Cuestionamientos a proyecto para combatir el narcotráfico y el crimen organizado que partió con confrontación con el Senado, desde donde se dijo que el gobierno “es el responsable del grave deterioro de la policía uniformada, que es clave en la prevención del delito”. “Menos proyectos de ley y más acciones concretas”, planteó el senador Harboe. Desde el gobierno defendieron a ultranza el plan que contempla, como en otros casos, los infiltrados y la delación.

Gonzalo Magueda. Periodista. Santiago. 28/12/2020. Como en otros proyectos relacionados con la delincuencia y el orden público, el gobierno de derecha de nueva cuenta se vio involucrado en cuestionamientos después que el Presidente Sebastián Piñera presentara su iniciativa para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Partiendo porque apareció de manera apresurada después de unas balaceras en la comuna de Maipú en un accionar de bandas de narcos.

“El presidente Piñera replica un sistema de castigo que ha sido un fracaso en decenas de países y contribuirá a profundizar el ciclo de capital humano desechable disponible para el crimen”, aseguró el experto Eduardo Vergara, de la Fundación Chile 21, quien añadió que “en paralelo, está la impunidad efectiva para los grandes narcos y ‘los jefes’”.  En tanto, el senador Felipe Harboe sostuvo que “la gente está molesta porque sabe perfectamente que las policías saben quiénes son los delincuentes, los narcotraficantes, los que distribuyen armas en la población. La pregunta es: ¿por qué no los sacan de circulación? Eso es lo que tiene que hacer el Presidente, menos proyectos de ley y más acciones concretas, que es lo que todos estamos esperando”. En un comunicado, desde el Senado se sentenció que “la responsabilidad del gobierno en el tema queda meridianamente expuesta en diversas situaciones” relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.

El “punto de inflexión” del gobierno

En su conocido estilo de establecer énfasis mediáticos, el Presidente Piñera, al presentar el cuestionado proyecto, aseveró que “estamos en un punto de inflexión que nos obliga a actuar ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde”, pese a que los especialistas, académicos y estudios de fundaciones apuntan a que las cifras se dispararon hace rato. El mandatario recalcó que la ley para este tipo de delitos está “totalmente obsoleta y ha demostrado ser totalmente ineficaz”.

Como en otras ocasiones, Piñera apuntó al Parlamento para explicar la ausencia de políticas eficaces, colocando además al gobierno como paladín en proyectos que, sin embargo, serían modificados, rechazados o no discutidos por los legisladores. En esa línea, expresó que “este proyecto se suma a muchas otras iniciativas que hemos adoptado en nuestro Gobierno, como el plan frontera norte segura, la nueva ley de migraciones, el programa elige vivir sin drogas y una robusta agenda para fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana, la cual se encuentra hace meses e incluso hace años en trámite en el Congreso, como la ley que moderniza a Carabineros, la que crea un nuevo sistema de inteligencia, la ley de control de armas, la ley de narcotráfico, la ley contra el terrorismo, la ley de estatuto de la policía”.

Lo que no dijo el mandatario es que muchas de esas iniciativas fueron objetadas, revisadas, modificadas o quedaron en el análisis por imprecisiones, insuficiencias, tener un corte autoritario y represivo, e instalar criterios discriminatorios.

El jefe del Ejecutivo manifestó que “desgraciadamente la combinación entre las drogas, las armas, la corrupción y la violencia en cuya raíz se encuentra el crimen organizado también está amenazando con penetrar a nuestras policías, instituciones a los poderes del Estado, a nuestra democracia, como ha ocurrido en otros países de nuestro continente”.

Con la nueva ley se imponen nuevas tipificaciones y sanciones de cárcel que van de los cinco a los diez años. Los delitos serán definidos como asociación ilícita y asociación criminal. Se podrá usar “agentes encubiertos”, y se otorgarán mejores condiciones para interferir llamadas telefónicas y apoyar la delación.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, expuso que las sanciones serán menores si se detecta que “son bandas para cometer hurtos en supermercados, por ejemplo. Pero si están dedicados a una asociación ilícita para trata de personas o narcotráfico, esa banda tiene una sanción mayor. Esa es la razón de esta diferenciación”.

