«Impresentable que gobierno no se pronuncie respecto a las agresiones a la prensa»

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El presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Danilo Ahumada, detalló algunos casos de vulneración a la libertad de expresión y ataques a profesionales. Destacó la importancia de consagrar el derecho a la comunicación en una nueva Constitución.

 Daniela Pizarro Amaya. Periodista. “El Siglo”. 27/04/2021. Han sido semanas agitadas para el gremio de los y las periodistas producto de la compleja situación que tiene en jaque a la libertad de expresión. Espionaje, intentos de censura, agresiones e incluso persecución judicial en contra de profesionales, son los diversos casos que el presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Danilo Ahumada, ha denunciado en diversos medios de comunicación y frente a las autoridades del Estado. En esa vorágine de videoconferencias conversó con El Siglo.cl y detalló algunas de las acciones que está levantando la organización en defensa del Derecho a la Comunicación, entre ellas, una declaración que sumó en un  día unas 500 adhesiones de organizaciones y figuras de diferentes sectores.

 ¿En qué escenario está hoy día la libertad de expresión en Chile?

Estamos en un contexto de vulneración a la libertad de expresión y eso es algo que hemos dicho no solo desde el Colegio de Periodistas de Chile, sino que también desde organismos internacionales, como el Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también el último informe de Reporteros sin Fronteras. Hoy estamos en un escenario donde tenemos, casos de espionaje militar en contra de periodistas, llamadas telefónicas del gobierno a medios de comunicación para intentar tocar la línea editorial, además, últimamente vimos como todas las ramas de las Fuerzas Armadas (FFAA), en una acción deliberante y coordinada, envió cartas a un canal de televisión para opinar respecto a un programa de humor y lo peor de todo esto es que fueron respaldadas por el Ministro de Defensa. Dentro de las cosas más graves también están las reiteradas agresiones a trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones en contexto de movilización social desde el 18 de octubre, es decir, según las estadísticas del Observatorio del Derecho a la Comunicación, hay cerca de 300 casos de agresiones de personal de Carabineros en contra de la prensa desde el estallido social.

¿Cómo está el Colegio de Periodistas enfrentando este cuadro?

Nos hemos reunido con todos los poderes del Estado y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como gremio estamos trabajando dos líneas, una tiene que ver con la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, porque hay varios casos también donde se ha negado el acceso a la información, especialmente desde el Ministerio de Salud, por lo cual tiene varios sumarios. Tenemos una agenda de trabajo con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, porque hay muchos casos de judicialización de colegas que son detenidos mientras cubren manifestaciones, lo que es completamente irregular porque están ejerciendo su trabajo. También tenemos una agenda con la Corte Suprema para revisar los recursos de protección que se interponen para resguardar nuestra labor y que la mayoría de las veces son inadmisibles. La presidenta del Senado, Yasna Provoste, además se comprometió con nosotros a levantar un marco legal que proteja el trabajo periodístico y la libertad de expresión. Y la otra línea de trabajo tiene que ver con la instalación de la demanda por el Derecho a la Comunicación para que sea discutida en el marco de la nueva Constitución.

¿Cómo ven la situación chilena los organismos internacionales con los que se pudieron reunir?

Hay mucha preocupación especialmente respecto al espionaje del Ejército en contra de periodistas, porque si bien hay situaciones más graves como el asesinato de periodistas en otros países de Latinoamérica, la situación que tenemos hoy en Chile no se veía desde la dictadura, entonces se generó esta preocupación internacional desde el estallido social. Por eso estamos haciendo un trabajo coordinado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde vamos a hacer algunos seminarios en conjunto con Reporteros sin Fronteras, porque nos parece de suma urgencia mostrar esta situación, ya que hay poca esperanza que esto cambie sino por el contrario creemos que se puede agudizar. En ese marco estamos evaluando llevar los casos a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras acciones internacionales.

¿Qué les respondió el gobierno ante las denuncias de agresiones a la prensa?

