Avanzó el libelo contra ministro del Interior mientras se complica situación del ex titular de Salud.

Equipo ES. 08/10/2020. Por su responsabilidad política e institucional en cuanto a violaciones a los derechos humanos, abusos y actos represivos cometidos por Carabineros y agentes del Estado, la oposición presentó una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien podría perder el cargo. En tiempo paralelo, y a días de que se vote la acusación constitucional en su contra, se reúnen más evidencias que acusan irregularidades cometidas por el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, en relación a la forma en que encabezó el combate a la pandemia del Covid-19 y el manejo de información.

En el caso del titular de Interior, este jueves se presentó la acusación, que cuenta de tres capítulos, donde se acusa su actuar indebido y sin cumplir con su responsabilidad política en torno del paro de camioneros, situaciones de violencia en La Araucanía, y los hechos represivos protagonizados por Carabineros, sobre todo en relación al muchacho que fue arrojado por un uniformado desde siete metros de altura al cauce del río Mapocho, durante una manifestación.

El libelo fue presentado por Jorge Brito (Revolución Ddemocrática), Tomás Hirsch (Acción Humanista), Pamela Jiles (Partido Humanista), Luis Rocafful (Partido Socialista), René Saffirio (independiente), Alejandra Sepúlveda (Frente Regionalista Verde Social), Rodrigo González (Partido Por la Democracia), Víctor Torres (Democracia Cristiana), Carmen Hertz (Partido Comunista), Camila Rojas (Comunes), Gabriel Ascencio (Democracia Cristiana), Jaime Naranjo (Partido Socialista), Gabriel Boric (Convergencia Social) y Camila Vallejo (Partido Comunista).

Camila Vallejo declaró que “la oposición está unida en este momento contra la impunidad porque nos parece importante en el marco de nuestras atribuciones de fiscalización podamos  avanzar en establecer las responsabilidades políticas que le competen al Ministro Víctor Pérez por este desigual tratamiento que ha hecho respecto a las manifestaciones y las movilizaciones que han acontecido en nuestro país durante los últimos meses”.

Argumentó que “ya se transforma en una práctica habitual y recurrente el establecer una diferencia en lo político, pero también en lo policial frente a las movilizaciones, por un lado se reprime brutalmente incluso violando los derechos humanos de los manifestantes que son opositores al gobierno , que son críticos al gobierno y por otro, se avala o se omite algún pronunciamiento ya sea político como incluso en materia de querellas y acciones legales contra aquellos que son aliados o cercanos políticamente al gobierno y eso nos parece un trato completamente arbitrario y discriminatorio con un sesgo político e ideológico claro de cómo se aplica la ley en dichas instancias”.

La jefa de la Bancada Parlamentaria del Partido Comunista, sostuvo que  “hay una responsabilidad (del Ministro del Interior) en cuanto al control jerárquico respecto al actuar de las policías y en esto particularmente por el caso que conocimos el viernes pasado cuando se había empujado a un joven manifestante hacia el río Mapocho con consecuencias sumamente graves y por lo tanto, consideramos que esta acusación tiene que revisarse, tiene que analizarse en su mérito porque esperamos que al menos en este aspecto se pueda hacer justicia estableciendo las responsabilidades jurídico políticas que le competen al Ministro del Interior”.

La diputada Camila Rojas indicó que “en primer lugar, el control del orden público y las medidas que se han tomado y no en ese sentido” están en el libelo en contra de Víctor Pérez y añadió que “en segundo lugar, la igualdad ante la ley, y este es un punto que nos causa especial preocupación pensando en el tratamiento desigual que le ha dado el ministro a las movilizaciones”.

Mañalich entrampado

Pese a que la comisión parlamentaria encargada de revisar el mérito de la acusación constitucional en su contra, decidió recomendar a la Cámara de Diputadas y Diputados rechazarla,  del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, sigue entrampado por informaciones que indican que durante su gestión hubo manipulación de estadísticas sobre los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus.

En la instancia legislativa hubo un empata en cuanto a avanzar o rechazar la acusación en contra de Mañalich por haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución al haber puesto en riesgo la vida y la salud de la población. Asimismo se le juzga por el ocultamiento de datos y faltas a la probidad.

En todo caso, en el ámbito parlamentario de insistió en que existen testimonios y antecedentes que apuntan a que el ex ministro de Salud incurrió en faltas e irresponsabilidades que provocaron un mal manejo de la crisis sanitaria, eventualmente la muerte de personas, y que en su gestión no quedó del todo claro si las informaciones y datos que se entregaban a la opinión pública eran reales o estaban alterados.

De hecho, sigue en curso una querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, junto a otros trámites judiciales de las concejalas Irací Hassler de Santiago, y Grace Arcos de Conchalí, por negligencia en el ejercicio de sus funciones con daños a ciudadanos, delito de homicidio culposo, y el delito de negación de auxilio. Luego se añadió la falta en cuanto a la propagación de gérmenes patógenos que haya ocasionado la muerte de personas.

A esto se añadió en estos días, la información publicada por CIPER (Centro de Investigación Periodística), en cuanto a que “Johanna Acevedo (jefa de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud)  aseguró a la Fiscalía que en los informes epidemiológicos preparados por especialistas del Minsal la cifra de contagiados debía ‘ajustarse’ para calzar con las comunicadas a diario por el ex ministro Mañalich, cuyo gabinete llevaba un conteo paralelo”.

En el medio se indicó que “su versión cuadra con lo declarado por la ex epidemióloga del ministerio, Andrea Albagli, quien aseguró que desde el gabinete del Mañalich pidieron manipular cifras. CIPER tuvo acceso a correos de Johanna Acevedo que indican que asesores de la Presidencia participaron en la elaboración de informes con el registro que llevaban los especialistas del ministerio”.

Todo eso está en manos de la Fiscalía, existen los correos electrónicos que acreditan dichas versiones y se suman así más antecedentes concretos respecto a irregularidades que habría cometido Jaime Mañalich junto a otros funcionarios de gobierno. De todo eso habría estado al tanto Paula Daza, actual subsecretaria de Salud.

Johanna Acevedo dijo ante los investigadores que “hasta el día 19 de mayo ella (la jefa de gabinete de Mañalich, Itziar Linazasoro) hacía el informe público y me lo mandaba a mí, y yo tenía que verificar que estuviera ok, y ajustar los datos de los informes epidemiológicos a lo que ella anunciaba”.