Se comenzaba por desnudarlas, amarrarlas, taparles la boca, tirarlas al suelo mientras se ponía música a altísimo volumen y se les aplicaba electricidad en senos y vagina.

Eduardo Contreras. Abogado. 17/11/2020. Fue el 12 de enero de 1998 que en nombre del Partido Comunista un grupo de abogados presentamos la primera querella criminal en contra de Augusto Pinochet y demás responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura instaurada en nuestro país por el gobierno norteamericano y la derecha y la ccntroderecha chilenas, todos ellos autores del golpe de Estado de 1973.

Esa primera acción penal permitió iniciar el conocimiento de toda la verdad  respecto de las violaciones de los derechos humanos y abrió la posibilidad de procesar y condenar a los culpables del genocidio. Tras la querella del 98 siguieron cientos de otras, la mayoría en curso hasta nuestros días. En su desarrollo han trabajado decenas de destacados abogados, procuradores y jueces de dedicación exclusiva a lo largo de todo Chile.

Nuestro Poder Judicial -cuya Corte Suprema apoyó el golpe del 73 y que nada hizo en dictadura- se ha reivindicado ante la historia.

Por aquellos días de 1998 en que cursamos esa querella fue conmovedor que desde la lejana Europa viajaran a Chile algunas compañeras en busca de verdad y justicia. Se trataba de un grupo de compatriotas que habían vivido terribles experiencias y estaban radicadas desde hacía años en el extranjero. Algunas vinieron, otras nos enviaron los respectivos mandatos con lo que preparamos y presentamos su querella por torturas.

El  caso se  denominó “Venda Sexy” por el lugar en que esos terribles hechos sucedieron. Y así fue como Sara, Beatriz, Cristina, Maritza, Elena, Fidelia, Verónica, Ida, Marta, Bernardita, Nora, Fátima, Ana, Olivia, Laura, Carmen, Ingrid, entre varias otras, fueron de las primeras víctimas en encomendarnos la investigación y juzgamiento de crímenes de la dictadura.

Pero sucede que por aquel tiempo la decisión de los Tribunales era la de investigar sólo casos de detenidos desaparecidos, relegando al olvido los casos de ejecutados y de torturados. Lo que explica que a los pocos meses ese expediente “se extraviara” para nunca más reaparecer. Fueron inútiles las múltiples gestiones de esos tiempos.

Sin embargo, el Estado chileno no tenía conciencia de la tenacidad de las víctimas y entre ellas de estas compatriotas que habrían de volver a la carga en su accionar judicial. Y por otra parte, venciendo la resistencia de los gobiernos de turno y logrando variados y numerosos apoyos, fuimos consiguiendo que, conforme a Derecho, se investigara no sólo los casos de detenidos desaparecidos, sino también de los ejecutados políticos y de los torturados.

Nunca se olvide que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables. Así se explica que exista el proceso rol N° 73-2016 del 34 Juzgado del Crimen de Santiago, a cargo del Ministro de Corte don Mario Carroza, y que hoy comentamos porque este 5 de noviembre y a partir de la foja número Cinco mil ochocientos veinticuatro de ese voluminoso expediente, puede leerse la Sentencia de primera instancia.

Se trata precisamente del llamado caso “Venda Sexy”. Así se caratula el proceso en que constan las violentas torturas y agresiones sexuales con la que militares, carabineros y policías civiles de nuestro país trataron a aquellas compañeras ya fuera porque se atrevían a denunciar los crímenes o simplemente porque se trataba de mujeres con un pensamiento democrático y progresista. Los hechos se registraron entre los años 1974 y 1976 y las prisioneras eran jóvenes veinteañeras, profesionales o estudiantes universitarias que, en general, militaban o eran cercanas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.

En la resolución judicial de que hablamos se relata cómo eran violentamente capturadas y llevadas luego a la rotonda de Quilín, calle Irán N° 3037, esquina de Los Plátanos, a aquella casa de dos pisos que se conoció como de la “Venda Sexy” y en donde las compañeras eran sometidas a toda clase de tormentos. Se comenzaba por desnudarlas, amarrarlas de brazos y piernas, taparles la boca, tirarlas al suelo mientras se ponía música a altísimo volumen y se les aplicaba electricidad en senos y vagina, las manoseaban, algunos de los captores se masturbaban frente a ellas, para luego someterlas a ser violadas por un perro especialmente adiestrado. Luego serían objeto de las peores atrocidades sexuales imaginables en manos de sus captores que les causaron numerosas, violentas y diversas heridas físicas o psicológicas, muchas vigentes hasta nuestro tiempo.

Así actuaron esos a los que se ha llamado nuestros “valientes soldados”

Algunas de las prisioneras fueron trasladadas más tarde a lugares de prisión y torturas como Villa Grimaldi, por ejemplo, o a otros campos de concentración. El promedio de su encierro y torturas es entre dos a tres años. Entre los torturadores figuran, entre otros, los nombres de German Barriga, Raúl Iturriaga Neumann, Moren Brito, Krasnoff Marchenko, Osvaldo Romo, Lauriani, Basclay Zapata, Ingrid Olderock.

Los tipos penales de este proceso son los de Secuestro Calificado, Aplicación de Tormentos y Violencia Sexual. El fallo sólo dispone la condena de Raúl Iturriaga, general del Ejército, Manuel Rivas, subcomisario de la PDI, Hugo Hernández, funcionario de la PDI y Alejandro Molina, suboficial de Carabineros. Los tres primeros a 15 años y un día de cárcel y el último a una pena menor.

Sucesos como estos jamás deben olvidarse y menos ocultarse a las actuales generaciones porque son parte de nuestra realidad, de nuestra historia contemporánea.

Nos muestran el extremo a que llegan los sectores reaccionarios de la sociedad chilena  cuando sienten amagados sus privilegios. La implantación de la dictadura de Pinochet fue su venganza por los cambios en favor del pueblo realizados por Salvador Allende y la Unidad Popular.

Los de “Venda Sexy”, como tantos otros, son hechos terribles y concretos que nos muestran el grado de corrupción moral y material así como la patología criminal que existió al interior de los institutos armados de nuestro país. Fue, como dijimos, parte también de la cruel y sangrienta venganza de los grandes sectores empresariales y de los políticos reaccionarios.

No olvidemos a la par que, como nunca antes, los privilegios materiales de nuestros uniformados han llegado en los últimos años a excesos que hubieran sido increíbles en el pasado. Y, en paralelo, ha llegado la corrupción de sus mandos, en lo que no me parece necesario extenderse por ser materia de todos conocida.

¿Cuánto de esta dura realidad  podrá cambiar?

A  pesar del tiempo trascurrido, no pocos de los políticos y empresarios de la época y que impulsaron el genocidio siguen vivos y activos.

Leo y releo la sentencia y surge la pregunta inquietante. ¿Nunca más habrá en Chile crímenes de lesa humanidad? Mucho depende, por cierto, de que, por una parte, se asuma estas realidades históricas y que, por otra, se consolide la unidad de los sectores democráticos y progresistas a objeto que se recupere el verdadero papel de Estado. Y que el proceso constituyente que ya empezamos a vivir sea comprendido a cabalidad en toda su inmensa importancia para lograr una nueva normativa jurídica superior en cuyo centro se ubique el respeto real a los derechos del ser humano.