No es extraño que las ramas de la Defensa se hayan sentido con la libertad de asumir un rol deliberante respecto del quehacer de la prensa. Fue el propio mandatario quien sentó las bases de ello cuando en medio del estallido social intervino para amordazar al periodismo nacional buscando aminorar los efectos comunicacionales del movimiento ciudadano, y avaló los abusos a trabajadores del periodismo por parte de Carabineros durante las manifestaciones. Esto hace más urgente que nunca la necesidad de que la Convención Constitucional trabaje en un cambio muy profundo que garantice el derecho a la libertad de expresión en la nueva Constitución.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 28/04/2021. En medio de los debates por el retiro del 10 por ciento y la eventual acusación constitucional a Sebastián Piñera, hay otro flanco que sigue dando qué hablar y cada vez con mayor énfasis. La actitud deliberante asumida por las Fuerzas Armadas, que tuvo como corolario la actuación del Ejército el pasado 18 de abril -respaldada por la Fuerza Aérea y la Armada- con motivo de la parodia realizada en un programa del canal de televisión La Red. Ello generó una bola de nieve que cada vez se hace más grande y peligrosa. A esto se suma el escándalo derivado de la revelación del espionaje telefónico a un grupo de periodistas -entre ellos, Mauricio Weibel, quien investigó el caso “milicogate”-, situación que dio cuenta de las soterradas labores de Inteligencia llevadas a cabo por la institución castrense en contra de la prensa. No obstante, hay una arista que otorga mayor gravedad a lo ocurrido, y es el hecho de que el gobierno -a través de sus ministros de Defensa y vocero- hayan salido a respaldar la actitud del Ejército, dejando en evidencia una política que a estas alturas ya parece asentada en la administración de Piñera. Cabe recordar que fue él quien el 18 de octubre del 2019, con motivo del estallido social, se reunió con ejecutivos de los principales canales de televisión, solicitándoles “bajar el tono” a la información entregada por las estaciones en relación a la situación que en ese momento se estaba viviendo en el país. Ello, sin duda, sentó un precedente para todo lo que vendría después.
La gravedad de los últimos hechos generó consecuencias importantes. La semana pasada, el Colegio de Periodistas se refirió a la situación, mediante un comunicado en el que expresó su rotundo rechazo a la grave situación que se está dando respecto de la libertad de expresión en nuestro país, señalando que “los últimos sucesos que han involucrado a periodistas y medios de comunicación de diversas áreas, han encendido las alertas del país”, y denunciando “agresiones, acciones violentas, tortura sexual, censura y espionaje”.
“Ya, entre el 18 de octubre de 2019 y enero de 2021 -sostuvo la declaración-, el Equipo de Veedores por el Derecho a la Comunicación del Colegio de Periodistas registró cerca de cien casos de atropellos a la prensa en el contexto de las movilizaciones sociales, los cuales fueron perpetrados por agentes del Estado y no fueron condenados por las autoridades políticas en ningún espacio mediático”.
En el documento se afirmó que en tan solo tres meses -entre enero y marzo de 2021- se han superado en 50 por ciento los registros de 2020, que contabilizaron 60 casos de coerción violenta en contra de la prensa, 22 detenciones y 38 agresiones.
La complicidad de La Moneda
La organización gremial también se refirió al espionaje de que fue víctima Mauricio Weibel, hecho que se dio a conocer a través de una investigación de Ciper, la que revela “cómo el Ejército de Chile engañó a la Corte de Apelaciones para espiar al periodista. Consiguientemente -agregó el Colegio de Periodistas- “en el marco de la investigación del Ministerio Público por ese caso, se dio a conocer que la institución castrense monitoreó a otros cuatro periodistas, quienes investigaban casos del Ejército y de derechos humanos”.
“El silencio de La Moneda ha sido vergonzoso, aun cuando distintos organismos nacionales e internacionales han alertado sobre los riesgos de este escenario”, afirmó el comunicado. El presidente de la entidad gremial, Danilo Ahumada, sostuvo que “debe ser de interés general de toda la ciudadanía, la fragilidad que experimenta actualmente nuestra democracia”. Agregó: “Por ello, hacemos un enfático llamado a los diferentes sectores y actores políticos, y a los representantes de la sociedad civil, a unirse, denunciar y defender la democracia y la libertad de expresión en nuestro país”.
