Elevación de desempleo, nivel de pobreza y endeudamiento de hogares. Grandes empresas siguen abusando.

Equipo El Siglo. 16/10/2020. Desde octubre de 2019 -inicio de la revuelta social-ciudadana más masiva y extendida en a lo menos tres décadas- aumentó el desempleo, bajaron los ingresos en las familias, se anunció el aumento de la pobreza, siguió en ascenso la instalación de campamentos de los sin-casa, millones tuvieron que sacar dinero de sus ahorros previsionales para costear lo que el gobierno no pudo responder, se potenció la cantidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos, apareció el drama del hambre y la falta de acceso a alimentos y la opción de aumento del salario mínimo quedó en eso, lo mínimo, cercano a la línea de la pobreza.

En el año transcurrido de la multitudinaria protesta social en las 16 regiones del país, continuaron los episodios de abusos de las empresas privadas del agua y de la luz, de las empresas telefónicas y que dan servicio de cable, de las AFP y las Isapres, de parte de Carabineros, de empresas de transporte, de la banca privada, con una constante en la acumulación de enojo y desesperanza de la mayoría de la población chilena.

En definitiva, nada ha cambiado en lo sustancial para la gente. Pese a que en el gobierno, partidos de la derecha y algunos personeros de la oposición, en los círculos académicos y comunicacionales conservadores, se tiene la idea de que la población está satisfecha y logró respuestas a sus necesidades con la entrega puntual de cajas con algunos alimentos e insumos, el subir dos mil o seis mil pesos el salario mínimo, bonos de 50 mil, 100 mil, 150 mil pesos, la mayoría de las veces por una sola vez, ayudas acotadas a las Pymes canalizadas a través de la banca privada, así como otros dineros que los bancos luego entregan con intereses o demoras, y la agilización de trámites burocráticos.

Ahora, 3 millones de cesantes

Análisis y datos proporcionados por universidades, economistas y centros de estudio, indican que pos revuelta social, y en medio de la pandemia por el nuevo coranavirus, el desempleo real y concreto está afectando a alrededor de 3 millones de trabajadores. En entrevista con El Siglo, el presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (CIGLOB), Andrés Solimano, sostuvo que “desempleo abierto más empleos suspendidos da un millón ochocientas mil personas (22,2%)  de la fuerza de trabajo. Si se le suma lo que se llama inactivo potencial, llegamos a una cifra de 29,8% de la fuerza de trabajo. Redondeemos a 30% de la fuerza de trabajo que está sin ocupación. Eso no se daba desde la crisis del 82-83 con (Augusto) Pinochet”

En su momento, David Bravo, director del Centro de Encuestas y Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica (UC), hizo ver que la situación en el mundo laboral “se traduce en una pérdida aproximada de 2.1 millones de empleos en un año”. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) apuntan a casi un millón los cesantes en el país, más del 12% de la masa laboral.

Durante estos meses, distintos reportes apuntaron a que de los asalariados que entraron en el plan de “protección del empleo”, congelando su labor en empresas, alrededor del 50% finalmente serán despedidos. Consultado por Radio Nuevo Mundo, Fernando Carmona, de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) sostuvo que cifras de desempleo entregadas por el INE que marcan un 11, 2%, el más alto en 10 años, no reflejan aquellos trabajadores que estaban en marzo disponibles para el mercado laboral, lo cual sumado a otros factores, podría aumentar el nivel de cesantía un 27%. El economista manifestó que  las cifras de desempleo informadas por el INE tampoco incorporan a aquellos trabajadores que pese a tener alguna ocupación, están en sus casas por licencia médica, a propósito del Covi-19 o sujetos a los planes de supuesta protección del empleo, pero que en la práctica significa que no reciben ingresos de parte de sus empleadores.

Las familias con menos ingresos y más endeudamiento

Hay distintos análisis respecto a cómo desde octubre de 2019 a octubre de 2020 bajaron los ingresos de las familias chilenas. Tomando como base el dato existente hace tiempo de que alrededor del 50% de la población gana menos de 500 mil pesos mensuales. El alza de la cesantía, la suspensión y reducción de sueldos, la crisis en las Pymes, el bajísimo salario mínimo (que bordea la línea de la pobreza), la ampliación del trabajo informal, llevó a que los hogares en el país llegaran a tener hasta un 60% menos de ingresos, aunque análisis formales hablan del 10%.

La Encuesta Bicentenario 2020 de la Universidad Católica reveló que más de la mitad de los hogares chilenos perdieron parte de sus ingresos y un tercio perdió todos sus ingresos. Un encuesta de ese organismo en 86 comunas de todo el país, anotó que un 33% de los hogares perdió “todo o casi todo” su ingreso, y un 19% perdió “más o menos la mitad”. Una merma enorme en el dinero disponible para vivir.

Junto a eso, hace unas semanas en Banco Central reportó que el endeudamiento de las familias chilenas creció considerablemente. Los núcleos familiares deben el 76% de sus ingresos, algo escandaloso si se considera, primero, que esas deudas con esencialmente con el sector privado (consorcios, trasnacionales, grandes empresas, bancos) y tienen que ver con pago de créditos hipotecarios y de consumo, deudas en pago de estudios, salud, y alimentación.

El fenómeno del hambre volvió a Chile. El desempleo y baja de ingresos, principalmente, llevó a que al menos cientos de miles de personas comenzaran a tener problemas para abastecerse y tener comida en sus hogares. El hambre producto de la pobreza lo definieron algunos expertos. Fue efecto principal de las consecuencias sociales de la crisis sanitaria, pero en la raíz están los problemas abiertos, señalados y demandados durante las movilizaciones de 2019 e inicios del 2020.

