La protesta de los estudiantes secundarios, la sumatoria del pueblo, el rechazo a la desigualdad y la respuesta represiva del gobierno con masivas violaciones a los derechos humanos.

Carmen Mendoza V. Periodista. 17/10/2020. En octubre de 2019, el presidente Sebastián Piñera declaró que Chile era un “verdadero oasis con una democracia estable”, comparando favorablemente el país con una “América Latina en turbulencia”. Sin embargo, el oasis chileno se convertiría en una ilusión, hasta que la ciudadanía estalló. La gota que rebalsó el vaso fue el alza de 30 pesos a la tarifa de la locomoción colectiva, una acumulación de abusos, desigualdades, burlas, corrupción y robos en las instituciones del Estado. Las que colmaron la paciencia del pueblo. No son 30 pesos, son 30 años, fue una frase que sintetizó lo que vivía la mayoría de la población con injusticias, abusos y desigualdades.

Declaraciones de autoridades de gobierno como la del ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, cuando expresó que “la gente va temprano a los consultorios porque es un elemento de reunión social”; la del ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, que recomendó, para pagar menos en el Metro que “quien madrugue puede ser ayudado por una tarifa más baja”; o el ex titular de Hacienda, Felipe Larraín que instó a los trabajadores a ir a comprar flores porque habían bajado de precio, provocaron la repulsa de la gente.

Ante la situación, los primeros en reaccionar fueron los estudiantes del Instituto Nacional, quienes el 7 de octubre realizaron la primera evasión masiva en la estación del Metro Universidad de Chile. Luego, esa acción fue replicada por los estudiantes durante el resto de la semana. La situación se agravó el 18 de octubre de 2019, ​cuando progresivamente fueron cesadas las operaciones de toda la red subterránea por el enfrentamiento de la multitud con Carabineros, lo cual llevó al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, a interponer querellas por delitos contemplados por la Ley de Seguridad del Estado contra quienes hubieren cometido daños, saqueos e incendios. Debido a ello, la noche de ese día comenzaron a aparecer varios focos de protestas, saqueos y disturbios violentos a lo largo del país, por lo cual, en la madrugada del sábado 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en Santiago, y toque de queda a partir de esa misma noche. La situación se extendió pocas horas después a otras cinco regiones del país y ya para el día 23, el estado de emergencia había sido declarado en 15 de las 16 capitales regionales y los militares rondaban por las calles de las ciudades.

La revuelta social, expresada sobre todo no por actos de vandalismo, sino por expresiones de movilización, cabildos, actividades en plazas y espacios públicos, asambleas, marchas y acciones creativas, se convirtió en una crisis política para la institucionalidad y llevó a la banca rota del gobierno de Piñera. Se instaló la demanda ciudadana por derechos.

No obstante la causa inmediata se atribuyó al alza tarifaria del transporte público, las concentraciones populares pronto expusieron las causas de fondo: bajas pensiones producto de un sistema privado con pésimos resultados, precios elevados de los fármacos, precariedad del sistema de salud, baja calidad de la educación, alto costo de la vida (Santiago es la segunda ciudad más cara de Latinoamérica), privatización del agua, corrupción en las instituciones del Estado y robos en las Fuerzas Armadas y Carabineros sin ninguna sanción penal. El descrédito institucional se fue acumulando durante años e hicieron oídos sordos a un cambio de una Constitución redactada en 1980, en plena dictadura, votada en un plebiscito fraudulento.

Para entender la situación es necesario aclarar que alrededor del 1% de la población concentra un 30% de la riqueza del país. Adicionalmente Chile es considerado como el séptimo más desigual del mundo, de acuerdo con el índice Gini.

