Será necesario ahora en octubre y luego en abril ganar de manera contundente para elaborar una carta de derechos como quiere la ciudadanía.

Libio Pérez. Editor general de la edición chilena de Le Monde Diplomatique(*). 23/10/2020. Las encuestas dan por ganadora, por amplio margen, la opción de aprobar la confección de una nueva Constitución que pondrá término a la heredada por la dictadura cívico militar del general Augusto Pinochet. También los sondeos apuntan a que el mecanismo que escogerá la ciudadanía para elaborar el nuevo pacto será la Convención Constitucional, la que será integrada paritariamente por delegados y delegadas elegidas en su totalidad por el voto popular, con escaños reservados para pueblos originarios, personas en condiciones de discapacidad y mejores condiciones de elegibilidad para independientes.

El proceso constituyente emanado de la movilización y rebelión popular de hace un año ha logrado sortear la pandemia que ha asolado al mundo e impactó con fuerza en Chile, así como los indisimulados intentos de sectores derechistas de dentro y fuera del gobierno por postergarlo o simplemente anularlo. En ese sentido, el proceso que arrancó con un, muchas veces, cuestionado acuerdo político ha ido consiguiendo paso a paso una legitimidad que debería probarse en las urnas el próximo 25 de octubre, cuando la abstención registrada en elecciones pasadas quede superada por una amplia participación. Si no es así, el camino hacia la construcción de una democracia de mejor calidad podría enfrentar dificultades difíciles de prever.

La opción transformadora será más fuerte si hay una contundente participación popular, para llegar al 11 de abril, cuando haya que escoger a quienes trabajarán en la elaboración del nuevo pacto constitucional, que es la siguiente elección más importante de un calendario plagado de comicios. Esa batalla electoral será seguida por una menos visible pero trascendental: la capacidad de los delegados constituyentes de dotarse de un reglamento de funcionamiento y procedimientos que debería sellar la legitimidad social y política para seguir avanzando.

En tal reglamentación hay una clave que ya le quita el sueño al gobierno, que ha destinado un equipo y esfuerzos para limitar el poder de decisiones del órgano constituyente. De hecho, ha sido el propio presidente Sebastián Piñera quien puso al descubierto la estrategia oficialista al difundir el pasado 12 de septiembre una suerte de “decálogo” de los principios constitucionales que deberían estar en la nueva carta (1). Aunque no hay ninguna idea innovadora en la propuesta y más bien reafirma algunos de los preceptos que ya están en la Constitución que está por terminar, el gobernante ha intentado -y seguramente seguirá haciéndolo- intervenir en un proceso que debe ser soberano para que su legitimidad tenga continuidad.

Serán quienes estarán investidos por mandato popular para elaborar la nueva Constitución, los que deberán fijar las reglas del espacio constituyente, su forma de relacionarse con sus mandantes, cómo recogerán las propuestas emanadas desde la sociedad, su procesamiento y permanente retroalimentación. Será un proceso que no podrá encerrarse entre cuatro paredes, que deberá estar en la calle, en las regiones, en las asambleas y cabildos, nutrirse de propuestas sectoriales y técnicas de quienes trabajan por los derechos humanos en su más amplia acepción, que buscan alternativas para mitigar el cambio climático, el fin de la violencia de género, por la justicia social y por un modelo de desarrollo sustentable, entre otras muchas materias (2).

Será necesario ahora en octubre y luego en abril ganar de manera contundente para elaborar una carta de derechos como quiere la ciudadanía, que incluya garantías de una mejor salud, educación, acceso a viviendas dignas, al trabajo decente, a pensiones justas y a otras tantas necesidades y demandas puestas sobre la mesa por la democrática movilización que ya no cabe en los marcos constitucionales actuales.

También habrá que acumular suficiente fuerza para garantizar estos derechos en la parte constitucional que hace la distribución y organización del poder, eso que el jurista argentino Roberto Gargarella llama la “Sala de máquinas”. Es letra muerta un catálogo de derechos políticos y sociales en la Constitución sin que se establezcan los mecanismos, la organización de las instituciones, el régimen político que hagan posible las garantías y mecanismos para su cumplimiento.

La nueva Constitución será resultado de las fuerzas que se pongan en movimiento en el proceso. Como pocas veces, la construcción de un nuevo Chile posible está al alcance de la mano.

(*)Medio colaborativo con El Siglo.

1 El “decálogo” de la Nueva Constitución propuesto por Piñera. Ver La Tercera 12 de septiembre de 2020
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/nueva-constitucion-pinera-entra-a-los-contenidos-y-plantea-10-puntos-esenciales/YXLZ2SBKOVCOXKW4Y6NYVKQ6GE/
2 Ver en Ciper Hacia una Convención Abierta: participación ciudadana en el proceso constituyente, por Gonzalo Delamaza y Claudio Fuentes. 27 de agosto 2020
https://www.ciperchile.cl/2020/09/27/hacia-una-convencion-abierta-participacion-ciudadana-en-el-proceso-constituyente/