Ahora sólo nos falta un Vicente Pérez Rosales.

Romina Álvarez Trujillo. Encargada sobre Migraciones del Partido Comunista. 10/10/2020. Vicente Pérez Rosales en el año 1850 fue nombrado agente de Colonización de Valdivia y Llanquihue, con el objetivo de reclutar contingentes de inmigrantes europeos, específicamente alemanes, para organizar asentamientos en esa zona.

La nueva Ley Migratoria comparte básicamente el mismo espíritu, sólo que ahora no tienen que ser alemanes, sino que personas con títulos o recursos económicos, que no sean de ciertas etnias y, en última instancia, el estado determinará con criterios discrecionales su ingreso o exclusión. Hemos vuelto a 1850 en materia migratoria.

Ahora bien, Piñera ya comenzó este proceso por decreto, toda vez que en su primer gobierno cerró la puerta a las personas dominicanas y, en su segundo mandato, a las personas haitianas, dejando en evidencia el racismo de la política migratoria de este gobierno.

Tal es lo nefasto de esta nueva/vieja Ley Migratoria, que paradójicamente el escenario pinochetista que impera en materia migratoria desde 1975 a la fecha, y que tiene una visión de seguridad nacional, utilitarista de las personas migrantes y no reconociendo sus derechos, es mejor que esta nueva/vieja Ley Migratoria de Piñera. Y eso, es mucho decir.

Este proyecto viola los derechos humanos y es discriminatorio, toda vez que no consagra el principio de no devolución, ni el debido proceso, estigmatiza a la población migrante, no fomenta la inclusión ni la multiculturalidad e interculturalidad, tampoco defiende los derechos de las y los trabajadores migrantes, de las mujeres, de niños, niñas y adolescentes, no promueve la reunificación familiar, no establece igualdad de condiciones en derechos sociales y políticos y, por último, fomenta la irregularidad migratoria, lo que podría afectar negativamente a las y los trabajadores chilenos.

Pese a esto, el gobierno y el oficialismo quiere mostrar como moderna esta ley y repiten como un mantra y hasta desfallecer que generará una migración segura, ordenada y regular. Sin embargo, se negaron a firmar precisamente el Pacto Mundial para la Migración SEGURA, ORDENADA Y REGULAR, para no tener que respetar principios internacionales, de derechos humanos y no entendiendo que la migración se aborda de manera internacional y no asilada.

A la vez, la derecha chilena, en materia internacional, por una parte, apoya y promueve sediciosamente y de manera servil los propósitos injerencistas de Estados Unidos en la región, que ha generado inestabilidad política y económica en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, y México, entre otros, pero luego, por otra parte, es esta misma derecha la que impide y pone peros a las y los nacionales de esos países para ingresar a Chile. Es imperativo que Chile condene la injerencia en otros países y promueva la autodeterminación de los pueblos.

También es necesario plantearnos el derecho a migrar de las y los trabajadores, bajo criterios razonables. Ya que no podemos caer en la hipocresía de quienes defienden a brazo partido el libre tránsito internacional de materias primas, la rebaja de aranceles, el libre comercio y los TLC, y, a la vez, cierran las fronteras a las y los trabajadores.

Entonces es válido preguntarse ¿la movilidad de los factores productivos aplica sólo para el capital, no así para las y los trabajadores? La premisa de Marx “el capital no tiene nación” continúa vigente. Y, tratándose de cosas vigentes, también lo está en sectores más barbáricos de nuestra sociedad, lamentablemente, el racismo que llevó a Vicente Pérez Rosales en una búsqueda de alemanes para “mejorar la raza”.

Ahora bien, no todo está perdido y hay que empujar las cosas en una nueva dirección. Estamos ad portas de un proceso constituyente, por lo que la última palabra no está dicha respecto del país que queremos construir y, en materia migratoria son dos visiones las que están en juego, por una parte, un país xenófobo, racista y discriminatorio o, por otra, un país diverso, multicultural e intercultural y de derechos. Esta discusión debe ser incorporada al debate.