Este es un problema de Estado y de concepción, organización y filosofía de la policía. Mientras eso no cambie, no se podrá poner atajo a la grave situación de la policía uniformada.

El Siglo. 10/10/2020. Carabineros de Chile, de acuerdo a antecedentes, cifras y procesos judiciales, es una institución desde donde, de manera sistemática y organizada, se violan los derechos humanos, se entorpece la labor judicial, se realizan montajes para encubrir hechos delictivos, se realizan cuantiosos fraudes financieros y se diseñan operaciones políticas y comunicacionales para evadir responsabilidades institucionales.

A partir de ello, como lo señalan expertos, legisladores y personeros de organismos de derechos humanos, la policía uniformada se constituye hoy en una entidad que atenta contra el sistema democrático, vulnera la Constitución y sus deberes, paradójicamente pone en riesgo la seguridad nacional y el orden público, constituye un riesgo para las y los ciudadanos, sobre todo los que se manifiestan, es incapaz de que sus oficiales y funcionarios cumplan protocolos y normativas que le son propias y genera crisis políticas de alto vuelo.

La cantidad, extensión y continuidad de sucesos negativos en que se ve envuelto Carabineros de Chile desde hace años, y sobre todo en los dos últimos años, no deja dudas de que ciertas prácticas son consecuencia de una doctrina interna y de mecanismos de funcionamiento interno.

La persistente violación a los derechos humanos y continuas acciones de encubrimiento, en que son protagonistas generales, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes, suboficiales y funcionarios de la policía uniformada, apunta a que hay una falla estructural de base en esa institución y la explicación de “hechos aislados” o “contextos” queda anulada por la sistematicidad de los episodios. Puede llegar al centenar el número de uniformados investigados o procesados. Eso incluye delitos como femicidios.

Que el alto mando no asuma ni siquiera un error, alguna responsabilidad, y esté siempre justificando acciones criminales, robos y mentiras, apunta asimismo a la tesis de construcciones comunicacionales para “defender” a la institución, por encima de realmente mejorar el comportamiento de su personal, cambiar profundamente el sentido doctrinario y aplicar normativas modernas y racionales en las acciones policiales, sobre todo respecto a la seguridad pública y el tratamiento de las movilizaciones ciudadanas.

Es así que, por desgracia, el tema no es la renuncia o destitución del actual general director de Carabineros. Ejemplo de ello es su propio ascenso al cargo, que fue algo obligado por faltas severas de su antecesor y una crisis en el alto mando producto de irregularidades y actos represivos injustificables. Los hechos objetivos hacen presumir que si se va el actual jefe de la policía uniformada, el que venga estará en la misma línea doctrinaria, tesis justificatorias y actuar represivo e insospechado de la institución.

Por eso el país está ante un caso terrible. Es difícil que se revierta el nivel de desconfianza, cuestionamiento y ausencia de credibilidad de Carabineros de Chile. Es difícil que la gente que se manifieste no sienta miedo ante los uniformados. Es difícil que los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, los estudiantes, los pobladores, puedan esperar un comportamiento adecuado de parte de las y los carabineros, por mucho que en sus filas haya personal honesto, profesional y auténticamente disciplinado. Son otros los que llevan la mano.

Este es un problema de Estado y de concepción, organización y filosofía de la policía. Mientras eso no cambie, ni con comisiones, reformas y unidades (como la convocada ahora por el gobierno) se podrá poner atajo a la grave situación de Carabineros de Chile.

Este es un problema sistémico que, por lo demás, involucra a las partes de las Fuerzas Armadas, y que sólo encontrará camino de solución real con transformaciones internas profundas, doctrinarias, estructurales, generacionales y educativas que, por lo visto, no son aceptadas por el poder militar, político, financiero e ideológico que pretende hegemonizar el funcionamiento del Estado.