AI apuntó a responsabilidad institucional por violaciones a DDHH. Fiscal Manuel Guerra echó por tierra versiones de La Moneda sobre coordinación para acciones violentas.

Equipo El Siglo. 14/10/2020. Cada cierto tiempo surgen informaciones y declaraciones que van demostrando el compromiso del gobierno y Carabineros en acciones represivas con resultado de amplias y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, y que echan por tierra versiones emanadas de La Moneda de que en torno de las jornadas de movilización social hay estructuras coordinadas para desatar la violencia y conspirar.

Ambas situaciones tienen que ver, sobre todo, en cómo el gobierno de Sebastián Piñera, acompañado y respaldado permanentemente por el alto mando de la policía uniformada, enfrentó el estallido social iniciada en octubre del año pasado, con el resultado de masivas violaciones a los derechos humanos y la pretensión de instalar un clima de violencia y de conspiración para delinquir, incluso invocando la acción de agentes y gobiernos del extranjero.

En ese contexto, se conocieron declaraciones del Fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien sostuvo que “el estallido social es una movilización masiva que tiene canalización con uso de violencia y en eso participó gente que no tenía coordinación entre sí”. Eso, como primera constatación a lo que quiso establecer el gobierno.

Añadió, sobre ese tema, que en realidad quienes protestaban “eran secundarios, universitarios, trabajadores, pobladores, gente de barras bravas, delincuencia, pero de ahí a que hubo coordinación, es aventurado”.

Guerra habló sobre el escenario diseñado por La Moneda, que incluyó un “informe big data”, elaborado por la empresa española Alto Data Analytics y que usado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Gonzalo Blumel, en esos tiempos ministro del Interior, había declarado que el gobierno contaba con “información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de big data, que dan cuenta de antecedentes que son importantes para la investigación penal” en contra de manifestantes y que establecía coordinación entre grupos delictivos y terroristas, participación de agentes y gobiernos extranjeros. El Fiscal confirmó que antecedentes de ese tipo “nunca llegaron” al Ministerio Público y dio por desechada esa línea investigativa.

Para Manuel Guerra, ese “informe big data”, y esos datos de la ANI “fue solo humo”. Entrevistado en Radio Universo, aseveró que “pocos días después de ocurridos los hechos surgió la investigación de intervención extranjera, que fue señalado por el señor Presidente. Esos antecedentes al Ministerio Público nunca llegaron”.

Desde La Moneda, el año pasado se dijo que la destrucción y ataques a estaciones del Metro revelaron un accionar coordinado y de grupos violentistas organizados que atentaron contra la seguridad nacional. El Fiscal, ahora, apuntó a que la investigación por los incendios en el Metro es difícil, debido a que «”hay precariedad de antecedentes”. De hecho, algunos detenidos por esas causas, demostraron que se trató de acciones personales, de grupos de personas que protestaban, y detrás de las cuales no había ninguna organización.

En tanto, todo el país supo este día del informa de Amnistía Internacional (AI) titulado  “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, que reiteró la comprobación de extendidas y graves violaciones a los derechos humanos y estableció una responsabilidad no individual, sino institucional, de Carabineros y del gobierno de Sebastián Piñera.

Respecto al actuar de Carabineros, el documento de AI indicó que “la cadena de omisiones de los mandos estratégicos, como el general director, el subdirector o el director de DIOSCAR, lejos de ser fortuita, fue deliberada o como mínimo culposa por negligencia reiterada”. Se trata de Mario Rozas, Diego Olate y Ricardo Yáñez, respectivamente. De allí, el organismo refrendó que todas las acciones represivas, faltas al protocolo y a los procedimientos, irregularidades, abusos, crímenes y violaciones a los derechos humanos, tiene una base de responsabilidad institucional, del mando, y no de carabineros individuales.

Sobre el gobierno, para AI, el apoyo irrestricto y permanente al actuar de la institución policial, “alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante”. Se hizo referencia a la ausencia de sanciones extendidas, dado el volumen de víctimas (unos 8 mil heridos y más de 400 amputados oculares, según varios reportes).

Erika Guevara, directora para las Américas de AI, apuntó que “la actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución y, por ende, también se tienen que lindar todas las responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo”.

La representante de AI dijo a medios de prensa que “tenemos elementos de convicción de que dichos mandos (policiales), a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo sus subalternos, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas”.

Resaltó que “lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”.

El informe de Amnistía Internacional mencionó lo siguiente en una de sus partes: “Si bien es cierto que se reportaron cuantiosos daños a la propiedad, así como lesiones a personal de Carabineros, la desproporción de lesionados, así como la evidencia casuística y de imágenes con respecto al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza de forma reiterada, sugieren que se pudo haber tratado de una política de Carabineros, y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente quebrantando las órdenes de sus superiores. Esta política, que habría venido desde los mandos superiores, habría supuesto asumir el daño a la integridad de las personas como un mal necesario para el restablecimiento del ‘orden público’, castigar a quienes protestaban y cesar las protestas a como diera lugar”.

Para el organismo, se “demuestra que tanto los comandantes de nivel estratégico como los de nivel operativo dentro de la institución fallaron notablemente para asegurar una supervisión efectiva de las unidades bajo su control. Debido a que Carabineros de Chile es una institución jerárquica de carácter militar, toma especial relevancia el control que los mandos más altos debían haber hecho en áreas específicas, toda vez que supieron o debieron haber sabido que sus subordinados estaban cometiendo violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”.

Inclusive, el documento apuntó que “Amnistía Internacional considera que casos como el de Gustavo Gatica o Fabiola Campillai se habrían evitado, si los mandos estratégicos y operativos analizados, hubieran actuado con la debida diligencia en el marco de sus responsabilidades, tomando todas las medidas necesarias para prevenir violaciones del derecho a la integridad personal, entre otras”, añade el reporte, que además “hace un llamado al Poder Judicial para procesar a todas las personas que pudieran ser responsables y en su caso juzgarlas con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”.

De este modo el informe señala que “la falta de control ejercida sobre Carabineros por parte de la administración del Presidente Sebastián Piñera, exige que sean también deslindadas todas las responsabilidades políticas, administrativas o incluso penales hasta el máximo nivel posible, de todas aquellas personas que en su posición de garantes conocían o debieron conocer, si hubieran obrado con diligencia, la magnitud de las violaciones de derechos humanos, y que tenían la capacidad de evitarlas, y no obstante, no lo hicieron”.

Como ha ocurrido en todos los informes sobre violaciones a derechos humanos y la actuación represivas y desproporcionada de Carabineros, el gobierno salió, a través de los ministros del Interior y de Justicia y Derechos Humanos a señalar que van a leer el texto completo, que hay cuestiones superadas, que el informe tiene sesgos políticos y que Carabineros actúo debidamente en el establecimiento del orden público.