Factores de fondo respecto al sistema medial chileno, más allá de puntos específicos como las concesiones. En definitiva, también en el tema prensa/comunicaciones, se abre la disputa entre sectores conservadores y transformadores. Elementos de un esquema de hegemonía conservadora, sin políticas públicas ni garantías reales para la diversidad comunicacional, en una suerte de dictadura medial. El papel de la Convención Constitucional en la construcción de otro modelo. Eso no tiene nada que ver con estatismo, comunismo, autoritarismo, afectación de derechos. Es abrirse -en el caso de Chile de manera atrasada-, a la confección de una realidad/condición democrática, diversa, creativa, constructiva, amplia, heterogénea del sistema informativo/comunicacional.
Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 25/06/2021. Contenidos de la propuesta de Daniel Jadue sobre prensa y comunicaciones, abrieron debates y una cadena de opiniones/informaciones sobre esta materia, con muy pocas alusiones a la realidad medial que vive Chile y sin escarbar demasiado en las características de la prensa y las comunicaciones en el país.
Revisando los materiales de estos días, casi todo se concentró en la posibilidad de revisar concesiones radiales/televisivas en casos de incumplimientos de normativas por parte de medios de comunicación privados, expandiendo planteamientos sobre libertad de prensa y expresión, derecho a la comunicación, libertad empresarial y respeto a líneas editoriales/informativas de medios de prensa, sobre todo tradicionales/hegemónicos.
En rigor, aquello no está contenido en el programa de Jadue sobre la materia, aunque él se refirió a lo de las concesiones en algunas entrevistas y en el debate de cara a las primarias. Como sea, en rigor de realidad, esa posibilidad se ve muy compleja y un asunto bien difícil de abordar en un gobierno de cuatro años.
Más aun, considerando que los ejes programáticos y de contenidos de la propuesta de Daniel Jadue en este ámbito (“Derecho a la comunicación y medios”), apuntan a otras prioridades, expuestas en siete puntos, relacionados con creación de medios públicos, soberanía tecnológica, acceso de toda la población a Internet, “sentar las bases de lo que debe ser una Plataforma o Sistema de Medios Públicos”, contar con una Ley Orgánica de Comunicación, creación de “un organismo de Defensoría de audiencias y públicos” y tener una institucionalidad pública para comunicaciones.
La evidencia apunta a que, más allá de las concesiones (que en realidad es preocupación de los monopolios/empresas de las comunicaciones), hay otras materias de alta intensidad relacionadas con el mapa comunicacional/periodístico del Chile actual y que tienen que ver, precisamente, con garantizar el derecho a la comunicación, la libertad de expresión, la pluralidad comunicacional y las políticas públicas.
Incluso el tema es más profundo y tiene raíces más definitorias. El tema/debate sobre la prensa y las comunicaciones, tiene que ver, en el fondo, con la disputa de proyecto-país que está instalada. Es algo enmarcado en la batalla ideológica/política entre sectores de la sociedad chilena, y tiene relación con el tipo de sociedad e institucionalidad que se construye.
En definitiva, también en el tema prensa/comunicaciones y sistema medial, se abre la disputa entre sectores conservadores y transformadores.
Quien ante eso pretenda decir que tiene una postura aséptica, neutral, “no politizada”, está distorsionando la verdad/intensidad del debate y la propuesta. De partida, a la realidad de hoy no se llegó por decisiones “desideologizadas” u “objetivas”.
En esa línea, los datos, análisis y discusiones revelan que el sistema medial chileno está estancado, no responde a todos los desafíos/necesidades, es monopólico y uniforme, no da cuenta de la normativa/realidad internacional, no está modernizado en el sentido democrático y plural, es rígido y hegemónico.
Muchas representaciones de la sociedad civil, del mundo popular, y de las corrientes transformadoras y no empresariales, no tienen cabida en el sistema actual de medios, tampoco el Estado y medios públicos.
Eso, en el contexto de que la institucionalidad comunicacional está construida en base a la Constitución de 1980 impuesta por la dictadura cívico-militar, al esquema mercantil/privatizador de la prensa, sin rol del Estado y ausencia de políticas públicas en la materia, y otorgando un rol de conducción a los grandes consorcios periodísticos y gremios empresariales del sector.
El Estado, la sociedad civil, los sectores sociales/comunitarios, el mundo popular, están prácticamente fuera del esquema de medios, sin espacios ni condiciones propicias (como ocurre con las grandes empresas nacionales y extranjeras), y no pueden jugar un papel preponderante o al menos equitativo.
Hay una prevalencia de una matriz unidireccional y no de una matriz multidireccional en el sistema medial.
