“El gobierno de Sebastián Piñera se ha caracterizado desde un comienzo por un manejo comunicacional que cuando se trata de la población migrante residente en Chile insiste en apelar al miedo. Así, la figura del migrante es frecuentemente presentada como una amenaza, como una figura que se encuentra en una posición que supuestamente le habilitaría para disputar a los nacionales el trabajo, la vivienda, la ayuda estatal e incluso ese modo de ser y actuar que se asocia a una ‘identidad nacional’”.
Santiago. 14/03/2021. Texto íntegro de una declaración de la Comisión de Migraciones del partido Convergencia Social:
El día viernes 12 de marzo se mostraron en el noticiario nocturno de Canal 13 extractos de un video que el gobierno chileno elaboró para desincentivar la inmigración al país, video que pretende difundir en Chile y otros países de la región. Como partido mostramos nuestro rechazo tajante ante la respuesta poco humanitaria que evidencia este documento videográfico respecto de los ingresos por pasos no habilitados a Chile.
El gobierno de Sebastián Piñera se ha caracterizado desde un comienzo por un manejo comunicacional que cuando se trata de la población migrante residente en Chile insiste en apelar al miedo. Así, la figura del migrante es frecuentemente presentada como una amenaza, como una figura que se encuentra en una posición que supuestamente le habilitaría para disputar a los nacionales el trabajo, la vivienda, la ayuda estatal e incluso ese modo de ser y actuar que se asocia a una “identidad nacional”.
Lo anterior se suma a un escenario en que la pandemia nos presenta a nuestros propios cuerpos como una frontera y en que se revelan de manera brutal las profundas asimetrías y desigualdades de un sistema que hace frágil nuestra propia existencia, dando paso a un tipo de discurso en torno a la población migrante más endurecido y que lo posiciona como responsable de la sensación de vulnerabilidad que nos abruma.
El Estado se apresta a vigilar sus fronteras y a perseguir a los que denomina como “ilegales” y mientras lo hace, asevera que por medio de sus acciones no sólo vela por la “seguridad del territorio”, sino que también previene que aquellos que cruzan la frontera escapando del hambre se “arriesguen” a ser estafados y abandonados en el desierto, a vivir sin documentos de identidad, a ser desamparados por el Estado y explotados en el trabajo. Por medio de las armas el Estado chileno “también protege al migrante”, lo que tiene un alto costo público: hay que considerar que el gasto por la idea de “frontera segura” (derecho 265) asciende a más de tres mil millones de pesos (que pasan del Ministerio del Interior al de Defensa).
La migración “segura, ordenada y regular”, enunciado bajo el que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acuerdan suscribir a un Pacto Global cuyo espíritu, según establece la organización, es fortalecer la cooperación internacional en materia de migración, ha sido utilizada por el gobierno hasta la saciedad para justificar las medidas restrictivas del Ministerio del Interior, la criminalización de la migración irregular y en los últimos meses, la intervención de las fuerzas armadas en los pasos fronterizos no habilitados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Lo paradójico es que Chile es uno de los Estados que no ha suscrito al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, lo que abre una serie de interrogantes respecto a la utilización de estos conceptos por parte del gobierno actual y al tipo de subjetividad que pretende construir en la opinión pública en torno a los colectivos migrantes residentes en Chile.
Como Convergencia Social creemos en un proceso migratorio basado en la solidaridad y los derechos humanos de todos/as por igual. Solo exigimos al gobierno el mismo trato a los/las migrantes que esperamos de otros países cuando somos los/las chilenos/as quienes migramos.
Comisión de Migraciones
Convergencia Social