El lanzamiento de parte del programa presidencial de Daniel Jadue desató la furia de los defensores del actual modelo político, socio-económico y cultural. Personajes como Gonzalo Rojas (favor no confundir con el excelso poeta), el inefable Sergio Muñoz Riveros, Tomás Mocciatti, el «académico» Francisco Javier Covarrubias, Daniel Mansuy, los economistas Raphael Bergoing, Bettina Horts y otros, hacen artimañas para aparecer como «reformistas», progresistas.
José Luis Córdova. Periodista. 20/06/2021. La campaña electoral para las primarias presidenciales de fines de año ha provocado la proliferación e intensidad de ataques de distintos tipos de opinólogos, «cientistas políticos» y otros dedicados exclusivamente al anticomunismo profesional.
El lanzamiento de parte del programa presidencial de Daniel Jadue desató la furia de los defensores del actual modelo político, socio-económico y cultural. Personajes como Gonzalo Rojas (favor no confundir con el excelso poeta), el inefable Sergio Muñoz Riveros, Tomás Mocciatti, el «académico» Francisco Javier Covarrubias, Daniel Mansuy, los economistas Raphael Bergoing, Bettina Horts y otros, hacen artimañas para aparecer como «reformistas», progresistas.
En sus apologías del actual sistema tergiversan, desvirtúan y caricaturizan propuestas concretas del programa presidencial de Jadue, lo identifican o comparan con experiencias en Cuba, Venezuela y hasta con Corea del Norte, modelos que ni de cerca tendrían similitudes con nuestra dramática realidad.
Recuperar nuestras riquezas básicas, industrializar con valores agregados a nuestras materias primas, reformar el sistema tributario para que los que ganan más, paguen más impuestos, para que las transnacionales tengan royaltys correspondientes a sus utilidades y que se inviertan en las zonas que ellas mismas explotan son medidas coherentes y lógicas que contribuirían a mejorar la empleabilidad (trabajo decente y sueldo digno, como plantea la OIT), la descentralización de nuestro país y la participación de los trabajadores en los planes de desarrollo productivo.
Bastaría que algunos de estos personajes de pluma fácil visitaran una población, un campamento, una olla común, un Cesfam de barrio o una escuela pública para que descubrieran -como el ex ministro Jaime Mañalich- la dramática experiencia que viven cotidianamente millones de chilenos para poder sustentar a sus familias -tarea mayoritariamente a cargo de mujeres- desafiando la institucionalidad casi siempre hostil y adversa a sus necesidades vitales.
La urgencia de salud, educación, vivienda y previsión públicas no implica el fin de la propiedad privada, como se intenta afirmar. Quien tiene recursos puede atenderse en clínicas privadas, enviar a sus hijos a colegios particulares y también debería seguir con su ahorro forzoso en manos de las malhadadas AFP. De lo que se trata es de democratizar estos derechos sociales y protegerlos desde el Estado en beneficio de las mayorías.
Por lo demás, está última instancia no debe ser un ente omnipotente como se le caracteriza respecto a las experiencias en los llamados «socialismos reales». A estos «calumnistas» les vendría bien visitar países de la Europa del Este que mantienen sistemas mixtos, con importante injerencia del Estado en la protección de derechos básicos para las grandes mayorías. Aprenderán cómo se industrializaron, aseguraron pensiones y salarios dignos y otras seguridades heredadas del sistema anterior.
La crisis de la democracia representativa se originó en la formación de elites que estos mismos «columnistas» denominan «clase política». Un análisis somero y objetivo de la realidad social en Chile y cualquier otro país demuestra la persistencia de clases y luchas sociales, que fueron desplazadas de la terminología del poder durante la dictadura y una tesis abrazada con fervor por los «partidarios» de la llamada «clase media». De esta forma, intentan superar la dicotomía de ricos y pobres, reseñada magistralmente por Luis Emilio Recabarren.
La actual pandemia mostró la delgada línea roja entre ricos y pobres y la fragilidad de unas capas medias, integradas por trabajadores (profesionales, técnicos, artesanos, emprendedores) que, los vaivenes del mercado convierten en pobres de la noche a la mañana.
Propietarios y proletarios, trabajadores y explotadores no han desaparecido de la faz de la tierra y en nuestro país, la élite gobernante utiliza el poder para el abuso, la exclusión de vastos sectores populares, la corrupción, la focalización y por ende, segmentación, de nuestra sociedad.
En aras de la «libertad» imponen la discriminación, el sistema patriarcal a supuestos «ciudadanos de segunda» : mujeres, etnias originarias, personas con capacidades diferentes, en definitiva, pobres (eufemísticamente caratulados como «vulnerables»).
Las propuestas para un programa presidencial de Daniel Jadue están expuestas para que la ciudadanía las conozca, las debata, las complemente y, entre ellas, destacan la necesidad urgente de un nuevo «pacto social» en igualdad de condiciones, que garantice un Estado capaz de proteger derechos sociales, creador de riqueza, de autoridades sujetas al escrutinio y la posibilidad de remoción de sus cargos en caso de mal uso o inoperancia y de la instancia de promoción popular de iniciativas de leyes, entre otras formas de participación ciudadana.
También se ha objetado increíblemente la opción de exigir garantías constitucionales a las fuerzas armadas y al partido demócrata cristiano, dos instituciones que precisamente gestaron y promovieron el golpe de estado de 1973.
No debemos olvidar que personajes tan conspicuos como el ex ministro y ex senador DC Bernardo Leighton, víctima de un atentado terrorista de ultraderecha, afirmaba con pasmosa ingenuidad: «¿Por qué los comunistas hablan de golpes de estado? Esas cosas ocurren en Bolivia, Perú y Argentina, Nosotros somos un país democratico».Lamentablemente la historia demostró que su partido y los uniformados fueron capaces de alzarse contra el poder constituido y recurrir a apoyo extranjero para concultar el proceso democrático que encabezaba Salvador Allende.
La historia puede repetirse y los sectores progresistas y realmente democráticos deben tomar medidas para impedir una situación similar. Calumnistas y columnistas tienen que considerar esa trágica experiencia que vivimos los chilenos en carne propia y no a través de un escritorio o un computador.