El dato de realidad apunta a que difícilmente se puede establecer que en Chile hay una verdadera/real libertad de expresión, derecho al acceso a la comunicación, pluralidad y diversidad en los espacios de la prensa, condiciones diferentes para la propiedad de medios, en una ausencia inmensa del Estado en su rol de garante y regulador, como ocurre en países europeos, norteamericanos o latinoamericanos.
Es cierto que en la prensa tradicional/hegemónica sectores distintos a los grupos dominantes y conservadores encuentran espacios de vocería/presencia, pero dados en un marco institucional/sistémico, acotado y que más bien responde a circunstancia puntuales de agenda y mostrar un comportamiento aparentemente plural. Pero en lo grueso/sustancial, en lo estructural y definitorio, la hegemonía medial la tienen la derecha orgánica, los sectores conservadores, los grupos financieros y los consorcios empresariales.
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Hay algunos datos/antecedentes que resultan importantes al pretender analizar la situación de la prensa y las comunicaciones en el país. Muchos de ellos conocidos hace rato.
Alrededor del 80% del avisaje estatal se va a dos grandes corporaciones financieras y privadas que controlan las dos empresas periodísticas propietarias de la mayoría de los medios nacionales y regionales, Copesa y El Mercurio. No existe una distribución equitativa de los dineros del Estado y menos en la línea de garantizar la pluralidad. Es decir, desde el Estado se promueve un sistema oligopólico de la prensa. Empresas trasnacionales extranjeras dominan en un porcentaje significativo el espectro televisivo y radial, como es el caso, por ejemplo, de Iberoamerica-Prisa, Discovery Networks Latin America, Albavision y Time Warner, entre otros, que comparten la propiedad con grupos financieros/empresariales del país. No existen, en rigor, medios públicos, y en el caso de Televisión Nacional se trata de un canal sellado por el comportamiento mercantil/privado con un directorio conformado de acuerdo al binominalismo político/ideológico (entre la derecha y la ex Concertación). No hay ninguna legislación, normativa o condición para la existencia/desarrollo de medios públicos y sociales-comunitarios y sin fines de lucro.
La revisión de editoriales, agendas informativas y pautas de contenidos, apunta indesmentiblemente a una uniformidad/direccionalidad conservadora, sistémica, hegemónica y mercantil de parte de casi la totalidad de los medios escritos, radiales y televisivos.
La conducción de la mayoría de los medios está en manos de dueños/directivos de las corporaciones privadas/monopólicas, nativas y extranjeras, y existen estudios/investigaciones que muestran la falta de pluralidad/diversidad, dejando fuera de la agenda dominante a amplios sectores/expresiones de la sociedad chilena, fundamentalmente de trabajadores, campesinos, indígenas, feministas, jóvenes, pobladores, académicos, y vinculados a posiciones transformadoras, de izquierda y del mundo social.
Se impone, además, un formato representativo de una ideología conservadora, de matrices conductuales sistémicas, de acatamiento de un orden político/social hegemónico, donde los espacios a otras corrientes, sectores y expresiones es algo administrado desde los puntos de conducción editorial.
Hay aspectos que dicen relación con el tipo de sociedad que se concibe, dando escaso o nulo espacio a la cultura y la educación.
Un ejemplo del tiempo reciente respecto al sistema de medios en Chile se produjo en la cobertura de la revuelta social y las reacciones que hubo desde la sociedad civil y el mundo popular frente a los medios de prensa tradicionales/dominantes.
Los datos apuntan a que, en lo global, hay una dictadura medial caracterizada por la concentración en la propiedad y la unidireccionalidad de los contenidos.
Estas son algunas características del esquema de prensa y comunicaciones que se quiere modificar en aras de avanzar hacia un modelo que, entre otras cosas, aporte a la sanidad democrática y a derechos de la ciudadanía.
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Desde el Colegio de Periodistas, el Parlamento y diversas entidades vinculadas a las comunicaciones y la prensa, se señalaron hace tiempo algunos pasos a dar, a lo que se suma la postura de medios de prensa no hegemónicos, sociales, comunitarios, alternativos, sin fines de lucro y representativos de orgánicas políticas.
La necesidad de que el Estado cumpla un rol promotor/regulador en el sistema medial, que garantice la pluralidad, la equidad y el funcionamiento transversal de diversos medios. La existencia de medios sociales-comunitarios, públicos y privados, con apoyos/subsidios adecuados y equitativos, dando cuenta de las diferentes realidades y las características de propiedad. La existencia de una ley de medios que establezca una legislación que garantice derechos, diversidad, la libertad de expresión y el desarrollo de distintos tipos de prensa, evitando oligopolios/monopolios y unidireccionalidad en las comunicaciones. Establecer el derecho a la comunicación como un derecho constitucional. Regular la propiedad de trasnacionales de los medios y concesiones nacionales. Procurar que el Estado cuente con sus medios para la garantía de la pluralidad y el equilibrio en el espacio comunicacional.