El gobierno por un lado dice que respeta el derecho a la libertad de expresión, pero por otro lado sus acciones no lo demuestran. Ellos nunca han hecho un mea culpa sino, muy por el contrario, vemos cómo a través del Ministro de Defensa se avala la intención de censura de las FFAA frente un espacio televisivo que no fue de su agrado. Por eso no tenemos esperanza de que el gobierno cambie y empiece a proteger la libertad de expresión. Nosotros le dijimos al ministro Jaime Bellolio que nos pareció bien que el gobierno se querelle por la emboscada que sufrió el equipo de TVN en Tirúa y esperamos que con ese mismo ímpetu salga a condenar todas las vulneraciones, pero no se han pronunciado por las agresiones a la prensa en contexto de manifestaciones, ni por los llamados telefónicos para intervenir medios de comunicación, menos por el espionaje, es decir, solo se pronuncian para respaldar a los uniformados y eso es impresentable.

El gobierno dijo que no puede vetar las opiniones personales porque también estarían haciendo uso de la libertad de expresión.

 Aquí lo que pasó es que estábamos denunciando el espionaje militar en contra de periodistas, donde la institución mintió para intervenir los teléfonos de quien investigaba fraudes e irregularidades. En ese marco, recordemos que además hubo asaltos a las casas de los reporteros y en las oficinas de los medios, donde solo se robaron pendrives y computadores. Esta es otra acción matonesca coordinada, porque detrás de la declaración del Ejército se suma la Fuerza Aérea y luego la Armada, y lo peor es que de inmediato llegó la declaración del Ministro de Defensa en respaldo, cuando su deber era rechazar esas opiniones. Recordemos que ellos tienen el monopolio de las armas y no pueden ser instituciones deliberantes, porque no son ciudadanos comunes. Ellos con esto solo buscaban amedrentar, o sea, qué periodista puede estar seguro investigando irregularidades de los uniformados cuando el mismo gobierno avala que intervengan los teléfonos o que amedrenten a través de declaraciones públicas.

Los llamados telefónicos a los medios de comunicación no es algo nuevo, pero no era de público conocimiento ¿Qué pasó ahora?

Durante mucho tiempo hubo una prensa muy tradicional, poco incisiva, porque cuando se atrevía a más llegaban los llamados. Eso es una práctica reprochable siempre. Hoy se sacudió el escenario porque aparecen medios que no están disponibles a estos chantajes y eso es un precedente porque marca un camino para, por un lado dejar de naturalizar estas prácticas, y por otro lado, validar el trabajo por la dignidad. Además hoy tenemos una sociedad y organizaciones muy activas que estamos muy alerta a denunciar estas situaciones y también la institucionalidad está más disponible a escuchar, por ejemplo, la Cámara de Diputados y Diputadas, llamó de inmediato al Ministro de Defensa para que explique esta situación y eso es algo que se valora.

La concentración mediática también juega un rol a la hora de exponer estos casos o acoger estos llamados ¿Cómo avanzamos en pluralismo?

Consagrando el derecho a la comunicación. Producto de todas estas vulneraciones levantamos una declaración pública que sumó en un día 500 adhesiones de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, medios de comunicación, entre otras, porque la demanda por la libertad de expresión es transversal, es ciudadana. Estamos en un momento donde tenemos  la posibilidad de construir un sistema de medios tan histórico como la misma nueva Constitución. Debemos garantizar la pluralidad, un sistema de medios públicos, una ley que regule a los medios de comunicación y eso se debe discutir en la Convención Constitucional en un debate lo más abierto posible.

Hay un sector que se asusta con una posible Ley de Medios. ¿Hay un modelo a copiar o se aspira por un sistema genuinamente a la chilena?

Aquí lo que tenemos que garantizar es que existan los tres sectores de las comunicaciones, público, privado y comunitario, y que puedan cohabitar. Hoy el Estado entrega recursos a esos medios a través del avisaje estatal, pero la tajada mayor se la llevan los medios más grandes. Estamos hablando de un sistema de gobernanza distinto en los medios públicos, no en la lógica binominal como es hoy TVN. Tiene que ser un modelo que trascienda los gobiernos y sea una política estatal. Bolivia y Ecuador logran consagrar el derecho a la comunicación en Latinoamérica. Y en otros países se regula el control como en Alemania o Inglaterra, o sea, no se puede ser dueño de un banco y de un canal de televisión. Hay muchas experiencias que se pueden mirar, pero tenemos que avanzar en un modelo propio que contemple que en la prensa estén las miradas de los territorios, porque hoy solo se representa a una pequeña élite.

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