Debe consagrar institucionalmente la revocación de un mandato, es un requisito mínimo y no extremo, es parte del control que debe tener la ciudadanía sobre los representantes.

Fernando Bahamonde. Profesor. Punta Arenas. 01/12/2020. “Y el contenido es la crisis de hegemonía de la clase dirigente que ocurre ya sea porque dicha clase fracasó en alguna empresa política para la cual ha demandado o impuso por la fuerza el consenso de las grandes masas. Pero vastas masas han pasado de golpe de la pasividad política a cierta actividad y plantearon reivindicaciones que en su caótico conjunto constituyen una revolución. Se habla de crisis de autoridad y esto justamente la crisis de hegemonía, o crisis del estado en su conjunto”. Antonio Gramsci.

El Estado de derecho se ha transformado en un credo imposible de modificar para algunos sectores políticos, un Estado pétreo que no puede ser tocado. Situación explicable en la derecha que intentará mantener con los dientes apretados el periodo presidencial hasta el 11 de marzo del 2022. También es explicable que en algunos sectores de la oposición en medio de una profunda crisis política institucional compartan esta misma idea.

Ambos sectores aluden a la democracia como el elemento que hay que resguardar y preservar, a pesar del mal gobierno. Pero no es la democracia, incluso en su versión representativa, lo que les interesa defender.

Sebastián Piñera y su gobierno, así como los partidos de Chile Vamos intentarán hasta último momento sostener la estructura económica y política que han defendido permanentemente los últimos treinta años. En el camino jugaran a la pequeña política, intentando que aparezca desde el cielo un delfín que logre tomar la posta en la próxima elección presidencial en noviembre de 2021.

Para los personeros que hoy se agrupan en Unidad Constituyente incapaces de poder levantar una carta presidencial requieren tiempo para poder ungir un candidato o candidata. Así como preservar parte de la estructura de estos últimos 30 años, porque también fue erigida por este grupo en conjunto con la derecha.

Cabe recordar que el eterno discurso democrático del PDC perdió toda vigencia al sumarse al bando golpista en la medida que nos acercábamos a septiembre de 1973. La historia no es sólo para recordar, sino observar el comportamiento de algunos partidos históricos como el PR, que no tuvo reparo en proscribir al PCCH, aludiendo a la defensa de la democracia y años después fue partícipe en la ruptura interna de la Unidad Popular.

Por último, cabe señalar que los actuales Chile Vamos y Unidad Constituyente, pactaron entre 1986 y 1989 la transición, manteniendo al dictador como Comandante en Jefe del Ejército hasta 1998. Y es precisamente hoy esa transición la que se cae a pedazos.

Es cierto, estamos cerca de un momento histórico, el poder redactar una nueva Carta Fundamental, como nunca se ha hecho en este país. Pero la profundidad de la crisis es tan absoluta que nos debe hacer pensar en cómo terminar con un mal gobierno. No sólo se trata de falta de liderazgo de un presidente, o de respetar las reglas del juego democrático. Si no, en poder modificar el Estado de derecho que ha entrado en franca descomposición.

La política no se trata de afilar cuchillos, sino de pasar a la ofensiva cuando la crisis se despliega, tampoco se trata de ser oportunista, sino de ver oportunidades cuando cae la oscuridad.

El mal gobierno es una posibilidad cierta en una democracia representativa, pero no necesariamente debe soportarse por la supuesta legitimidad de la última elección presidencial que le dio el triunfo a Sebastián Piñera. Esa legitimidad se perdió el 18 de octubre de 2019 cuando el mismo presidente le declaró la guerra al pueblo, y se ha acrecentado producto de insensibilidad y apatía con que se ha abordado la crisis sanitaria.

Un Estado de Derecho debe consagrar institucionalmente la revocación de un mandato, es un requisito mínimo y no extremo, es parte del control que debe tener la ciudadanía sobre los representantes. La estabilidad de un estado de derecho no necesariamente implica legitimidad. Es claro que el voto es un requisito para acceder a cargos de representación popular, pero también es cierto que el tiempo que transcurre entre la asunción del cargo y el término del mandato puede estar marcado por la mediocridad y hasta el crimen por tanto extender la mediocridad o el crimen es una responsabilidad política ineludible para los órganos de control que debe tener todo gobierno como el poder legislativo y judicial.

Cuando la clase dirigente ha perdido la hegemonía, en consecuencia, el consentimiento de grandes masas de la población a causa de que las ideas que fueron dominantes han dejado de serlo, quedan dos caminos. El primero es recurrir a la coerción estatal y el otro, de lo que denominan clase política, transformar toda forma de política en pequeña política.

La pequeña política involucra el uso del Estado de Derecho en descomposición para evitar transformaciones, así como reducir toda acción política al ámbito electoral, porque en ese escenario tradicional no existen las ideas únicamente se busca encontrar salvadores de la patria para restituir el orden y estabilidad perdidas.

Ese espacio de pequeña política, que crece con el miedo a la pérdida del poder de la clase dirigente para ser extensible a toda la sociedad, un conduce a un camino insospechado de acuerdos circunstanciales y pactos electorales de la más inverosímil naturaleza. A su vez, la gran política es la tarea mayor que posee la política y se basa en construir un nuevo Estado, y para que esto ocurra se debe ir más allá del Estado de Derecho vigente que se encuentra en desintegración.