La marcha más masiva desde el triunfo del NO

Las movilizaciones comenzaron espontáneamente, sin liderazgos ni conducciones políticas. Pronto, varias organizaciones sociales se unieron y conformaron la Mesa de Unidad Social, integrada por sindicatos de trabajadores, estudiantes y movimientos feministas, la que convocó a la movilización más grande que haya tenido el país, el 25 de octubre, con un millón 200 mil personas según las cifras oficiales, pero más de dos millones según los convocantes, todas reunidas alrededor de la Plaza Italia en Santiago, hoy llamada Plaza de la Dignidad. Otros dos millones se movilizaron a lo largo del país, principalmente en Valparaíso, Concepción, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Chillán, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas, y demostraron el descontento frente a las desigualdades socioeconómicas producto de un modelo económico neoliberal, heredado de la dictadura, un modelo elitista distante de la sociedad. Fue la señal política más potente desde el triunfo del NO. El lema más repetido fue: “No son 30 pesos, son 30 años” y la canción de Víctor Jara “El derecho de vivir en paz” se escuchó en todos los rincones como respuesta a la frase de Sebastián Piñera “estamos en guerra frente a un enemigo poderoso e implacable”. La de Santiago, fue catalogada como “la marcha más masiva desde el retorno a la democracia”.

El 30 de octubre, debido a la crisis social, Sebastián Piñera da marcha atrás a los eventos internacionales más importantes que su gobierno estaba organizando. Otra medida que el gobierno se vio obligado a tomar fue, el 10 de noviembre, ratificar el inicio de un proceso para establecer una nueva Carta Magna. Ante ello, el 15 de noviembre algunos sectores políticos (de derecha y ex Concertación)  lograron establecer un acuerdo para realizar un plebiscito en el que los ciudadanos decidieran si quieren o no una nueva Constitución y en el mismo evento consultar si de aprobarse será con una Convención Mixta o Convención Constitucional, el órgano que redacte el texto constitucional, a pesar que la ciudadanía demandaba una Asamblea Constituyente.

Violaciones a los derechos humanos

Con el pasar de los días, la crisis se agudizó debido a la represión con la que el gobierno respondió a los reclamos, las protestas y las manifestaciones ciudadanas. En unos dos meses los heridos superaron los dos mil; había alrededor de 300 víctimas de amputación ocular; al menos cinco muertos; miles de detenidos; denuncias de abuso sexual, golpizas y maltratos de parte, principalmente, de Carabineros. Llovieron las querellas y exigencias de aclarar lo que muchos consideraron una sistemática y extendida violación masiva a los derechos humanos. Desde esos meses hasta la fecha, el gobierno defendió el accionar de Carabineros.

Ante los cuestionamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 19 de noviembre, la policía decidió suspender los perdigones, aunque ha quedado establecido que siguió usándolos, causando sobre todo víctimas oculares, con resultado de una trabajadora y un estudiante ciegos.

Según lo estableció el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, al 30 de diciembre de 2019, se registraban 3.583 heridos, de ellos 2.081 con disparos (1.615 impactados por perdigones, 230 por lacrimógenas, 185 por balines y 51 por balas.

También el INDH identificó más de 3.400 civiles hospitalizados durante el movimiento, mientras que ha cifrado en 8.812 los detenidos que han logrado visitar; además, ha denunciado casos de torturas y otras vejaciones por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden. Las investigaciones realizadas por organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han determinado la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado chileno; el gobierno, en tanto, ha reconocido la existencia de algunos casos puntuales de exceso policial pero ha descartado la ocurrencia sistemática de estos.

Además, el INDH, informó que un total de 1.140 personas presentaron querellas, entre las que se encuentran 699 hombres, 244 mujeres, 197 menores de edad, de ellos diez personas pertenecientes a la comunidad LGTBQ+, cinco migrantes, 19 personas con discapacidad y tres personas pertenecientes a un pueblo originario y reportó que la mayoría de las cuales son por torturas (777) y violencia sexual (137).