Desde el gobierno se insistió en establecer la dureza judicial frente al narcotráfico y el crimen organizado, aunque el proyecto se refiere poco a las capacidades y eficacia de las policías, sobre todo en la prevención de esos delitos. La iniciativa denotó cierto sesgo en caracterizaciones que tienen que ver con sectores poblacionales y no hizo consideración alguna al origen de esos delitos, que podrían indicar otra fórmula para atacarlo.

Propuestas diferenciadas

Eduardo Vergara estableció que “nuestra política contra las drogas ha sido extremadamente ineficiente en castigar a los narcos, pero eficiente en perseguir, castigar y encarcelar a jóvenes, mujeres y quienes menos tienen, o sea, sus soldados. Y eso, cuando tienen la suerte de no terminar baleados y desangrados en una esquina. Los homicidios ya han aumentado en un 33% respecto al año anterior”.

Apuntando hacia las consecuencias del proyecto del gobierno, el experto en seguridad pública indicó que “penas que pueden llegar hasta los 5 o 10 años se transformarán en parte de la nueva bitácora que recorrerán centenares de jóvenes, partiendo en el Sename, castigados y puestos en libertad una y otra vez”.

Y agregó: “En paralelo, está la impunidad efectiva para los grandes narcos y ‘los jefes’. El sistema, al basarse en cifras como detenciones y condenas, junto con seguir celebrando cantidades de droga incautada, garantiza tranquilidad a los poderosos”. Vergara manifestó que “el destino que les espera es bastante similar al que reciben algunos grandes empresarios que cometen actos de corrupción millonaria. No conocen ni van a conocer la cárcel y, gracias a sus recursos para profesionales defensas legales, volverán y seguirán en muchos casos operando con total impunidad”.

El experto de la Fundación Chile 21 planteó en un artículo, varias propuestas que deberían barajarse frente a este realidad criminal en el país. Entre ellas, enfrentar la pobreza no solo como un imperativo ético sino también como la principal condición que empodera al narco; recuperar la legitimidad y credibilidad policial en los territorios; estricta regulación financiera y contra el lavado de activos; persecución proporcional e inteligente; abordar la demanda con políticas sensatas y lejos de la obsesión prohibicionista; políticas particulares para las mujeres; regular las drogas partiendo por la cannabis y avanzando a otras; prohibición total de porte y tenencia de armas en manos de civiles y exuniformados para permitir acciones concretas sobre el mercado ilegal de armas.

Rechazo a endosar al Parlamento la responsabilidad del gobierno

Las palabras de Sebastián Piñera tuvieron efecto en el Senado, lo que provocó un comunicado de dicha instancia, donde se partió precisando que se “rechaza tajantemente las declaraciones del Presidente de la Republica y miembros de su gabinete, que han endosado al Congreso Nacional, sus responsabilidades en el fracaso absoluto del Gobierno en el combate a la delincuencia y el crimen organizado”. Se enfatizó que “la responsabilidad del Gobierno en el tema queda meridianamente expuesta en diversas situaciones”.

En el texto se indicó que “se ha hecho habitual, en estos últimos años, apuntar al Poder Legislativo, por las fallas en el control de la seguridad pública, en circunstancias que es el Poder Ejecutivo el que debe asumir que tiene el mandato constitucional y las atribuciones necesarias para llevar adelante dicha función”.

Uno de los ejemplos a que se recurrió en el comunicado, señaló: “En primer término, es el responsable (el gobierno) del grave deterioro de la policía uniformada, que es clave en la prevención del delito. Pese a los esfuerzos que se han realizado en el Senado, en el seno de la comisión de Seguridad Pública, desde donde han emanado hojas de ruta y propuestas para una reforma integral y profunda de Carabineros de Chile, el Gobierno aún no ha presentado a discusión los proyectos de ley que se requieren para mejorar de manera sustancial la legitimidad y profesionalización de la institución”.

También desde el Senado se advirtió que “una muestra cabal de la inacción del Gobierno en estos temas, es que el día de hoy, ha anunciado el envío de un proyecto de ley sobre crimen organizado, que ya había comprometido públicamente a comienzos de noviembre. Vale decir, en más de 45 días no concretó iniciativa alguna y lo ha hecho recién ante la contingencia, tras los sucesos de Maipú”, comuna donde se produjeron balaceras con muertos y heridos.

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