Desafíos y peligros ante la Convención Constitucional y discusión sobre nueva Constitución, abordados por el politólogo francés Franck Gaudichaud.

Fabien Escalona. Mediapart. París. 06/11/2020. La significación del resultado del plebiscito, los peligros que asechan al proceso constituyente y a la Convención Constitucional, la traba de los 2/3 para aprobar contenidos de la nueva Constitución, el papel del Partido Comunista, el rol de la derecha, son algunos de los temas que trató en entrevista el politólogo francés, Franck Gaudichaud, un especialista en temas latinoamericanos y particularmente sobre la realidad chilena.

¿Cuál es la importancia histórica del referéndum del 25 de octubre?

En la historia de dos siglos de la república chilena nunca ha habido una asamblea constituyente elegida por sufragio directo. Este ya es un primer elemento destacable. Después, el voto del domingo pasado marca, obviamente, el final de la Constitución maldita de la dictadura. Claramente los partidarios de la democratización del país han logrado una victoria. Por lo menos, es un primer paso, pues los obstáculos siguen siendo muy numerosos. Esto ha sido posible gracias a la presión del movimiento popular. Hace un año y un mes parecía imposible cambiar la Constitución a brevedad. Esta brecha es una consecuencia directa de la rebelión de octubre de 2019, que obligó a la “casta” política a abrir una puerta. Asistimos a un nuevo resurgimiento del pueblo como sujeto político, cincuenta años después de la Unidad Popular, mientras que estos 30 últimos años la vida política funcionó a la inversa, con una pequeña casta, estrechamente vinculada con el oligopolio económico, que gobernaba y dominaba una sociedad atomizada y fragmentada por el neoliberalismo.

¿Cómo analiza la amplitud de la participación y el resultado por el “apruebo”?

En Chile la abstención creció mucho desde hace 15 años y era mayoritaria en muchos procesos electorales. Ciertamente, ahora con el referéndum, la participación ha sido mayor que durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2017, con 500.000 votantes más, pero todavía es una participación modesta (En las elecciones presidenciales de 2006 participó más del 87 % de los votantes. Nota de la Redacción). Esta participación se puede considerar decepcionante y muchos son los electores que quisieron marcar su escepticismo frente a este plebiscito, incluso desde la izquierda radical con una abstención activa denunciando este domingo de voto como un nuevo engaño de la “transición”.  Pero también hay que considerar el contexto de la pandemia que sufrimos y un día de voto que ha sido instrumentalizado por la extrema derecha en una «campaña de terror» consistente en señalar el “caos” al que llevaría el referéndum.

No me sorprende la victoria del “apruebo”, pero sí su amplitud. Con más de dos tercios de los votos, se demuestra que existe en el país una demanda muy amplia de acabar con la Constitución de Pinochet y su herencia, demanda que va más allá de las izquierdas y de los movimientos populares.

El “sí” a una nueva asamblea para redactar la Constitución ha recibido el mismo apoyo masivo, que curiosamente ha sido incluso ligeramente superior al voto por el cambio de la Constitución.

Sí, se ve incluso que una parte de las personas que votaron contra el cambio consideraron que si éste se va a efectuar, que sea por medio de una “convención constitucional”. Lo que señala este resultado es un rechazo masivo a la clase política. Pocas personas se han pronunciado a favor de un proceso que incluya a los parlamentarios actuales y a favor de la opción de “convención mixta”.

El vapuleo es particularmente duro para la derecha chilena, que está noqueada. Salvo su sector liberal, mayoritariamente hizo campaña por el “no” al cambio constitucional. Por lo tanto, el voto del domingo también es un voto-sanción al gobierno derechista de Sebastián Piñera. Este voto ya ha conseguido fracturar a la derecha y a cada uno de sus partidos, incluida la UDI (Unión Demócrata Independiente), el sector más duro. Así, esas controversias la sacuden en la perspectiva de las elecciones presidenciales de 2021, con el temor de verse excluida en la segunda vuelta. Sin embargo, hay que señalar que esos partidos seguirán siendo hegemónicos en el proceso constitucional y electoral, cuyo desarrollo se negoció “a puerta cerrada” en noviembre de 2019 con un pacto firmado entre la derecha y la mayoría de los partidos de la oposición, con el apoyo del Ejecutivo.

¿De qué manera? Y más ampliamente, ¿cuáles son los límites del futuro proceso con respecto a las reivindicaciones del movimiento popular?

No se trata de una Asamblea Constituyente (AC) del tipo de la boliviana (2006), muy abierta a la influencia de los movimientos sociales, ni de un sufragio que se hará mayoritariamente con personas no profesionales de la política, al contrario de lo que se dice aquí y allá. Se habla en Chile de “convención constitucional” y no de un AC libre, plurinacional y soberana. Los viejos partidos de la élite intentarán controlar todo el proceso.

