El caso de Rolando Robledo simboliza la realidad que enfrentan personas heridas por  agentes del Estado. No pueden desenvolverse de manera normal y no produce ingresos económicos.

Daniel Núñez. Diputado. 17/11/2020. La represión que ha ordenado el Presidente Sebastián Piñera en contra de los y las manifestantes ha sido brutal y despiadada. Por algo en las movilizaciones el pueblo inventó un cántico: “Piñera, csm, asesino igual que Pinochet”.

Desde el 18 de octubre de 2019 su prontuario policial ya suma decenas de muertos y miles de heridos. Tanto Carabineros como el Ejército se han vuelto a manchar sus manos con sangre para defender el orden neoliberal ante el avance de la lucha popular. Su brutalidad ha dejado a centenares de jóvenes ciegos o con graves traumas oculares por el uso de balines o lacrimógenas. Gustavo Gatica y Fabiola Campillay son los símbolos del flagrante atropello a los derechos humanos de parte de la policía.

En la Región de Coquimbo, distrito que represento, conocí directamente la desproporcionalidad en el uso de la fuerza de parte de una patrulla militar que el 20 de octubre de 2019 disparó a diestra y siniestra en contra de manifestantes y no manifestantes en las afueras del Mall Plaza de La Serena. La lluvia de balas provocó la muerte del joven Romario Veloz y dejó heridos de gravedad al trabajador Rolando Robledo y a César Veliz. En la comuna de Coquimbo también asesinaron a Kevin Gómez.

Tras las heridas a bala que recibió Rolando Robledo -estuvo 1 mes y medio hospitalizado en coma- quedó con parálisis parcial, lo que limita severamente su capacidad para desplazarse. Por lo tanto, está incapacitado para trabajar. Ya no puede mantenerse a sí mismo ni a su familia. Solo recibe ayuda de sus parientes. Cero del Estado.

Creo que el caso de Rolando simboliza la dura realidad que enfrentan todas aquellas personas que han sido heridas por los agentes del Estado. Ya no pueden desenvolverse de manera normal y por lo mismo no produce ingresos económicos.

Para intentar contribuir a la solución de este grave menoscabo laboral, ingresé una indicación en la discusión del Presupuesto para el año 2021 que reduce a 1 peso los 1.810 millones de pesos que dispone el Presidente Sebastián Piñera para uso de Gastos Reservados. La idea es financiar con esos recursos una pensión de subsistencia equivalente a un ingreso mínimo mensual a toda persona que haya sido acreditada como víctima por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Resulta increíble que aún Piñera mantenga en el cargo al general Mario Rozas y que haya aceptado la renuncia de 3 ministros del Interior. Resulta increíble que, pese al historial criminal, el Presidente Piñera continúe a la cabeza de La Moneda como si nada hubiera pasado. Por menos delitos a sus espaldas y ante la presión ejercida por la movilización popular tuvo que dimitir el breve exmandatario peruano, Manuel Merino.