La televisión no hizo más que cumplir su rol de informar, de dar a conocer el pensamiento de un reo rematado como -en su momento- se hiciera también con el general Manuel Contreras, con Michael Townley, Hugo Bustamente Pérez (asesino serial de la joven Ambar Cornejo); con Carlos Herrera Jiménez (autor del homicidio de Tucapel Jiménez), con el ex general Fernando Mathei y otros criminales en el programa “Mea cullpa” de Carlos Pinto entre confesos violadores de derechos humanos. Nadie consultó entonces por el permiso de Gendarmería para acceder a los condenados, nadie rasgó vestiduras contra la violencia ni pretendió censurar la exhibición de ninguna de estas entrevistas.

José Luis Córdova. Periodista. 23/03/2021. Solo en su celda de la cárcel de alta seguridad de Santiago, Mauricio Hernández Norambuena jamás pensó que una simple entrevista por celular al Canal La Red iba a desatar un provechoso e indispensable debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en el Chile democrático que algunos queremos.

Gendarmería del penal, los ejecutivos mexicanos de La Red, el periodista Eduardo Fuentes y el presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, tampoco avizoraron los destemplados ataques, presiones y amenazas que se produjeron después de la emisión de la mentada entrevista.

Desde el punto de vista estrictamente periodístico, las preguntas y respuestas sobre la muerte de Jaime Guzmán, sobre el contexto político al terminar la dictadura, sobre la crisis en el FPMR, quedaron sin respuestas. No fue una entrevista demasiado aportadora ni excepcional.

El Consejo Nacional de Televisión está examinando cada una de las acusaciones enviadas contra el programa “Mentiras Verdaderas” pero, en realidad, en el espacio no hubo incitación al odio, apología de la violencia ni menos una justificación para el asesinato del senador de la UDI. Los personeros de ese partido equivocan los dardos.

La televisión no hizo más que cumplir su rol de informar, de dar a conocer el pensamiento de un reo rematado como -en su momento- se hiciera también con el general Manuel Contreras, con Michael Townley, Hugo Bustamente Pérez (asesino serial de la joven Ambar Cornejo); con Carlos Herrera Jiménez (autor del homicidio de Tucapel Jiménez), con el ex general Fernando Mathei y otros criminales en el programa “Mea cullpa” de Carlos Pinto entre confesos violadores de derechos humanos. Nadie consultó entonces por el permiso de Gendarmería para acceder a los condenados, nadie rasgó vestiduras contra la violencia ni pretendió censurar la exhibición de ninguna de estas entrevistas.

No ocurrió nada similar cuando la periodista Alejandra Matus hizo la denuncia sobre los favores del presidente a la empresa Enjoy, concesionaria de los principales casinos del país, cuyas boletas de garantía al terminar los contratos, están en poder de empresas vinculadas al primer mandatario. Mediante un simple decreto, las licencias se postergaron protegiendo al negocio de casinos que está a punto de quebrar ante el cierre de locales por la pandemia.

En pleno debate constitucional, cuando chilenos y residentes en este país deben trazar los lineamientos esenciales de una nueva Constitución Política del Estado que reemplace al documento impuesto en 1980 por la dictadura, es momento propicio para hablar de derechos y sus garantías y protecciones, entre ellos el de la comunicación en nuestra futura democracia.

La derecha montó en la yegua cólera ante destempladas declaraciones de Izkia
Sichel, presidenta del Colegio Médico contra el gobierno y la máxima autoridad de salud, acusándolos de inoperantes y serviles ante la magnitud de la pandemia que nos afecta. Los medios se fueron por las ramas de la forma, sin considerar el fondo de los planteamientos de la destacada profesional.

Se sabe que estos medios están -en su mayoría- en manos de un par de grupos económicos (Edwars y Saieh), de consorcios internacionales de radios y poderosas cadenas de TV, por ende, el canal La Red surge como un oasis en el medio audiovisual.

Esta estación comercial surge en mayo de 1991. Pasó de manos del grupo Copesa y TV Azteca hasta que en 1999 fue adquirido por el holding Albavisión, un conglomerado internacional que posee 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica y 1 medio impreso. Conecta a 114 millones de personas en 16 países, con medios afiliados que tienen presencia en Sudamérica y Centroamérica.

Otros canales ignoraron informaciones sobre el caso Enjoy, minimizaron el ataque con gas pimienta de Carabineros contra asistentes a una feria libre en Bajos de Mena y la injustificada golpiza de efectivos militares contra un ciclista durante un control sanitario. ¿Y la libertad de expresión no existe en estos casos?

La polémica debería servir más bien para reafirmar la necesidad de incorporar el derecho a la comunicación en nuestra próxima Carta Magna si pretende ser democrática y participativa. Como se decía en dictadura y en los primeros años de la “transición”: Sin libertad de expresión no hay democracia y sin democracia no ha libertad de expresión.