Se trata de ciudadanas y ciudadanos que sufrieron la violencia de agentes del Estado durante la revuelta social iniciada en octubre de 2019. Camila Vallejo dijo que “estamos hablando de personas que fueron violentadas sexualmente, psicológicamente, que sufrieron lesiones, que sufrieron mutilaciones ( ) personas que murieron producto de esta violencia y sus familiares no tienen ninguna respuesta por parte del Estado”. Miguel Crispi indicó que “este es un proyecto de ley trascendental en relación a lo que fue el estallido social y la violencia policial. Hoy día hay más de 2 mil 900 querellas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos”.
Equipo “El Siglo”. Valparaíso. 16/06/2021. Avanzó el proyecto que busca materializar la reparación a las víctimas -y sus familias- de la represión ejercida por agentes del Estado desde el inicio de la revuelta social en octubre de 2019.
Se trata de miles de personas que sufrieron lesiones graves, amputaciones oculares, que sufrieron secuelas por golpizas y otras agresiones, que fueron víctimas de violaciones y violencia sexual, y de decenas que murieron por la acción de personal policial y militar.
La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto que busca reparar a las víctimas con 76 a favor, 48 en contra y 16 abstenciones. Legisladores de derecha se opusieron. La iniciativa es de autoría de la diputada Camila Vallejo y contó con el respaldo de Natalia Castillo, Carmen Hertz , Pamela Jiles Carolina Marzán, Emilia Nuyado, Marisela Santibáñez, Gabriel Boric, Tucapel Jiménez y Matías Walker.
El diputado Miguel Crispi (Revolución Democrática) declaró que “este es un proyecto de ley trascendental en relación a lo que fue el estallido social y la violencia policial. Hoy día hay más de 2 mil 900 querellas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos”.
Añadió que “leímos esos informes respecto a personas privadas de libertad, en contexto de protesta, que eran desnudadas haciendo sentadillas en calabozos. Muchos de nosotros estuvimos en esos calabozos. En materia de derechos humanos, el Estado es responsable de generar verdad, justicia, reparación y no repetición, pero no hay nada de eso”.
Crispi enfatizó: “Este proyecto apunta a tener una pequeña reparación”.
La diputada Camila Vallejo (Partido Comunista) declaró que “lo que estamos haciendo nosotros es facilitar un acceso a la reparación pecuniaria a través de la demanda civil, un procedimiento expedito y fácil para las víctimas, porque generalmente estas demandas y estas denuncias demoran seis a ocho años. Nosotros creemos que la reparación tiene que ser ya, porque cada día que pasa, se agudiza más el daño físico y psicológico no sólo de una persona, sino de una familia completa, son redes que se ven dañadas, son familias que se ven dañadas producto de no tener estos apoyos necesarios”.
“Estamos hablando de personas que fueron violentadas sexualmente, psicológicamente, que sufrieron lesiones, que sufrieron mutilaciones y además estamos hablando de personas que murieron producto de esta violencia y sus familiares no tienen ninguna respuesta por parte del Estado, de ahí la urgencia”, recalcó la legisladora comunista.
La diputada Marisela Santibáñez (PC), expuso específicamente el caso de Fabiola Campillai, “una mujer que salió de su casa a tomar micro y que nunca más pudo ver a sus tres hijos, quienes hoy día claman, piden, ruegan justicia”. Añadió que “a Fabiola le arrebataron tres de sus cinco sentidos sin estar reclamando nada en la calle, simplemente queriendo llegar a su trabajo. Que sea el nombre de Fabiola Campillai una sanbernardina, madre de tres hijos, la que nos lleve a tomar conciencia de lo necesario y de lo importante que es votar a favor de esta ley”.
El diputado Rubén Moraga Mamani (PC), expresó que “sabemos que los procesos civiles para determinar la responsabilidad civil del Estado pueden durar años y en algunos casos más de una década, por lo cual este proyecto viene a corregir a aquello y además viene a poner al poder legislativo en un rol activo en dar una señal a los chilenos y chilenas de que estamos por el nunca más”. Agregó que “no podemos permitir que las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado vuelvan a quedar en un manto de silencio y desprotección al ciudadano que se empodera y hace suya la política y la expresa en el único lugar que le es posible y por la cual deriva su calificativo: la ciudad. Nadie por salir a manifestarse en la ciudad como ciudadano puede volver a su hogar mutilado, vejado, abusado, golpeado o en un cajón, y peor aún, que eso quede sin justicia ni reparación”.
Moraga expuso que “miles de testimonios y querellas; decenas de informes nacionales e internacionales, han determinado que en Chile el Estado cometió graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019. En tanto, miles de causas duermen en el Ministerio Público y las sanciones, aún inexistentes, no dan luz de llegar prontamente. Ni las investigaciones internas ni las de la fiscalía han avanzado a la velocidad que el actual ritmo de la democracia hoy requiere. Pensemos que si la sanción penal aún no es capaz de resolver algo a casi dos años de los hechos, la justicia civil, más lenta, más vetusta, más engorrosa, más costosa y más asimétrica se demorará una eternidad. Nadie puede quedar ciego o fracturado por una movilización o manifestación política. Por eso aprobaremos este proyecto”.
