Repudio nacional por asesinato de joven malabarista callejero, con extendidas protestas en varias comunas del país. Alto mando tras la tesis de “la defensa propia”, con apoyo de la derecha. El gobierno más preocupado de “daños estructurales” que del crimen. El episodio aportó en la insistencia de que en el gobierno de Piñera continúan violaciones a los derechos humanos. Daniel Jadue: “Carabineros ha perdido todo respeto de la ciudadanía”. Volvieron críticas al “control de identidad”. En un año carabineros mató, disparó y ejecutó golpizas contra mapuches, niños, jóvenes y trabajadores.

Equipo El Siglo. Santiago. 07/02/2021. Otro actuar de Carabineros, con causa de muerte, volvió a generar una crisis nacional política y social, que incluyó protestas en varias ciudades del país y repudio en redes sociales, ámbitos políticos y medios de comunicación. Además, aportó otro factor en la insistencia de que en el gobierno de Sebastián Piñera se continúan repitiendo casos de uso abusivo de la fuerza por parte de la policía y violaciones a los derechos humanos.

El asesinato del joven malabarista callejero y artesano Francisco Martínez Romero, de 27 años, en la localidad de Panguipulli, causó conmoción y rabia en amplios sectores de la sociedad, a pesar de que el alto mando de Carabineros alegó “defensa propia” del sargento Juan González Iturriaga que disparó a lo menos cuatro veces contra la víctima causándole la muerte, mientras el gobierno se mantuvo al margen de alguna condena y la derecha salió a defender al uniformado cuestionando que “la izquierda” criticara “el procedimiento policial”.

Como en casos anteriores que carabineros disparó, mató y dejó heridos, los uniformados huyeron, como si fueran delincuentes o consideraran que cometieron un error, y no prestaron la ayuda sanitaria y de auxilio a quien recibió los disparos. Una mujer contó que algunas personas trataron de brindarle primeros auxilios a la víctima, a la espera de una ambulancia, mientras que los uniformados abandonaron el sitio sin prestar ayuda.

Inmediatamente surgió la inquietud en la opinión pública de que, como en todos los casos anteriores de este tipo, Carabineros hiciera un montaje, ocultara pruebas y se pusieran de acuerdo para mentir o tergiversar los hechos. Una señal que preocupó en un momento, es que el abogado defensor del agresor pidió que no fuera revelada la identidad de éste, lo que fue aceptado por el juez (algo que no ocurre con civiles acusados de matar a alguien) aunque en los medios y en redes sociales el nombre circuló.

El episodio generó una repulsa que se expresó de manera evidente en Panguipulli, lugar donde mucha gente conocía y apreciaba a Francisco Martínez, calificándolo de un joven tranquilo, colaborador y que realizaba su actividad en las calles para ganar un dinero para subsistir. Decenas de personas se manifestaron, montaron barricadas, protestaron ante la Comisaría a la que pertenecen los uniformados que participaron en el hecho, incluido el sargento González, y un grupo incendió la sede de la Municipalidad y otras oficinas públicas. Hubo manifestaciones en al menos cinco comunas de la Región Metropolitana, sobre todo Puente Alto (origen de residencia de la víctima), Estación Central, Ñuñoa y Santiago, y de Concepción, Valparaíso y Antofagasta donde la gente, como es habitual, fue reprimida por Carabineros.

Las imágenes del suceso permiten apreciar cuando el uniformado disparó al menos dos veces a los pies de Martínez, quien había reclamado por la forma del procedimiento prepotente de control de identidad, y luego el joven se va encima del sargento con unos machetes de uso para malabares, ante lo cual el policía disparó al menos cuatro balazos y lo mató. La investigación está en manos de la Fiscalía pero se adelantaron apreciaciones y afirmaciones en cuanto a que ese no puede ser el procedimiento de un policía y que los protocolos fallan en distintos casos donde actúa Carabineros. Algunos expertos señalaron que en muchos países frente a esos casos la indicación es el repliegue de los policías, uso de gases u otros elementos persuasivos, búsqueda de refuerzos, pero no el ataque a balazos. El sargento, de acuerdo a lo publicado por medios de prensa, disparó al menos seis veces contra Francisco Martínez.