Al día de hoy no se sabe cómo podrán presentarse las personas “independientes”, o sea la sociedad civil movilizada. Una parte de la izquierda parlamentaria propone, de momento, dejar espacios en sus listas a los representantes del movimiento popular, pero todavía no hay nada de esto regulado. Por otra parte, el día de la votación, el próximo 21 de abril, habrá al mismo tiempo elecciones municipales y a gobernación, con las grandes maquinarias electorales que desplegarán su experiencia…¡y sus medios financieros!

La segunda limitación reside en el hecho que el “pacto” de noviembre (Se refiere al acuerdo políticos entre la derecha, la ex Concertación y unos partidos del Frente Amplio. Nota de ES) indica que todos los artículos del nuevo texto deberán ser validados por una mayoría cualificada de dos tercios…Pablo Longueira, una figura de la derecha dura, celebró públicamente que su campo posee así una especie de “derecho de veto” sobre la futura Carta Magna.  De hecho tendrá una minoría de bloqueo, a menos que consiga muy pocos representantes, lo que es poco probable en el Chile realmente existente hoy. Es decir que parte de los “viejos” artículos de la Constitución neoliberal autoritaria pueden ser reintroducidos en la “nueva” Constitución por estos actores. Sin hablar del peso de los partidos social-liberales de la exConcertación, que fueron artífices de la consolidación neoliberal durante 30 años. Además se ha decidido dejar de lado asuntos centrales del debate como los tratados internacionales, incluidos los relativos al libre comercio.

¿Todo esto tiene el riesgo de limitar los derechos sociales y medioambientales que podrían ser consagrados por un nuevo texto? ¿A pesar de todo se ha abierto una brecha para reconocer la diversidad del país, en particular los pueblos autóctonos?

Un proceso constituyente siempre es producto de una negociación sociopolítica. Pero en este caso se restringe el proceso antes de comenzar y una vez más, en Chile, el riesgo es que ese nuevo pacto constitucional se haga “en la medida de lo posible”, como la transición democrática de 1988-89 con un Pinochet que quedó como jefe de las Fuerzas Armadas y senador vitalicio.  Esta vez los conservadores, y también una parte de los antiguos partidos de la “Concertación”, la coalición social-liberal que gobernó el país desde 1990 a 2010, harán todo lo posible para no limitar el derecho de propiedad o, por ejemplo, cambiar el código del agua, que es uno de los más neoliberales del mundo.

Dicho esto, además de la existencia del propio proceso, hay elementos importantes. La convención será paritaria -por primera vez en el mundo-. Está garantizada una representación de los pueblos autóctonos, aunque todavía hay que definir el equilibrio entre los mapuches (mayoritarios) y los demás. Los movimientos populares y parte de las izquierdas son conscientes de que es necesario mantener la presión “desde abajo” para que la brecha de la transformación del orden social y político permanezca abierta. La “convención constitucional” será solo una etapa en un momento de disputa más amplio, donde habrá riesgos y oportunidades para las fuerzas antineoliberales y anticapitalistas.

¿Cómo se sitúa el movimiento social con respecto a la izquierda instituida? ¿Existe la voluntad de conseguir una representación autónoma?

Parece difícil levantar una nueva fuerza política popular de ahora al próximo mes de abril. Pero se están dando esas discusiones, porque Chile pasó de un ciclo destituyente a uno constituyente. Por lo tanto, el contexto cambió con respecto a octubre de 2019. Además, en noviembre de 2019, mientras la revuelta estaba en pleno apogeo y tras la mayor huelga nacional desde el final de la dictadura, varios dirigentes del Frente Amplio (izquierda alternativa) firmaron el acuerdo “para la paz y una nueva Constitución” con la derecha parlamentaria, acuerdo que incluye todos los límites mencionados. Eso provocó una crisis que ha conducido a su explosión y a la separación de su ala izquierda.

El Partido Comunista no firmó ese acuerdo. Simplemente no le invitaron, pero eso le coloca en mejor posición que a otros con respecto a las revueltas de octubre. Es una fuerza modesta en el Parlamento, pero Daniel Jadue, alcalde de la comunidad de Recoleta en Santiago, es una figura popular, actualmente testado con éxito en las encuestas para la presidencia, donde estaría a la altura del conservador Joaquín Lavín. Y el PC mantiene un pie en varios movimientos sociales. Para la ex-Concertación sería una pesadilla que ganase el acceso a la segunda vuelta, lo que le obligaría a negociar un acuerdo en una posición subordinada con respecto al PC.

(El Siglo es Soberanía Informativa. Información para el Conocimiento. Por ello es generador de contenidos que contribuyen al análisis, el debate, la profundización temática)

 

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