Sistemática actitud de engaño, alteración de hechos y obstrucción a la justica. Se culpa también a uniformados de no prestar auxilio a joven arrojado al río.

Gonzalo Magueda. Periodista. 05/10/2020. Instituciones nacionales e internacionales expresaron en las últimas 48 horas cuestionamientos y preocupación ante la evidencia de que desde Carabineros de Chile se siguen cometiendo actos criminales, encubrimientos e instalación de mentiras. Eso se reprodujo ahora, con el caso del joven que fue arrojado al río Mapocho por el uniformado Sebastián Zamora quien, debido a la gravedad del hecho, fue considerado “un peligro para la sociedad” y enviado a prisión preventiva. Nuevamente aparecieron oficiales y funcionarios de carabineros alterando evidencia, mintiendo sobre procedimientos, lo que es señalado como algo recurrente de parte de la policía uniformada. A la indignación de la opinión pública y la alarma en medios de prensa internacionales al ver las imágenes, se suma la molestia al constatar que, otra vez, desde la institución policial se está mintiendo.

Delitos y prisión preventiva por “peligro para la sociedad”

El carabinero Sebastián Zamora quedó en prisión preventiva, fue considerado “un peligro para la sociedad” y está acusado de homicidio frustrado y no prestar auxilio a una persona herida, después de que se estableció que “impulsó” al joven hacia el caucel del río Mapocho desde el Puente Pío Nono.

En las diligencias en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se indicó que el funcionario policial se abalanzó sobre el joven, existiendo una “actuación dolosa directa”, “impulsando (al muchacho) de tal forma que lo eleva sobre la baranda en cuestión y lo hace caer de cabeza hacia el río Mapocho”.

Además, la indagación del Ministerio Público apuntó a que el carabinero Sebastián Zamora, abandonó a la víctima y que entregó información falsa al Ministerio Público, lo que agrava su situación por cometer dolo.

El asunto es que Zamora no solo puede enfrentar el procesamiento por homicidio frustrado, sino por ocultamiento de evidencia en relación al caso que le afecta. Y oficiales de la policía uniformada podrán ser investigados e incluso inculpados por ocultamiento de evidencia, obstrucción a la justicia y por haber mentido.

Encubrimientos y falsedades

La Fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, sostuvo que “la conducta posterior del imputado tiende a mediatizar y derechamente a procurar encubrir como una supuesta detención las circunstancias que rodean el acto homicida”.

Es así que hasta ahora, junto con la persecución del delito de homicidio frustrado, se está siguiendo la veta de obstrucción a la investigación, falsificación de documento público y encubrimiento.

La Fiscal Chong, está investigando la invención de un procedimiento realizado por el teniente de Carabineros, Eduardo Fernández Camiroaga, y el carabinero Bryan Burgos Rivas. Según lo dicho por la Fiscal, esos uniformados habrían entregado información falsa sobre un procedimiento de detención en contra del joven arrojado al río. En documentos de la Primera Comisaría de Santiago había un acta de detención donde aparecía el adolescente, sumado a una declaración en la que supuestamente le habían leído sus derechos, hecho que nunca sucedió.

En las indagaciones apareció que desde Carabineros se hizo entrega a la Policía de Investigaciones (PDI) “una minuta de entrega de detenido, un acta de información de los derechos del detenido”, lo que sería falso y no se ajustaría a los hechos de esas horas del viernes pasado.

Se dijo que el joven agredido habría estado detenido o en manos de Carabineros, y el testimonio de brigadistas, manifestantes y personal médico de la Clínica Santa María, a donde llegó la víctima, indican que nunca estuvo retenido o acompañado por personal de la policía uniformada.

Además, desde la Fiscalía se mencionaron llamadas telefónicas, incluida la del acusado, comentando situaciones del hecho y cuyos contenidos serían falsos. En una de esas llamadas, el carabinero Zamora dijo que estaba realizando un procedimiento en el Puente Pío Nono, “y al intentar reducirlo (al muchacho caída al río) lo agarro, estaba mojado…se me resbala y se intenta subir a la baranda y se cae”.