Lo que se está planteando para el país, es una realidad en Norteamérica (Estados Unidos, México, Canadá), en Europa (analizar casos de Reino Unido, Francia y naciones nórdicas), en la inmensa mayoría de América Latina e incluso en sociedades asiáticas y africanas. Donde, por ejemplo, hay regulaciones para evitar el monopolio/oligopolio en la posesión/funcionamiento de la prensa, legislación respecto a la propiedad sobre todo de consorcios financieros, e incentivo al sector público con una responsabilidad del Estado.
Un tema no menor, es que en muchos de esos países existen normativas éticas y de resguardo del ejercicio de la profesión periodística, algo que en Chile está ausente en términos concretos y materializables.
Es que, a diferencia de Chile, en varias decenas de países de todos los continentes, se estima/establece que la existencia de pluralidad/diversidad del sistema medial, es parte fundamental de la calidad democrática de una sociedad.
Una ley de medios y la consagración del derecho a la comunicación como un derecho constitucional, el papel activo/responsable del Estado (no de gobiernos de turno), la generación de condiciones para el desarrollo de medios sociales, públicos y privados, no constituye una amenaza sino una fortaleza para la sociedad chilena.
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Eso no tiene nada que ver con estatismo, comunismo, autoritarismo, afectación de derechos. Es abrirse -en el caso de Chile de manera atrasada-, a la confección de una realidad/condición democrática, diversa, creativa, constructiva, amplia, heterogénea del sistema informativo/comunicacional.
Lo trascendente en poder avanzar en modificaciones/transformaciones que potencien una realidad de una prensa abierta, plural, social y pública, lo que no significa, en la realidad chilena, afectar a la prensa privada y empresarial.
Comenzar el debate en función de lo ocurrido en Ecuador, Venezuela, Argentina u otros países, es estigmatizar las respuestas a un panorama nacional deficitario en materia de prensa y comunicaciones, es menoscabar, por ejemplo, la capacidad de los convencionales que podrán discutir/concluir sobre esta materia, y de periodistas, comunicadores y expertos que trabajan en este ámbito con una mirada avanzada/transformadora.
Es factible que se mire la experiencia/evidencia de países/legislaciones latinoamericanas, también es contributivo mirar las legislaciones y normativas en naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, desde donde se pueden hallar ideas y proyectos.
Por lo demás, si los empresarios, la derecha orgánica, los consorcios locales, los poderes fácticos, los sectores conservadores, no tienen problema en que se instalen corporaciones extranjeras como dueñas gran parte de la prensa chilena (Estados Unidos, España, México), ¿por qué temer a la llegada de ideas y aportes conceptuales desde otros países?
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En todo esto podrá gravitar de manera decisiva lo que pase en la discusión/resolución de la Convención Constitucional en materia de comunicaciones y sistema de medios.
Lo que ocurrirá con consagrar constitucionalmente el derecho a la comunicación, el rol del Estado en el sistema medial, el carácter del Estado (subsidiario del sector privado/financiero o democrático y de derechos) y cuestiones relacionadas con el sistema democrático/institucional.
En este cuadro, y dadas las características del país, que incluye la existencia de enormes poderes financieros, ideológicos, políticos, fácticos, monopólicos, militares, mediales, con un sector conservador orgánico, es fantasioso y falaz afirmar/insinuar que está en peligro la prensa grande, las corporaciones periodísticas privadas/empresariales, las posibilidades de desarrollo de propiedad y contenidos de los consorcios periodísticos nacionales y extranjeros.
Hay que decir con todas sus letras que en Chile no hay ninguna propuesta transformadora del sistema medial que apunte a una estatización, monopolio estatal, establecimiento de una línea editorial uniforme, extranjerización o dominio de un sector ideológico. Más bien, las propuestas transformadoras apuntan a modificar/terminar elementos de ese carácter que sí están presentes en el modelo actual.
En el establecimiento de un sistema medial en las circunstancias que caracteriza a este país, si se defiende tanto que los privados puedan tener sus medios de comunicación, es absolutamente adecuado/pertinente que también se reivindique la existencia plena de medios sociales y públicos. Eso ocurre, sin ir más lejos, en las llamadas “democracias modernas” y en naciones con sistemas democráticos formales, muchas veces elogiados por los sectores conservadores, de la derecha orgánica y del “centro político”.
No hay nada que temer, solo el quedarse estancados en la realidad negativa/distorsionada del sistema de medios y de prensa en el país.
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