Aunque hay afirmaciones contrarias, como la del jefe de la bancada parlamentaria de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, quien aseveró que “si un carabinero es atacado con machetes, no puede ser considerado culpable” y enfatizó que “en el país rige aún el Estado de Derecho por lo que nadie está sobre la ley, pero la izquierda es irresponsable al condenar un procedimiento policial y después llenarse la boca con medidas contra la delincuencia”. El parlamentario recalcó que “operó la legítima defensa en todos sus elementos” y “por lo que se ve claramente en las imágenes, este sujeto se abalanza sobre el funcionario policial con una clara intención de infringir heridas con machetes, no con un una pluma o un lápiz, sino con elementos cortantes que le podrían haber costado la vida”. En esa línea, siempre de coincidencia entre los oficiales policiales y los legisladores de derecha, el general inspector, Marcelo Araya, declaró que las imágenes del episodio “dan cuenta…que el carabinero conmina, requiere que deponga su actitud (Martínez), se realizan acciones que son de advertencia (los disparos a los pies) y después se ve claramente…un peligro inminente para la vida del carabinero”. Lamentó que “en el marco de un procedimiento policial” se produjera una muerte.

Sin embargo, en amplios sectores de la población, la sociedad civil y en voz de parlamentarios y dirigentes políticos, hay cuando menos dudas y también rechazo a la forma en que opera Carabineros. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, lamentó que el alto mando policial “inmediatamente hubiese salido diciendo que estamos frente a un caso de legítima defensa” y enfatizó que esas “declaraciones precipitadas lo único que contribuyen es aumentar una desconfianza pública que está instalada”.

El asunto es que algo que influyó en el enojo, la protesta y la consternación de la opinión pública, es que el asesinato del joven Martínez se sumó a una larga lista de víctimas a manos de Carabineros de Chile. El trabajador muerto en Maipú producto de una golpiza de varios uniformados, el asesinato de Camilo Catrillanca y las heridas graves por disparo de otro comunero, el muchacho lanzado desde altura al río Mapocho, los disparos contra niños de una sede del Servicio Nacional de Menores, la trabajadora y el estudiante ciegos por disparos de balines y bombas lacrimógenas, fueron casos anteriores a este en Panguipulli, todo lo que se va sumando en la retina y la mente de chilenas y chilenos.

La gran duda es cuándo parará todo esto, porque ni las promesas de “reforma” a la entidad policial, algo que parece estar quedando en formalidades y debates de escritorio, ni el cambio en el alto mando garantizan que se detengan actuaciones de Carabineros con resultado de muerte.

Gobierno: preocupación por “daños a la infraestructura”

Fue claro en las vocerías del ministro y subsecretario de Interior, Rodrigo Delgado y Juan Francisco Galli, respectivamente, que pusieron el foco en los daños materiales provocados por manifestantes en Panguipulli, y que los medios afines al gobierno en los titulares juntaron la muerte del joven con el incendio en la Municipalidad de la comuna.

Delgado habló del “dolor que implica perder infraestructura que es tremendamente importante” y Galli llamó a dirigir la “frustración” y las molestias hacia “aquellas personas que quemaron el municipio, que prendieron fuego a una oficina pública, dejando sin servicios a la comunidad”.

El subsecretario de Interior ocupó la mayor parte de su vocería a hablar de los destrozos y dijo poco sobre el asesinato de Francisco Martínez. De hecho, llamó a la ciudadanía no a preocuparse de este tipo de acciones de Carabineros, repetidas por cierto, sino a rechazar “la violencia” apuntando a delincuentes, que es el tono discursivo del gobierno desde el 2019. Y se fue contra representantes de la oposición. “O tenemos actores políticos que enardecen el ambiente o tenemos una clase política, una opinión transversal, que apunta hacia la condena absoluta a la violencia, sin excusas, sin unir incidentes que no tienen ninguna vinculación” (sic); queriendo separar las protestas de gente de Panguipulli del asesinato de Martínez. “No hay que minimizar el impacto que tiene para una comunidad como Panguipulli el que quemen espacios públicos”, enfatizó.

En tanto, el ministro Delgado indicó que “nada tiene que ver el operativo policial, este procedimiento que tiene que ser investigado, con el ensañamiento contra infraestructura que es tremendamente importante desde el punto de vista social”. Dijo que el gobierno lamente la muerte del joven, pero “también como gobierno lamentamos (la pérdida) de infraestructura pública de gran valor”.

En pocas frases, Delgado y Galli solo hicieron la alusión formal a que se investigará lo ocurrido en Panguipulli y que se pidió a Carabineros que entregue todos los antecedentes. Hay inquietud porque se podrían haber producidos diálogos del alto mando de la policía uniformada con autoridades de Interior que no estén en conocimiento público. El domingo, como se indicó en un despacho de un noticiero radial, en La Moneda no hubo nadie disponible para hablar del caso.