Otros altos oficiales de Carabineros podrían ser investigados e incluso procesados por falsedades y encubrimiento. En círculos judiciales, legislativos y de derechos humanos se analiza, por ejemplo, la declaración del teniente coronel de Carabineros, Rodrigo Soto, quien ocurrido el episodio declaró que “Carabineros desmiente este tipo de situación, ya basta de mentirle a las personas que dicen cosas de Carabineros que jamás ha cometido y eso nos causa mucho dolor”. A él se agrega acción dolosa y mentirosa del teniente Eduardo Fernández Camiroaga y del carabinero Bryan Burgos Rivas.

Desde organismos de derechos humanos y en declaraciones de legisladores, se hizo ver que esta situación de cometer un delito y luego encubrir y mentir es reiterativa en la policía uniformada y se produjo en los casos de la Operación Huracán, el asesinato del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca, de Fabiola Campillai que quedó ciega producto de una bomba lacrimógena lanzada por un oficial y que le impactó en el rostro, y en los delitos financieros del Pacogate.

Sistemático comportamiento

En cuanto a la situación judicial, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos se recalcó el hecho de que Carabineros no prestara auxilio al joven herido en el lecho del río. “Tal como se aprecia en las pruebas audiovisuales, ningún funcionario de carabineros concurrió a prestar ayuda a la víctima, incurriendo también en el delito de omisión de socorro, señalado en el Art. 83 del Código Procesal Penal”, indicó esa institución en un comunicado de prensa.

Además, la CChDH estableció que “estos hechos se enmarcan en una sistemática y permanente política de represión ejercida por el Estado de Chile y sus agentes, resultando masiva y generalizada a partir del mes de octubre del año 2019 a la fecha”.

El encargado de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se refirió a otro punto presente en toda esta situación, que es el apoyo permanente del Presidente Sebastián Piñera y del ministro del Interior, Víctor Pérez, a Carabineros, en medio de varios casos de acciones criminales y obstrucción a la justicia. “Preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, pues son conductas reiteradas”, aseveró Jarab. “Hago un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas”, recalcó.

Sobre otro de los delitos que se habría cometido, Jan Jarab expresó que “resulta especialmente preocupante la omisión de asistencia por parte de Carabineros a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles”.

En este cuadro, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no se descartó ampliar la actual querella por la agresión criminal al joven, hoy hospitalizado con fracturas y un TEC cerrado, en contra de oficiales y funcionarios de la policía uniformada, por obstrucción a la justicia y encubrimiento.

Ante el ocultamiento de la verdad y distorsión de los sucesos, Sergio Micco, director del INDH, declaró que “lamentablemente, da cuenta de una acción reiterada, que se ha hecho presente en la operación Huracán y el caso Catrillanca”. Añadió que “estamos claramente frente a problemas de responsabilidad institucional”. En esa línea, manifestó que el general director, Mario Rozas, “tiene responsabilidad política”.

El senador Felipe Harboe, ante este caso, indicó que “lo ocurrido el fin de semana es una situación extremadamente grave, que no sólo demuestra un problema de falta de profesionalismo del actuar policial -al empujar a una persona de un puente-, sino que además, devela una situación aún más delicada que es el intento por encubrir esta situación”. “Evidentemente hay responsabilidades de mando, porque no se le ocurrió a este carabinero hacer este tipo de encubrimiento” agregó Harboe, en referencia tácita a la actuación de oficiales como el teniente Eduardo Fernández y el teniente coronel Rodrigo Soto.

Desde el propio gobierno, como no había ocurrido anteriormente, salieron vocerías descalificando tácitamente la actuación de oficiales y funcionarios. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, declaró que “es frustrante el que hemos implementado mejoras y Carabineros haya incorporado cosas distintas, y que esto haya igualmente provocado un daño a un ciudadano”. Enfatizó: “Aquí las instituciones tienen que funcionar y que se investiguen todos los hechos. Cuáles fueron las circunstancias y quiénes son responsables de que una persona cayera al Río Mapocho”.