Los dos grandes proyectos país a debate y competencia para lo que sería la nueva Carta Magna. Dos factores presentes en elección de convencionales y nuevo texto constitucional.

Hugo Guzmán. Periodista. 13/11/2020. Entrevistado en Radio Nuevo Mundo, el encargado de relaciones políticas del Partido Comunista (PC), Juan Andrés Lagos, afirmó que “la Convención Constitucional es un campo en disputa, y por tanto, la oposición debe enfrentar la elección de convencionales con la mayor unidad posible”.

Lagos puso sobre la mesa un tema central que está en medio del proceso constituyente y es que en la Convención, que nada más y nada menos tendrá que redactar la nueva Constitución, se disputarán las concepciones fundamentales de un texto constitucional y el proyecto país al que se aspira. Por tanto, será un terreno en disputa entre los convencionales que, se quiera o no, representarán distintas posturas ideológicas, políticas, de idearios y proyectos nacionales.

Hace unos días se viralizó en las redes sociales un video de artistas que evocaban unas palabras de Miguel Enríquez, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), muerto en combate en 1974, respecto a que “las constituciones expresan intereses de clase y correlaciones de fuerza”.

Eso, en el camino de que una Constitución, primero, va a expresar los intereses que surcan a una sociedad, y que tiene que ver con el proyecto de país que se busca y, segundo, que una Constitución expresará la correlación de fuerzas que existirá para estructurarla, es decir, quiénes tendrán las mejores posibilidades de incidir en su redacción y característica.

En ese contexto, entran en confrontación o al menos en debate, sectores sociales, políticos e ideológicos. Cuando menos, como lo señaló el intelectual Franck Gaudichard, “un proceso constituyente siempre es producto de una negociación política y social”.

En definitiva, y más allá de buenas palabras expresadas por personeros políticos, abogados o académicos, en el caso chileno hay una disputa entre las posiciones conservadoras, neoliberales, autoritarias, pinochetistas, de la derecha e inclusive de continuidad en aspectos de la Carta Fundamental heredada de la dictadura, y las posiciones progresistas, democratizadoras, transformadoras, antineoliberales y de izquierda.

Ahí estribaría la disputa fundamental y en torno de eso se verá la correlación de fuerzas existente a favor o en contra de esos planteamientos.

Es así que un paso concreto que tienen las fuerzas conservadoras y transformadoras es conseguir el triunfo más holgado posible en la elección de convencionales que participarán en la Convención Constitucional.

Con una ventaja o trampa a favor de la derecha, como lo planteó en la entrevista Juan Andrés Lagos, dado en el acuerdo político del año pasado entre partidos oficialistas, la ex Concertación y algunas colectividades del Frente Amplio que establecieron un quórum de 2/3 para aprobar las materias del nuevo texto.

Ahora, desde la oposición, el movimiento social y la sociedad civil se planteo otro factor no menor. Que en la disputa en la confección de la nueva Carta Magna y en la construcción de una correlación de fuerzas, se considere el papel decisivo de cabildos y asambleas territoriales y sectoriales que van a funcionar y debatir, y que sacarán conclusiones y propuestas.

No en vano, un editorial de El Mercurio, que representa la línea de pensamiento conservador y de derecha, llamó a que “las aspiraciones ‘asambleístas’ no tengan cabida en la Convención”, cuando a contrapunto el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, dijo que “la Convención debería prever audiencias con representantes de los cabildos…Harían mal si se oponen a eso y se van a encerrar a un edificio”.

Eso, de acuerdo a declaraciones de dirigentes sociales y políticos, y documentos de organizaciones populares, tiene que ver con que “la calle”, la movilización y la expresión popular deberá estar presente en el proceso que viene. Es decir, no todo debería estar acotado a la Convención Constitucional. A lo anterior, por cierto, se oponen el gobierno, la derecha, los segmentos pinochetistas y los poderes económicos que insisten en que todo esté acotado a la Convención y al acuerdo político del año pasado.

Temas gravitantes y que parecen decidores en un proceso que tomará más forma a partir de abril del 2021 cuando comience a operar el órgano que redactará la nueva Constitución, pero que tiene antes la impronta determinante de la elección de convencionales el 11 de abril próximo.

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