Si ha de haber una institución en Chile que ha dado cátedra sobre lucha de clases, es SERVEL. Solo es cuestión de analizar su comportamiento durante el proceso de inscripción de candidaturas a convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales 2021 para comprobarlo. En lugar de facilitar la participación ciudadana, no conforme con las trabas legales prestablecidas por el aparato político de Estado, SERVEL añadió nuevas dificultades técnicas al proceso, correspondientes a la virtualización e individualización de las inscripciones, en un marco jurídico de intolerancia para con los errores administrativos.
Ignacio Libretti. CEILER. 03/2021. Para la tradición marxista, el concepto de lucha de clases resulta tan elemental como incomprendido. Descubierto por Carlos Marx en 1845, luego de aunar criterios filosóficos con Federico Engels, este concepto viabilizó la fundación del materialismo histórico, dotando al proletariado de una teoría científica de la historia que busca comprender la realidad para transformarla. Descubierto, decimos, pues el propio Marx confiesa no haber inventado la lucha de clases -ya presente en algunas obras de historiadores burgueses-, sino solamente haber cambiado su significado, identificándola con un determinado periodo histórico de tiempo y situándola al centro de las formaciones sociales de clase. Así, el principal inspirador del socialismo científico se apropió de este concepto otrora burgués, definiéndolo en términos propiamente revolucionarios.
Dicho esto, cabe preguntarnos: ¿a qué apunta Marx cuando señala que la lucha de clases se ubica al centro de las formaciones sociales de clase en un determinado periodo histórico de tiempo? Apunta a que, donde existe lucha de clases, todos los sucesos, por mínimos o remotos que parezcan, responden a sus tendencias, estando determinados en última instancia por el desarrollo económico. Por tanto, nada escapa de la lucha de clases. Eso no implica que los fenómenos sociales sean expresiones mecánicas de sus leyes, pero sí efectos orgánicos de sus disposiciones, pues la lucha de clases, a diferencia de otros marcos históricos, se caracteriza por impregnar al conjunto de las prácticas sociales, orientándolas en función de los intereses dominantes que la conducen.
La complejidad que reviste la definición marxista de la lucha de clases estriba en comprender este carácter totalizador del concepto, que lo vuelve independiente de la voluntad de sus involucrados. De hecho, en términos marxistas, la constitución de las clases sociales obedece al desenvolvimiento coyuntural de la lucha de clases, siendo aquéllas, los agentes sociales de sus tendencias históricas. Debido al lugar que ocupa en la infraestructura económica de cada formación social, la lucha de clases es la matriz que demarca el desarrollo de las superestructuras políticas e ideológicas, y con ellas, las prácticas y comportamientos de las clases sociales.
Lamentablemente, las dificultades inherentes a la intelección de este concepto, más los efectos teóricos del oportunismo en el seno del movimiento obrero, hacen que la definición marxista de la lucha de clases sea suplantada por otras acepciones del término, invirtiendo sus premisas. En lugar de comprender las clases sociales como productos históricos de la lucha de clases, tales acepciones definen la lucha de clases como la interacción política de aquéllas, atribuyéndoles una esencia trascendental que, por principio, no poseen, ciñendo su desarrollo al orden de la circulación mercantil. Así, desconocen la relación entre la lucha de clases y la producción material, desligándola del lugar donde descansa: la explotación. De ese modo, representan su ejercicio como algo voluntario, a gusto de las clases que, eventualmente, deseen emprenderla, olvidando que, en las formaciones sociales de clase, todo dialoga con la lucha de clases, motivo por el cual siempre está presente. Por tanto, las clases que niegan la existencia de la lucha de clases, en realidad, también la practican, pero en función de intereses reaccionarios.