Este pronunciamiento se sumó a la iniciativa de un grupo de 250 periodistas -entre ellos, premios nacionales, editores, redactores y fotógrafos- que formuló una denuncia contra el gobierno ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), por vulnerar el derecho a la libertad de expresión. A ellos adhirieron personalidades de otros ámbitos, como académicos, escritores y otros representantes de la cultura. El detonante de esta acción fue la carta enviada por el Ejército al director de La Red, Ángel González, en rechazo a la parodia realizada por el programa “Políticamente Incorrecto”, en el que se entrevistaba a un militar interpretado por un conocido comediante. La queja fue inmediatamente respaldada por las otras ramas de las Fuerzas Armadas e, incluso, por el propio ministro de Defensa, Baldo Prokurica, quien se refirió a lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter.
“Me parece muy lamentable que el canal de televisión La Red, en un programa de parodia política, emita una supuesta entrevista humorística a un actor disfrazado de ‘general’, para hacer afirmaciones destinadas a denostar la honra y ofender la labor que realizan cada día miles de hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas”, declaró el secretario de Estado. Dicha situación motivó a la bancada parlamentaria del Frente Amplio a preparar una interpelación contra el secretario de Estado, logrando reunir 42 firmas para iniciar este proceso. En tanto, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, citará a Prokurica y a los comandantes de las Fuerzas Armadas para pedirles explicaciones.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, la diputada comunista y presidenta de la Comisión de Defensa, Carmen Hertz, criticó el accionar de las Fuerzas Armadas, diciendo que “al tener el monopolio de la fuerza, tienen que ser total y absolutamente obedientes y subordinadas al poder civil”.
“Ahora, en nuestro país, dada una serie de circunstancias políticas desde que se inicia la postdictadura, las Fuerzas Armadas han tenido y siguen teniendo importantes espacios de autonomía corporativa que son absolutamente improcedentes e intolerables”, sostuvo la parlamentaria.
Candidatos de oposición
Este atropello a la libertad de expresión hizo reaccionar a los candidatos presidenciales de la oposición, quienes se reunieron para imprimir su descontento públicamente. Las voces de Paula Narváez, Daniel Jadue, Heraldo Muñoz, Ximena Rincón y Gabriel Boric no se hicieron esperar. Esto es lo que manifestaron en sus respectivas cuentas de Twitter.
Narváez: “En un grave atentado a la libertad de expresión, las Fuerzas Armadas se coordinaron para emitir declaraciones contra @LaRedTV, lo que luego fue avalado por el Gobierno. Es inaceptable y condeno que una vez más tengan acción deliberante en democracia. Mi solidaridad con lxs afectadxs”.
Rincón: “Reacción de FF.AA. por parodia en @LaRedTV es inaceptable, pues atenta contra la libertad de expresión. Hubiese esperado esa rapidez y coordinación para entregar antecedentes por espionaje a periodistas. Más respeto por la democracia”.
Muñoz: “Esta no es la primera vez que el Ejército se sobrepasa, y ahora emite opiniones que van en contra de derechos fundamentales, como la Libertad de Expresión por programa de @LaRedTV. Este “ejercicio de enlace” es impresentable, y el Presidente debe pedir renuncia del Comandante en jefe del Ejército”.
Jadue: “Que el Gobierno llame a los canales para quejarse y que el Ejército envíe cartas por una parodia, tiene un elemento común: ambas instituciones no creen ni en la libertad de expresión ni en la democracia”.
Boric: “Intimidar, espiar y pretender censurar a periodistas y medios de comunicación no puede ocurrir en democracia. Como candidato a la presidencia de la República, rechazo categóricamente estas acciones por parte de las FF.AA. con el respaldo del gobierno de Piñera”.
Coletazos internacionales
Pero este rechazo no solo se ha evidenciado al interior de nuestras fronteras. Ya, a nivel internacional, la frágil situación de la prensa chilena está dando mucho que hablar. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sostuvo que los comunicados del Ejército, así como también del gobierno, la Armada y la Fuerza Aérea, “muestran un elemental desconocimiento de estándares internacionales sobre libertad de expresión, y parecieran destinados a intimidar a quienes criticas o parodien a las Fuerzas Armadas”.
El tema llegó también hasta las altas esferas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la declaración pública del Colegio de Periodistas y organizaciones vinculadas a las comunicaciones. En ella solicitan a la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH que revise esta situación en forma urgente, especialmente en el contexto de las próximas elecciones y de la implementación del proceso constituyente.
En la sección dedicada a Chile del reciente informe 2020 de la Relatoría Especial, se consignan ataques, amenazas e intimidaciones contra periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura y la utilización de mecanismos penales contra expresiones críticas. Se espera que la respuesta de la CIDH no se haga esperar.
Sin duda, los efectos de esta situación se irán multiplicando no solo en el país, sino también a nivel internacional, complicando aun más la frágil situación de Sebastián Piñera, cuya imagen y la de su gobierno va en caída libre.
