partidos bien constituido, ya que una extrema fragmentación política en pequeñas fuerzas deslegitimadas, como ocurre en Perú en la actualidad, pero también en Chile, no haría viable Gobierno alguno. Y ante la falta de Estado los poderes económicos ocupan ese puesto. Por eso creo que hay que avanzar hacia un sistema que facilite al Estado su tarea, con un Parlamento unicameral, pero dando al mismo tiempo más poder a los gobiernos regionales y municipales.  No tiene sentido una segunda cámara si los poderes regionales tienen un rol más potente.

¿Qué pasará si no se garantiza el vínculo de la Convención con la participación de la gente, con el acceso a propuestas y demandas surgidas en cabildos, asambleas y textos?

Es evidente que la Convención no sólo deberá escribir una buena Constitución, sino que tiene que ser capaz de regenerar una nueva comunidad política. Para eso, las personas, las organizaciones sociales, los movimientos populares tienen un rol legitimador fundamental. Lo que el 18 de octubre de 2019 denunció fue la falta de inclusión en el pacto político de la enorme mayoría de las y los chilenos, que no se sienten parte de la comunidad política, o sólo se sienten parte como subalternos, como instrumentos en una relación funcional a otros intereses. Los mecanismos de participación en la Convención Constituyente deben hacerse cargo de esa ruptura.

Este proceso se inicia paralelo a una elección presidencial y del Parlamento. ¿Es sano eso, es conveniente, cómo tendrán que convivir esos procesos? ¿Se toparán, se influirán?

No es lo ideal, pero se puede superar este problema si se distinguen los roles. La única función del Gobierno y del Parlamento ante la Convención es facilitar la logística y su adecuado funcionamiento material. Por otra parte, la Convención tampoco puede gobernar ni legislar. Lo que es relevante es que el resultado de la elección presidencial y parlamentaria redunde en facilitar la implementación de la nueva Constitución, que debería concluirse a fines de 2022. Un gobierno y un Parlamento partidario y facilitador de la nueva Constitución podría ayudar a que las nuevas leyes se puedan alinear con el nuevo texto constitucional de forma precisa. Por eso, el proceso legislativo, las leyes que se dicten desde 2023 en adelante, serán claves, porque van a ir marcando el germen de un sistema jurídico, leyes y decretos, que traduzcan la nueva Constitución a la vida de la gente. Por eso la elección presidencial y parlamentaria no se puede separar mecánicamente de este otro proceso de cambios.

 

 

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