Es oscuro el panorama en entidad rodeada del repudio, cuestionamiento, desconfianza e inquietud de amplios sectores del país, tanto sociales como políticos y de derechos humanos.

El Siglo. El Editorial. 19/11/2020. El país está viviendo la dramática paradoja de que su policía uniformada está convertida en un peligro criminal, dado el constante accionar delictivo, abusador, descontrolado, desproporcionado y de violaciones a los derechos humanos, constatado en diversidad de sucesos repetidos en diferentes circunstancias, sobre todo en los últimos trece meses.

Ahora, personal de Carabineros aparece responsable del baleo de dos adolescentes en el interior de una sede del Servicio Nacional de Menores (Sename), lo que genera inquietud de hasta dónde podrá llegar ese accionar abusivo y desproporcionado de ese cuerpo policial.

La seguidilla de episodios de vulneración de derechos, como el derecho a la integridad física y la vida, por parte de funcionarios de Carabineros, está acreditado en decenas de procesos judiciales y administrativos, en denuncias y querellas de al menos cinco organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, de la Defensoría del Niño y en causas abiertas por el Consejo de Defensa del Estado. Por cierto, en eso se incluyen los casos de corrupción, delitos fiscales y financieros, ocultamiento de evidencias, alteración de instrumentos públicos, invento de versiones, cohecho, coordinación para mentir.

Lo ocurrido en el Sename de Talcahuano no tiene explicación técnica ni humana posible, donde funcionarios policiales disparan a jóvenes (por cierto desarmados) en medio de un enfrentamiento o conato. Peor aún, que el Prefecto de la zona y altos mandos de Carabineros salgan estableciendo “un empate” entre los menores baleados y un carabinero lesionado, diciendo que lo ocurrido fue un incidente o accidente (refrendado por los medios de prensa afines al gobierno y a los generales), indicando que la institución protege de niños y adolescentes y desvirtuando el real sentido del suceso.

Una vez, el alto mando regional y nacional no asume responsabilidad alguna y todo indica que esta será otra indagatoria larga y confusa, sin que se verifique adecuadamente procesamientos y condenas a las o los autores de disparo a dos menores de edad.

Así mismo, hay una responsabilidad directa e institucional del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ya que esa cartera es la responsable de la conducción de las policías. Todo apunta a que, como sus ex colegas en el cargo, Delgado eludirá dicha responsabilidad.

Lo ocurrido en Talcahuano es extremadamente grave y habla de un continuo en la decisión de Carabineros de actuar fuera de cualquier protocolo y poniendo en riesgo la vida de jóvenes y adultos, incluso dentro de una sede de cuidado a niños y adolescentes.

En este cuadro, se produjo la salida del general director, Mario Rozas, algo exigido hace alrededor de un año por distintos sectores sociales y políticos del país. No daba más en el cargo y lo del Sename superó cualquier circunstancia para el alto oficial. Pero eso no significa que los serios y profundos problemas de Carabineros se terminen; todo sigue igual. Nada garantiza la llegada del general Ricardo Yáñez, sobre el cual también hay cuestionamientos y ocupó cargos determinantes en el periodo de graves irregularidades, abusos y represión por parte de la policía uniformada. Se le pidió encabezar la reforma de la institución, algo que ya se le había pedido a Rozas, sin ningún resultado.

Es oscuro entonces el panorama en Carabineros, entidad rodeada del repudio, el cuestionamiento, la desconfianza y la inquietud de parte de amplios sectores del país, tanto sociales como políticos, en el ámbito de los derechos humanos e instituciones públicas y ciudadanas. El contraste: El Presidente Piñera les rinde permanente reconocimiento con cero autocrítica de lo obrado y llegando a decir que los dos menores baleados por funcionarios policiales, son casos de “accidentados”.