Les ahorraron millones de dólares y de pesos mientras casi no sube el salario mínimo y el 50% de trabajadores gana 400 mil pesos al mes. Después se dice que no se vino venir la protesta social.

Editorial de El Siglo. 30/10/2020. No había pasado un mes desde que a Julio Ponce Lerou, magnate de Soquimich (SQM), le bajaron 60 millones de dólares por una multa que debía pagar, cuando a los dueños del Grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, los beneficiaron con una rebaja de mil 400 millones de pesos que debían pagar en el marco de delitos tributarios.

Las decisiones de beneficiar a estos multimillonarios fueron tomadas por organismos del Estado con el silencio y complacencia del gobierno.

En efecto, la Corte Suprema cerró el “Caso Cascadas” por operaciones fraudulentas e infracciones a las leyes de valores y sociedades anónimas cometidas por Ponce Lerou, bajando la multa a pagar por el ex yerno de Augusto Pinochet, de 63 millones de dólares a solo 3 millones de dólares. En tanto, el Servicio de Impuestos Internos, comandado por Fernando Barraza, decidió por su cuenta evitarle a Délano y Lavín el pago de mil 400 millones de pesos aduciendo que eran descontables del pago de abogados que los defendieron ante el proceso por delitos fiscales y tributarios.

En ambos casos, el Estado ayudando a delincuentes financieros y tributarios en base a tecnicismos y normativas que existen en el país para favorecer a los poderes financieros. Por cierto, en la opinión pública surgieron las sospechas de corrupción.

Estos beneficios a multimillonarios que cometieron delitos, se produce en el marco de las movilizaciones ciudadanas persistentes y después de la revuelta social en que unos de los reclamos más sentido es terminar con los abusos y las prerrogativas a los grandes empresarios y financistas, y a los grandes consorcios privados.

Los episodios de Ponce Lerou, Délano y Lavín marcan que todo sigue igual en el país pese a la demanda social y a las promesas del gobierno, empresarios y sectores políticos.

Más aún, en un hecho indignante, Barraza, director del SII, en vez de responder con transparencia y argumentos a la denuncia del perdonazo que le dio a los dueños del Grupo Penta, puso su amenaza en buscar a culpables de la filtración de la información y está detrás de la persecución que se quiere iniciar en contra de periodistas y legisladores que informaron y denunciaron esta situación.

Todo se produce cuando el gobierno hace enormes esfuerzos por procesar y condenar a quienes cobraron irregularmente 500 mil pesos de ayuda a la clase media y les exigen que devuelvan ese dinero, cuando el salario mínimo subió unos escuálidos 6 mil pesos y se informó que el 50% de los trabajadores chilenos gana unos 400 mil pesos mensuales.

Estos son precisamente los casos que enojan y frustran a millones de chilenas y chilenos que ven cómo continúan los beneficios para los ricos y grandes financistas, y las presiones y dificultades para los pobres y las familias trabajadoras.

Después, desde las elites, dicen que “no lo vieron venir” cuando se producen estallidos sociales y revueltas ciudadanas. Después, se llenan de análisis para explicar las reacciones populares, las desconfianzas, la ira y la impotencia de la mayoría de la población.

Los recientes casos de Ponce Lerou, Délano y Lavín ejemplifican que Chile sigue siendo un país de abusos y desigualdades. Que hay una justicia para los multimillonarios y otra para la población que apenas tiene ingresos para vivir dignamente.

No bastan los argumentos jurídicos, técnicos y burocráticos ante tan vergonzosos episodios. Entre otras cosas se ve que, por ejemplo, la condena a los dueños de Penta a ir a clases de ética, no sirvieron absolutamente de nada, fue un mal chiste.

Sigue demostrado, por lo demás, que las instituciones del Estado y las normativas constitucionales y legales, están al servicio de los poderosos y de los más ricos del país.

Todo esto tiene y tendrá repercusión en las formas que proteste y se manifieste la población, es inevitable. Ante lo cual este gobierno no da respuestas, sino que recurre a otra institución que protege a los poderosos: Carabineros.

 

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