Es así que el énfasis de los máximos representantes del Ministerio del Interior estuvo en la quema de la sede municipal, la colocación de barricadas y otras protestas. En ese tono fueron las notas de medios conservadores, que iniciaron la información y desplegaron la mayoría de los párrafos a los hechos incendiarios y de violencia.

Una vez más, cuestionado el “control de identidad” y los procedimientos policiales

En torno del crimen de Panguipulli, se volvieron a abrir duras críticas al “control de identidad” diseñado por la derecha política y aprobada en el Parlamento, que permite a la policía civil y uniformada pedir el carné a cualquier persona, lo que ha resultado en actos discriminatorios y de prepotencia. Ahora el procedimiento terminó en un asesinato.

El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, expresó que “esta situación (incluidas las protestas) ha pasado debido a la inoperancia de carabineros”. Anotó que “primero, en el control de identidad (de Francisco Martínez), (es) cuestionable desde todo punto de vista. Aunque la responsabilidad la van a establecer los tribunales”.

Frente a lo ocurrido, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, apuntó en primer lugar a la “pobre respuesta de un gobierno que parece no tener control de las policías” y planteó que “hoy día lo que se hace necesario es una intervención civil inmediata” de Carabineros. Criticó que la policía uniformada “no entienden nada de derechos humanos y que tratan distinto a la gente en las manifestaciones; por clase social, si son del Apruebo o del Rechazo”. Y recalcó que “Carabineros ha perdido todo respeto de la ciudadanía”.

El director del INDH, Sergio Micco, declaró que en el caso de Francisco Martínez “hay un procedimiento muy mal ejecutado de control de identidad”. Añadió que el “protocolo no se aplicó adecuadamente” y enfatizó que “esto es algo que está ocurriendo reiteradamente”.

La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile emitió un documento donde se dijo que “la consecuencia prevista en su momento por expertos durante la tramitación legislativa del control preventivo de identidad, donde era evidente que, la ampliación de las facultades de las policías sin un debido control en su aplicación, terminaría no solo con abusos y limitaciones a las libertades civiles sino que también con un homicidio en un procedimiento policial”.

Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista (PC) sostuvo que si los carabineros «no son capaces de aplicar criterio sobre el monopolio de la fuerza, ¿por qué las leyes debiesen otorgarle tal poder? El #ControlDeIdentidad no puede ser usado como medida de hostigamiento!”.

Paula Narváez, candidata presidencial del Partido Socialista (PS), manifestó que “esto no admite dilaciones, se ha perdido una nueva vida humana en manos de agentes del Estado, la muerte de Francisco es la reiteración de un grave problemas de violaciones a los derechos humanos que vienen sucediendo en nuestro país”. Planteó que “es ahora que el gobierno debe intervenir, dejar la pasividad y tomar una acción decidida en la reestructuración definitiva de Carabineros”.

La directora de Espacio Público, Lucía Dammert, dijo en Twitter que “la burbuja del mundo político no les permite ver que sirven para aumentar la discriminación, el mal trato y estigmatizacion de algunos grupos. El poder político estructural de carabineros tiene que ser limitado”.

“En nuestro país, el orden y la estabilidad siempre han estado por encima de la vida humana…de los más sencillos”, expresó el escritor Jorge Baradit.

Impacto internacional

Lo sucedido tuvo repercusión internacional, y volvió a dar la imagen de un Chile donde la policía comete abusos e incluso crímenes contra civiles en circunstancias cuando menos enrarecidas. En círculos diplomáticos también hubo consultas y hay expectativas respecto a qué responsabilidad tiene en todo esto el gobierno de Sebastián Piñera.”

Rusia Today tituló “Un malabarista muere después de que un carabinero le disparara en plena vía pública en la región chilena de Los Ríos”. El País de España encabezó la nota con “La muerte de un artista callejero a manos de un carabinero reactiva las protestas en Chile. Un agente de la policía mató a tiros a Francisco Martínez Romero en pleno centro de la ciudad turística de Panguipulli”. En Argentina, Página12: “Carabineros chilenos asesinan a joven malabarista. Un carabinero asesinó a Francisco Martínez Romero, un joven malabarista en la ciudad chilena de Panguipulli, a 720 kilómetros al sur de Santiago. El oficial utilizó su arma de fuego. Los sables usados por Martínez Romero eran únicamente para fines artísticos y no tenían filo”. La BBC de Reino Unido difundió una nota de perfil de Francisco Martínez, informando de su asesinato. La Jornada de México tituló: “Asesinato de joven revive protestas en Chile”.

 

 

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