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUDH,  consideró que “la actuación de Carabineros y el Ejército no adhirieron a las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la gestión de las asambleas y el uso de la fuerza”. Esto a pesar de que “las regulaciones internas, en particular, las de Carabineros de Chile, reflejan estos estándares”. La información recibida por ACNUDH indica que “Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”. También muestra que “Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente”. Obviamente tanto el Gobierno como el Ejército de Chile rechazaron abiertamente el informe. Sebastián Piñera solo reconoció que pudiera haber habido un incumplimiento de protocolos del uso de la fuerza por parte de la policía en Chile

Asimismo, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, exigió medidas de reparación y justicia ante la violencia ejercida en Chile por parte de Carabineros. Lo que tampoco ha sido tomado en cuenta.

El informe de Amnistía Internacional, publicado el 14 de octubre de 2020, analiza con detalle patrones y casos individuales de violencia policial durante el estallido social en Chile desde octubre de 2019. Sostiene que “existen razones para considerar que al menos el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad de Carabineros habrían sabido de las violaciones de derechos humanos a través de información pública y oficial. Por ejemplo, reportes internos informaron de las reiteradas y graves lesiones causadas a diario con la munición disparada con escopetas, o con bombas lacrimógenas, entre ellas trauma ocular”, cuya cifra, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ascendió a 460 casos a marzo de 2020. Por ello, agrega el documento, estos directivos “deben ser investigados penalmente”. El análisis evidencia que “lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”.

En la presentación del estudio, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, indicó que “el hecho de que estos mandos operativos de la Región Metropolitana dirigieran y coordinaran las operaciones y estuvieran directamente implicados en violaciones de derechos humanos, habría alentado al resto de sus subordinados a operar de la misma manera en contra de manifestantes”.

Además, el informe señala que durante el periodo analizado prácticamente “no hubo sanciones disciplinarias a pesar de que había más de 4.000 denuncias ante la Fiscalía en contra de oficiales de Carabineros. De las 170 sanciones anunciadas por la institución policial en el mes de julio de 2020, únicamente 16 suponían la remoción del puesto. En dos de los casos con sanciones administrativas de este tipo, los de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, la conducta castigada no tuvo relación con el uso de la fuerza. En otros casos, a pesar de que oficiales de Carabineros aceptaron su autoría en las lesiones graves, no fueron sancionados. Esto permitió que funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos permanecieran en sus puestos, operando a diario, y alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante en la institución”.

El efecto pandemia

Con la aparición de la crisis sanitaria producto de la expansión de la pandemia del nuevo coronavirus, produjo un repliegue en las movilizaciones y actividades de todo tipo del movimiento social y la sociedad civil. De hecho, se suspendió el plebiscito y las elecciones municipales, y hubo una especie de congelamiento de debates y cabildos que se venían realizando en territorios, espacios públicos y ámbitos de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas.

Fue tan grave la extensión de los contagios, con miles de enfermos e inicialmente cientos de muertos, que el país se vio envuelto en otra realidad. Pero al mismo tiempo, ante las incapacidades del gobierno, las respuestas parciales e insuficientes y situaciones como la llegada del hambre a miles de hogares, generaron otras formas de organización del pueblo, como las ollas comunes y las redes de autoabastecimiento. Junto a eso, hubo protestas en al menos una decenas de comunas del país.

Durante la pandemia creció una organización territorial, de la base social, una coordinación barrial, vecinal y comunal, una solidaridad popular y respuestas desde el movimiento popular a las necesidades de la gente.

Si bien la pandemia del nuevo coronavirus disminuyó las movilizaciones, al cumplirse un año de “el despertar de Chile”, las nuevas condiciones sanitarias y la organización popular abrieron un nuevo espacio para la protesta en distintas ciudades y comunas. Un símbolo fue lo que se llamó “la recuperación de la Plaza de la Dignidad” desde finales de septiembre.

Se agregaron las caravanas, banderazos, acciones en espacios públicos y activismo en distintos sectores sociales y territoriales, por el Apruebo nueva Constitución, que debe ser ratificado en el plebiscito del próximo 25 de octubre.