Llevado al ámbito coyuntural, si ha de haber una institución en Chile que, en los últimos meses, ha dado cátedra sobre lucha de clases, es SERVEL. Solo es cuestión de analizar su comportamiento durante el proceso de inscripción de candidaturas a convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales 2021 para comprobarlo. En lugar de facilitar la participación ciudadana, no conforme con las trabas legales prestablecidas por el aparato político de Estado, SERVEL añadió nuevas dificultades técnicas al proceso, correspondientes a la virtualización e individualización de las inscripciones, en un marco jurídico de intolerancia para con los errores administrativos. De esa manera, creó un dispositivo institucional de rechazos, donde los sectores populares y rurales, afectos de problemas económicos y logísticos insoslayables, en plena pandemia por Covid-19, corrían en desventaja respecto de los sectores enriquecidos y urbanos, dando muestras elocuentes del carácter de clase de esta modalidad de inscripción. Por tanto, un dispositivo que, bajo revestimiento democrático, ilustra una verdad que V.I. Lenin nunca dejó de repetir: la democracia es siempre democracia de clase, concebida en favor de algunos y en perjuicio de otros.
A tono con la nueva ley de partidos, elaborada para obstruir la participación institucional de las organizaciones revolucionarias, SERVEL diseñó una plataforma de inscripciones virtuales donde cada candidato es completamente responsable de presentar su documentación, siendo el partido político mediante la cual postula, un mero espectador del proceso electoral, cuya única función legal es autorizar la postulación vía nivel central. De esa forma, la institución estatal sustrajo a dichas organizaciones facultades que, en elecciones anteriores, tenían para corregir los errores administrativos característicos de las candidaturas, quedando a disposición de las recriminaciones de los candidatos, pero sin recursos técnicos para solucionar los problemas señalados. Además, los tribunales regionales y central, responsables de proveer justicia electoral, asumieron posiciones lapidarias en materias tales como certificación de estudios medios, declaración jurada y declaración de intereses y patrimonio, rechazando todas las apelaciones por dichas causas. En suma, durante este proceso de inscripción, quedó claro que el estricto cumplimiento de la ley es también un recurso para sustraer derechos políticos, confirmando la incompatibilidad entre democracia y neoliberalismo. No es coincidencia que el nuevo director de SERVEL, Andrés Tagle, esté ligado a la UDI, ni tampoco que dicha institución haya rechazados las candidaturas comunistas de Dalivor Eterovic y Marcela Mallea, aspirantes a gobernador y alcalde respectivamente, por motivos administrativos.
A través de SERVEL, como de costumbre, la burguesía asumió la vanguardia de la lucha de clases durante el proceso de inscripciones. Ello da cuenta, primero, de la vigencia histórica del concepto; segundo, de su efectividad coyuntural; y en tercero, de las insuficiencias teóricas y políticas de las organizaciones revolucionarias para entenderla y, por extensión, conducirla. El hecho de no considerar el grado de influencia que ejerce la lucha de clase sobre los procesos electorales autoriza descuidos que, de un modo u otro, otorgan condiciones suficientes al enemigo para lograr sus objetivos. Dicho en términos materialistas dialécticos, genera las contradicciones internas necesarias para que las contradicciones externas permeen, apropiándose la situación. De ahí la necesidad de profesionalizar el trabajo electoral, teniendo en cuenta que allí se juega la defensa de la democracia frente a las embestidas del neoliberalismo.
Sin embargo, para profesionalizar el trabajo electoral, es necesario contextualizar las evaluaciones, previniendo la emisión de juicios que, movidos por las pasiones, confundan lo principal con lo secundario. Ante todo, debemos recordar que el enemigo no está dentro de las filas comunistas, sino fuera de ellas. Las nuestras son, como dijera Mao, “contradicciones en el seno del pueblo”, las cuales deben tratarse mediante la crítica y la autocrítica en términos fraternales. También debemos considerar que éstas son elecciones inéditas en la historia de Chile, ya que, por una parte, ocurren en plena pandemia, y por otra, implementan un nuevo sistema de inscripciones, basado en una ley de partidos políticos que individualiza al militante, deshaciendo sus vínculos colectivos. Finalmente, debemos tener en cuenta que, a pesar de los reveses, la clase obrera tiene candidatos en todos los niveles de representación política, cuestión que exige un partido fuerte y centralizado para capitalizar los réditos correspondientes. La profesionalización del trabajo electoral descansa en la capacidad que tengan las organizaciones revolucionarias para extraer las lecciones correspondientes y aprovechar las facultades de los cuadros que, por motivos circunstanciales, asumieron dichas responsabilidades, enfrentando a cara descubierta un proceso hecho a la medida de la burguesía. En suma, no debemos olvidar nunca la lucha de clases.
