Distintas manifestaciones y acciones destinadas a que se otorgue la salida de la cárcel de jóvenes detenidos y que permanecen meses encarcelados, incluso sin que se cumpla el debido proceso.
Santiago. 27/05/2021. La aprobación de una comisión del Senado para que avance el proyecto de indultos a personas destinadas en el marco de la revuelta social de 2019, dos manifestaciones frente a La Moneda exigiendo al gobierno la libertad de los presos políticos, y distintas acciones en Santiago y regiones a favor de la liberación de decenas de jóvenes que permanecen encarcelados por haber participado en movilizaciones sociales y populares en los últimos meses del 2019.
En ese camino, legisladores y convencionales constitucionales electos el pasado 15 y 16, candidatos presidenciales, así como organizaciones sociales, territoriales y políticas están planteando que opere un indulto o se tomen medidas para que salgan de prisión quienes fueron detenidos en momentos de protesta popular, muchas veces en acciones abusivas e irregulares de fuerzas policiales.
Se volvió a indicar que la mayoría de ellos no han sido objeto de un debido proceso, en muchos casos sus procesos están congelados y sus abogados han denunciado irregulares e inexistencia de pruebas. Se denunció, así también, una prolongación indebida de la prisión preventiva.
Un grupo de convencionales electos sostuvo que “esta situación genera una vulneración muy grave a los derechos de estas personas, exponiéndolas a serios riesgos en contra de su integridad física y psíquica, además de los asociados a la pandemia en estas instalaciones. Queremos recordar también, que muchos de ellos son menores de edad que han debido ser recluidos en centros del Servicio Nacional de Menores. Por todo lo anterior, nos unimos en esta oportunidad como Convencionales Constituyentes electos para exigir la aprobación en el Congreso Nacional de un indulto a todas aquellas personas injustamente imputadas y condenadas, por delitos acontecidos en el marco del estallido social”.
La Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos (OFAPP) exigió “a los parlamentarios de las distintas bancadas que aprueben la Ley de Indulto General”.
En este marco, los miembros de la Corte Suprema apuntaron a que los jóvenes sigan presos, porque consideraron improcedente la iniciativa de indulto, “que pretende abarcar tanto las situaciones afinadas como aquellas pendientes, sean ellas conceptualizadas como indulto general o amnistía, toda vez que, sea analizadas bajo el prisma del principio de separación de poderes, como el de colaboración entre los órganos del Estado, no pueden ser abordadas por un órgano distinto de los tribunales de justicia, atendida la prohibición que pesa sobre aquellas entidades de avocarse a causas que se encuentren pendientes”.
Así, el Poder Judicial se unió al Poder Ejecutivo, ya que el gobierno se opone a toda posibilidad de indulto de los presos de la revuelta social, y tampoco se da respuesta al término de los procesos judiciales que están congelados.
Como sea, es un tema instalado en la agenda social y el movimiento social y se prevé más movilizaciones y acciones para lograr la liberación de los jóvenes encarcelados por participar en la revuelta social y ciudadana.
