Resulta urgente recordar lo relevante que es cambiar las reglas del juego y trabajar para el establecimiento de un nuevo sistema informativo que garantice el derecho a la información.

Margarita Pastene. Periodista. Casablanca. 17/10/2020. “¡Chile despertó!” gritaron cientos de miles de chileno y chilenas en las calles de todo el país, ese viernes 18 de octubre de 2019, alentados por una juventud liberadora que, saltando los torniquetes del Metro, daba comienzo al estallido social que reveló una indignación generalizada, la que se había venido fraguando por largos treinta años en el país.

La gente no sólo estaba reclamando por la precariedad social y económica que se vivía, a causa del sistema neoliberal impuesto por la dictadura, sino que ya no se podía seguir tolerando aquella farsa que por décadas que se había venido montando en el período de post dictadura, de que éramos un país ad portas del desarrollo, el milagro económico de América Latina, un verdadero oasis. Toda esta maravilla, construida desde el discurso político-empresarial, se promovía e inculcaba desde los medios hacia una población, hasta entonces, indefensa.

Por lo mismo, la ciudadanía encontró en el estallido social, una oportunidad para interpelar también a la prensa, la que no advirtió el descontento, la misma que en dictadura actuó como cómplice directo en el ocultamiento de la verdad, en relación a las gravísimas violaciones a los derechos humanos y la que había convertido, en los últimos treinta años los espacios informativos en un espectáculo, mientras el Chile real clamaba por atención.

La queja apuntó principalmente a la televisión, la que estupefacta luego del estallido social y la decisión rebelde de un país entero, comenzó a dar vuelta su relato mediático sobre la realidad: del goce del paraíso, el país había pasado a una guerra por culpa de manifestantes, tildados de delincuentes y saqueadores. Se justifica entonces, desde los medios, la decisión del gobierno de decretar un Estado de Excepción, con tropas militares en la calle, y un “toque de queda” para poner orden y dar tranquilidad a una ciudadanía.

Sin embargo, y luego de la marcha de casi un millón y medio de personas en las calles de Santiago y miles en el resto del país, había que reorientar el discurso para respaldar el oportunismo de las autoridades de gobierno. El clamor ciudadano era de tal magnitud que ni La Moneda, ni la televisión podían continuar con el discurso beligerante. Y sin pudor, declaraban que la gente que protestaba en las calles, ya no eran “vándalos, delincuentes, ni criminales”, sino “chilenos que sueñan por un país más justo”. Este vuelco comunicacional desde el palacio de gobierno, tuvo como principal aliado a los canales de televisión. Pero la gente ya no estaba ni crédula, ni indefensa.

En este escenario, los periodistas de los canales de televisión comenzaron a sufrir las consecuencias, porque la ciudadanía ya no permaneció sumisa ante las cámaras de televisión, por el contrario, nadie aceptaba ya, en los lugares públicos, ser entrevistado por reporteros, negándose a prestar declaraciones, boicoteando “en vivo” los contenidos e imágenes. La consigna “Chile despertó” del 18 de octubre, espontáneamente significó también el despertar de las audiencias.

Desde el gremio periodístico, se hizo un llamado a editores y directores/as de medios, para que respondieran ante la ciudadanía y se pudiera recuperar la confianza en los medios de comunicación. Había que tener la capacidad de entregar información responsable, fidedigna. No se pedía nada más, ni nada menos que actuar bajo los principios fundamentales del periodismo, evitando las tergiversaciones, la manipulación y la criminalización de los movimientos sociales. Se instaba a la prensa a entregar información oportuna y analizar las reales causas sociales, económicas y culturales que pudieran explicar el descontento expresados en las calles, en todo el país, por chilenos y chilenas.

En este contexto, resultaba necesario advertir que la actual Constitución establece la no intervención del Estado sobre los medios de comunicación, pero no tiene indicaciones sobre la responsabilidad del Estado para salvaguardar el derecho ciudadano a la información.

Por esto, este domingo 18 de octubre, al conmemorar un año del estallido social y a pocos días del plebiscito, resulta urgente recordar lo relevante que es para nuestro país, cambiar las reglas del juego y trabajar con convicción para el establecimiento de un nuevo sistema informativo que garantice el derecho a la información, fortalezca la democracia, que ponga cortapisas al poder y que impida la concentración medial como la imperante hoy en Chile y permita la consolidación del pluralismo. Sólo así será posible evitar que se fragüe desde los medios, una realidad distinta a la que vive la mayoría del país. Los medios deben asumir el rol fundamental, en la construcción de un nuevo Chile, porque ya se despertó.