Tras aprobar la idea de legislar el proyecto que otorga un indulto general a los presos del estallido social en la Comisión de Seguridad del Senado, se reinstaló un debate en torno a la existencia o no de presos políticos en Chile. El propio Sebastián Piñera se refirió a ello en su Cuenta Pública, pero abogados de derechos humanos y penalistas sostienen que esta falsa discusión busca esconder las responsabilidades del Gobierno en los crímenes de lesa humanidad durante el estallido social.

Igor Mora. Periodista. 02/06/2021. El pasado miércoles 26 de mayo la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó en general -por 3 votos a favor y 2 en contra- el proyecto de Ley que otorga un indulto general a los presos del estallido social por razones humanitarias. Una votación que generó una serie de reacciones por parte de la derecha que despliega todo su poder comunicacional para sostener que en Chile no hay presos políticos.

Ese llamado tuvo eco internacional, pues fue el propio director de Human Rights Watch, organismos de corte conservador, José Miguel Vivanco, quien afirmó que el proyecto es un error, pues “no hay presos políticos en Chile”. A esto añadió que no es “necesario ni conveniente otorgar indultos genéricos a quienes hayan cometido delitos comunes”.

Una línea comunicacional reafirmada por el propio Presidente Sebastián Piñera que en su última Cuenta Pública ante al Congreso Nacional, sostuvo que “en Chile no hay presos políticos, porque en Chile no hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas”. En un libreto calcado al de Vivanco, Piñera agregó que “hay personas privadas de libertad, por decisión de tribunales independientes, por delitos graves”.

La postura de la derecha chilena y sus aliados internacionales busca con esto no sólo quitarle fuerza al proyecto de ley que se discute actualmente en el Senado, sino que además busca esconder las responsabilidades del Gobierno en la serie de vulneraciones cometidas contra las manifestaciones sociales a partir del 18 de octubre del 2019.

Para los expertos en materia de derechos humanos esta discusión en realidad no es tal, pues la existencia de presos políticos en Chile es clara y evidente a ojos de los estándares internacionales.

El abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), Yuri Vásquez, explicó a ElSigloc.l que ningún Gobierno en el mundo reconoce la existencia de presos políticos y la excusa para aquello es siempre la atribución de delitos comunes a los manifestantes.

“Se habla generalmente de que en Chile no hay nadie detenido por pensar distinto, que no hay nadie detenido por sus opiniones, pero eso es tan sólo una dimensión de la prisión política, que son los llamados presos de conciencia. También se ha dicho que aquí hay personas que están detenidas por la comisión de delitos comunes. Nosotros sí creemos que hay presos políticos en Chile”, afirmó.

Para el abogado de la CChDH, la prisión política tiene que ver, tal como lo han sostenido otros expertos en esta materia -como Claudio Nash-, con la violación de las garantías o derechos fundamentales de las personas que están detenidas.

“Para la violación de esas garantías, hay un interés o una intención política que se puede traducir en condenas que exceden los delitos por los cuales se acusa. Es decir, que los hechos no se ajustan al delito que la ley señala y se condena por delitos mayores o porque la prisión preventiva excede por mucho el tiempo normal de duración; o porque hay discriminación en cuanto a la detención de las personas; o porque que hay procedimientos injustos y hay motivaciones políticas para que esos procedimientos sean injustos. Ahí hay prisión política”, detalló Vásquez.

Para Luis Acevedo, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Santiago, la situación de los presos de la revuelta evidencia la existencia de prisión política en nuestro país.

Tal como señaló en una columna publicada por Diario Constitucional, hay al menos tres razones que explican dicha categoría: “Porque la invocación por parte del Ministerio del Interior de la Ley de Seguridad Interior del Estado da cuenta de la existencia de delitos políticos bajo la visión objetiva de ellos, y además de una persecución política abusando de la herramienta penal; porque la prisión preventiva no se justifica sino sólo como una pena anticipada por ‘peligrosidad’ del sujeto, criterio incompatible con el debido proceso y la naturaleza de la prisión preventiva, como se desprende de la Convención Americana de DDHH; y por las condiciones y duración de la prisión preventiva, que da cuenta de una vulneración a la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable”.

Una discusión a la que se ha sumado el candidato presidencial Daniel Jadue, quien en entrevista con Radio Nuevo Mundo aseguró que en Chile sí hay presos políticos y que sobre ellos hay un sesgo y arbitrariedades que no son aplicadas a agentes del Estado investigados por violaciones a los derechos humanos. Para Jadue, esta diferencia evidencia el carácter político de sus detenciones.

“De las miles de denuncias que tiene nuestro país por violaciones a los derechos humanos no hay ninguna que esté con una cautelar de intensidad media. Pero cuando alguien sigue detenido después de un año y medio, sin que hayan mostrado pruebas para poder condenarlo, pero con medidas cautelares absolutamente sobredimensionadas y que son abusivas, cabe el concepto por lo que yo entiendo, de preso político”, explicó el presidenciable.

Finalmente, para el abogado Yuri Vásquez, la negación de la existencia de presos políticos va en la misma línea del Ejecutivo de esconder todas las vulneraciones que se han cometido desde el 18-O y que hoy tienen a Sebastián Piñera en la mira de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos.

“Hemos sostenido ante la Corte Penal Internacional y también ante los tribunales chilenos, que ya no estamos sólo en presencia de violaciones de los Derechos Humanos, que ya de por sí son graves. Estamos en presencia específica de crímenes contra la humanidad, que son los delitos más graves que se contemplan en el ordenamiento jurídico, con alcances internacionales”, concluyó el abogado Yuri Vásquez.

El proyecto que establece un indulto a los presos políticos del estallido social tras su paso por la Comisión de Seguridad Pública, tiene que ser analizado y votado por la Comisión de Constitución del Senado antes de su paso por Sala.

 

Por El Siglo

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