Eso llevó a que en varias regiones del país se organizaran cientos de ollas comunes, se conformaran redes de consecución de alimentos a nivel territorial, y se efectuaran innumerables campañas para obtener recursos en dinero o productos para garantizar la alimentación de muchísimas familias. Ese rostro de la pobreza volvió a surgir en el país después de décadas.

En vocerías del gobierno y del sector empresarial se atribuye todo al Covid-19 y a la baja de la economía nacional, que de acuerdo a distintos análisis podría rondar de los 6 y hasta los 8 puntos en estos años. Sin embargo, el congresista Daniel Núñez indicó que esto obedece a la estructura económica existente en Chile que, ante una situación como la pandemia, es incapaz de atender las necesidades de la población y, además, posibilita el ensanchamiento de las desigualdades.

Los multimillonarios, con más ganancias

Las porfiadas cifras marcan el contraste y la desigualdad que prevalece y aumenta en el país. El informe de Oxfam, desde Londres, Reino Unido, reveló que la riqueza de los más ricos de Chile se disparó un 25% durante 2020, pos revuelta social y en medio de la crisis sanitaria.

Los multimillonarios chilenos pasaron de tener en sus arcas 21 mil millones de dólares, a disponer de 26 mil 700 millones de dólares desde el primer trimestre de este año.

Mientras, los dueños de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) tuvieron en el primer semestre de 2020 ganancias de más de 182 mil millones de pesos. En tanto, los bancos tuvieron utilidades por 958 millones de dólares, pese a la baja de ingresos del sector. Hay que decir que al inicio de este año, a tres meses del estallido social, los bancos (todo privados y pertenecientes a grupos monopólicos financieros nacionales y extranjeros), tuvieron ganancias por 303 millones de dólares. A enero del 2020, las colocaciones del sistema bancario crecieron en 12 meses un 8,55%.

Al mismo tiempo, en estos doce meses, las utilidades y estabilidades financieras del 1% más rico del país permanece, sin variaciones. Las diez familias más ricas de Chile, entre ellas la del Presidente Sebastián Piñera, consolidaron una fortuna, sumada, de 36 mil 300 millones de dólares y van a la alza para el 2021. En el ranking de Forbes a junio de este año, indicó que el patrimonio financiero de las ocho familias más ricas de Chile, llegó a 27 mil 400 millones de dólares.

Conociendo esas cifras de ganancias de grandes consorcios privados, nacionales y extranjeros, y la cantidad de dineros que amasan unas cuantas familias en el país, impacta, por ejemplo, el estudio “Pobreza y pandemia: propuestas para un Chile más digno y justo” dado a conocer hace un par de meses por la fundación Hogar de Cristo junto a otras 9 instituciones. Ahí se advirtió que la pobreza en Chile puede pasar del 9.8% a 11.9% en un escenario algo contenido, pero podría dispararse a un 13.7% en este período.

El análisis apuntó que “en el caso de la pobreza extrema, podría ascender desde un 1,4 por ciento hasta un 2,1 por ciento en el escenario más optimista, mientras que en el escenario más pesimista se alcanzaría el 2,6 por ciento”.

La continuidad de los abusos

En medio del estallido social, el nivel de reclamo ciudadano ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tuvo un ascenso de casi 10 puntos y se estima que esa cifra tendrá un aumento terminado el 2020, dado los incumplimientos de empresas de telefonía, grandes tiendas y consorcios de la luz y el agua, en la prestación de servicios e irregularidades en cobros y atención a los usuarios.

En medio de la crisis sanitaria, se demostraron las incapacidades técnicas, problemas en mantención y calidad de servicio en cuanto, por ejemplo, al buen funcionamiento del Internet y redes sociales, la entrega de productos adquiridos vía on line, y responder a las necesidades de los clientes.

Hubo durante estos meses, innumerables reclamos por alza en el cobro de la luz y el agua, donde las grandes empresas -por gestión de sus directivos y gerentes- entregaron excusas, desestimaron los argumentos de los ciudadanos, negaron situaciones y, en definitiva, defendieron cobrar más, en medio de un aumento del desempleo, la baja generalizada de ingresos y proyecciones de subida del índice de pobreza en Chile.

Desde el Sernac se habló de “frustración” de los usuarios, pero en espacios sociales se apuntó al enojo y la rabia por la persistencia del abuso de las empresas. Hubo regiones donde las denuncias ante el Sernac aumentaron hasta un 66%.

En cuanto a abusos, en el marco de lo denunciado desde el inicio de la revuelta social el 2019, Carabineros ocupa un lugar privilegiado. Datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablan de una 8 mil personas heridas y más de 400 con amputaciones o heridas oculares, como resultado de la acción de la policía uniformada en la mayoría de ciudades y comunas del país.

Sin embargo, a los datos formales y manejados por organismos y abogados, así como por medios de prensa, se agregan infinidad de testimonios de jóvenes, mujeres, adultos mayores, trabajadores, en relación a abusos sexuales, golpizas, insultos, pateaduras, maltratos, amenazas y torturas de parte de personal de Carabineros, hechos que se producen en la vía pública, dentro de vehículos policiales y en las comisarías.

En definitiva, los datos, la evidencia, los testimonios y los análisis establecen que las condiciones sociales y de nivel de vida de la gente empeoraron desde el estallido social. Si se dijo que nadie vio venir lo de 2019, hoy se podría decir que prevalecen lo que se vino encima de la realidad nacional el año pasado. En lo sustancial y estructural, nada cambió. Lo más sensible es que nada cambió para las chilenas y los chilenos que siguen sufriendo los mismos abusos, una mayor desigualdad y una falta de respuesta real y de fondo a sus acuciantes problemas como tener empleo y ganar un sueldo mínimo, sin ser abusado por los empresarios, los consorcios, la banca y los carabineros.