Historiadores, sociólogos, cineastas, músicos y educadores proyectan temas en educación, cultura, medioambiente, transparencia y nuevas audiencias.

Carlos Salazar. Periodista. 25/10/2020. Luego de 36 años de uso, la Constitución de 1980 ha sufrido cerca de 200 modificaciones en sus capítulos más controversiales, pero sigue generando roces con las libertades y derechos que asegura proteger. El plebiscito del 25 de octubre, de manera inédita convocó a la sociedad a discutir el futuro de un país expectante desde la formación de sus ciudadanos, la inclusión y la multiculturalidad.

En cuanto a un derecho fundamental como la educación pública y de calidad, la educadora y profesora de historia, Beatriz Areyuna, sostiene que estamos ante la posibilidad de delinear el marco para tener esta urgente discusión en la que los actores educativos son unos de los principales protagonistas. La decana de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Academia Humanismo Cristiano (UAHC), estima que, a la hora de escribir una nueva Constitución, estos derechos “no deben quedar sólo en una declaración de intenciones sino incluir mecanismos concretos para la definición explicita acerca del rol del Estado en la educación pública reconociendo principios de inclusión y diversidad, que se asegure el financiamiento de una educación de calidad y pública además de un trato justo con el profesorado”.

En tanto, la filósofa Cecilia Sánchez, también cree que la garantía de una educación de calidad es un aspecto relevante para la ciudadanía a ser considerados en la discusión. “El gobierno actual habla sobre una libertad de enseñanza, pero lo ha puesto en términos mentirosos porque realmente, la educación es manifestada como si fuese exclusivamente un problema de las familias cuando en realidad es un tema país que ha generado factores tremendamente disgregadores”, asevera.

Sobre las artes y su vinculación con la educación y una nueva Constitución, el realizador cinematográfico, Miguel Ángel Vidaurre propone -después del plebiscito- delinear la alfabetización de nuevas audiencias como insumo para enriquecer la creación cultural futura en toda disciplina. “Quizás a nivel de planteamientos educativos la Constitución debería considerar esto. Siento que es algo clave y sea cual sea la definición que se tiene de cultura, claramente hace falta fortalecer ese proceso sistemático de alfabetización social. La alfabetización visual, cultural y artística, es un tema con el cual tenemos una deuda desde hace 40 años y nos hemos quedado muy desfasados en ese sentido”, cree el académico de la misma casa de estudios, sobre un fomento artístico de tipo cultural estatal.

Coincide con él, el ex músico de la banda Fulano, Jaime Vásquez, en cuanto a que el arte es una actividad de iluminación más que de recreación. “Por ello debe estar inserto en la discusión de cara a una nueva Constitución. Hay un concepto muy preciso, que es ‘la legitimación del otro como un legítimo otro’. Pensar en la sociedad y que somos parte de ella nos exige reencontrarnos con el otro y para ello la música o el arte en general, nos ayuda a observar la realidad de otra manera y transparentarla”, remarca.

Hacia una nueva institucionalidad ambiental

Sobre la institucionalidad ambiental y el cómo este proceso constitucional, que se inaugura con el plebiscito, puede fortalecer el acceso a un medio ambiente limpio, geógrafos como Daniela Escalona y Yohann Videla, sostienen que la página en blanco puede apuntar a mejorar el rol estatal como mero administrador de recursos naturales para el sector privado. Mientras la especialista en conflictos ambientales, desarrollo y medio ambiente, sostiene que la tensión, disputa y competencia de bienes como el agua, la minería y el uso de los suelos entre actores privados y comunidades locales debe resolverse de manera institucional, el experto en glaciares agrega que el mecanismo para que la protección del ecosistema sea una cuestión institucional, también se debe apunta a una educación sobre patrimonio ambiental y un acceso público garantizado a estos espacios.

“Creo que en la nueva Constitución debe existir un decreto que diga cómo proteger estos territorios y recursos además de instrumentos legales efectivos que permitan monitorearlos. La sociedad chilena debería tener una postura de este tipo en la asamblea constituyente, tanto desde una perspectiva climática como de preservación futura”, sostiene Videla.

El plebiscito del 25 de octubre, además de proponer las alternativas de mantener o cambiar la Constitución actual, las opciones sobre qué mecanismo se utilizará para redactar la nueva constitución: una convención constituyente compuesta solamente de personas electas para ese efecto o una convención mixta, formada en un 50% por parlamentarios/as y un 50% por ciudadanos/as electos a través de votación popular.

Sobre este itinerario constituyente, el docente de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la UAHC, Mauricio Espinoza, cree que es momento de apuntar a un tema siempre pendiente como suele ser la probidad en la administración del Estado. “Es muy importante que la gente sepa lo importante que es la acción de votar y ser parte de la construcción del país. Creo que la comisión mixta es una falacia. ¿Cómo es posible que sujetos a los que se les paga por ejercer una labor legislativa, sean quienes van a ejecutar ahora una labor que no les corresponde a ellos, sino que a la gente?, allí existe una lectura que no me convence”, señala.

Esta legitimidad que se adjudica el acuerdo del 15 de noviembre pasado, que determinó este proceso en un Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, es para el historiador Pedro Rosas, “la consolidación de un proceso de normalización institucional” que busca debilitar y restar atribuciones a una ciudadanía que generó cambios sustantivos ante un poder sin iniciativa. “Comienza, desde ese día, a aparecer un imaginario de desconfianza sobre la naturaleza del proceso bajo una práctica represiva constante, con un acuerdo que restringe la participación de la ciudadanía y los sectores populares que no forman parte del bloque que administra el poder del sistema”, señala.

En paralelo, la opinión del sociólogo Raúl Zarzuri, es que “el proceso de elección de constituyentes tiende a anular la  representatividad de la ciudadanía para enquistar a los mismos actores políticos de siempre en un proceso social legítimo. Lo importante son los temas que nos convocan a todos y todas. Es el caso de la salud como derecho básico y prioridad del Estado o los problemas con nuestros recursos hídricos. La nueva constitución para los chilenos y chilenas, debería ser una que permita que todas y todos tengamos una vida digna, sin inequidades como las que existen hoy”, reflexiona.

Imagen: Lucía López Gutiérrez.