El Presidente y el Canciller realizaron operaciones extraterritoriales y conspiraron junto a autoridades colombianas. Habría intereses superiores.

Hugo Guzmán. Periodista. 24/09/2020. Altos personeros de los actuales gobiernos chileno y colombiano participaron de manera conjunta en operaciones extraterritoriales, en encuentros conspirativos, y acordaron asesorías y acciones comunes en el ámbito policial y de Inteligencia.

Desde la coordinación de un plan para vincular a periodistas, indígenas y dirigentes políticos chilenos a la guerrilla colombiana, hasta la operación destinada a derrocar al gobierno venezolano que incluyó una acción desestabilizadora en Cúcuta, la frontera colombiano-venezolana, personajes de la derecha chilena y colombiana como Sebastián Piñera, Álvaro Uribe, Andrés Allamand, Iván Duque, Alberto Espina y José Manuel Santos, han estado coordinados y contactados.

Desde 2008, en que el actual Presidente y el Canciller de Chile participaron en un encuentro conspirativo con Uribe, Santos, generales del Ejército y agentes de Inteligencia de Colombia, hasta el año pasado en que ambas administraciones de derecha efectuaron una actividad desestabilizadora en contra de Venezuela, los lazos entre ellos se afianzaron y profundizaron, llegándose a situaciones como que en la actualidad no habría disposición de condenar las violaciones a los derechos humanos que se constatan y denuncian en ambos países.

El gobierno de Duque permaneció callado cuando, considerando datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, hubo cinco muertos, más de 350 personas con amputación ocular, miles de heridos, cientos de casos de abuso sexual y golpizas por parte de personal policial y más de dos mil querellas contra Carabineros, en el marco de la revuelta social de 2029. Ahora, la administración de Piñera no dice nada cuando, según datos de organismos públicos y de derechos humanos de Colombia, se registran a lo menos diez muertos y casi 300 heridos producto del accionar policial durante protestas estas semanas en Bogotá y otras zonas, y 218 muertos en 55 masacres perpetradas durante este año en todo el territorio colombiano, con responsabilidad de militares, policías y grupos paramilitares de ultraderecha.

De acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas sobre estas situaciones, ambos gobiernos “no se quieren pisar la cola”, cuyas autoridades hace años vienen compartiendo un accionar conspirativo y extraterritorial en la región. En comentarios de algunos analistas, “hay intereses superiores” que obligan a cada parte a mantener lejanía respecto a temas como condenar la violación a los DDHH, considerando convenios entre los dos gobiernos y altos mandos policiales, que incluyó el apoyo para la creación del Comando Jungla o comando del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros para “combatir la violencia” en La Araucanía.

Hay un historial que podría explicar cierta complicidad en no molestarse con temas de derechos humanos y pasar de largo, pero sin dejar de lado, por ejemplo, criticar la situación en Venezuela, donde según el Canciller Allamand hay una “dictadura pura y dura”, en la línea establecida por Iván Duque.

“Operación Email”

En el abultado historial destaca el viaje en julio de 2008 de Sebastián Piñera, Andrés Allamand y Alberto Espina a Colombia. Los ahora Presidente, Canciller y ex titular de Defensa, subieron al avión presidencial colombiano, acogidos por el entonces Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el ministro de Defensa de ese país, José Manuel Santos, los jefes del Ejército colombiano, generales Freddy Padilla y Mario Montoya, y recibieron información confidencial de manos de oficiales de Inteligencia colombiana para montar una operación conspirativa en Chile.

También recibieron conocimientos reservados de métodos operativos de los militares y policías de Colombia, que años más tarde serían adoptados en los gobiernos de Piñera donde Allamand fue titular de Defensa (en el primer período), como la formación del Comando Jungla de Carabineros, con asesoría de policías colombianos. En medios de prensa de ambas naciones se vieron las fotografías de Piñera, Uribe, Santos, Allamand, Espina, junto a los jefes militares, frente a grandes mapas del territorio colombiano, donde las autoridades de ese país explicaban a los chilenos los mecanismos de ataque a fuerzas insurgentes. Un titular del diario El Mercurio indicó que Uribe les contó a los tres políticos chilenos “todos sus secretos de cómo combatir a las FARC”.

En ese viaje, en un hecho inédito, Uribe permitió que los tres personeros de la derecha chilena estuvieran en una reunión del Consejo de Seguridad, siendo los primeros extranjeros en poder hacerlo, donde se discutieron materias de seguridad, inteligencia y operaciones contrainsurgentes. Una nota de Infolatam señaló que “el Consejo de Seguridad contó por primera vez con la presencia de extranjeros” y reveló el nivel de confianza entre estos personeros de derecha.

De acuerdo a reportes periodísticos de medios como La Nación, La Tercera, El Mostrador y El Siglo, durante varias horas en esa ocasión, el actual Presidente y Canciller y el ex titular de Defensa, recibieron informes y sostuvieron intercambio con generales del Ejército colombiano, con jefes policiales y con oficiales y funcionarios de Inteligencia. Hasta el día de hoy, ningún estamento legislativo o judicial chileno le ha pedido a Piñera, Allamand o Espina, considerando los altos y sensibles cargos que llegaron a ocupar o que ocupan, que informen en detalle todo lo que conversaron, compartieron y acordaron con esos mandos. Pero sí se les ha pedido a ciudadanos que den explicaciones por sus supuestos lazos con la insurgencia u organizaciones de izquierda.

Lo que se pudo conocer más detalladamente fue lo que en un artículo del periódico mexicano La Jornada, escrito por el periodista y analista Carlos Fazio, se definió como la “operación email” para acusar a ciudadanos chilenos de tener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC). Esto, en base a textos de correos electrónicos incautados por fuerzas militares colombianas del computador del comandante insurgente Raúl Reyes. El articulista Álvaro Vargas Llosa escribió que “un alto funcionario del gobierno colombiano le entregó a un integrante de la comitiva de Sebastián Piñera el informe de Inteligencia sobre las redes de las FARC en Chile”. Se refería a Montoya y a Espina. El general y un oficial de Inteligencia le dieron un dossier a Espina, con los “correos” del comandante Reyes, quien después lo filtró a un medio de prensa y comenzó a acusar a ciudadanos chilenos. La idea era llevar “la lucha antiterrorista” colombiana a territorio chileno; un objetivo extraterritorial, un tipo de operaciones condenadas por Naciones Unidas.

Más tarde, un informe forense de Interpol sobre “los Ordenadores y Equipos informáticos de las FARC”, apuntó que se analizaron 609,6 gigabytes de datos, “en forma de documentos, imágenes y videos”. De acuerdo a ese reporte, lo incautado equivalía a 39,5 millones de páginas en Word y “si todos los datos estuvieran en formato Word, a un ritmo de 100 páginas por día, se tardaría más de mil años en leerlos”. Además, se dijo que la apropiación de los computadores y archivos -que habrían sobrevivido a bombas de alta potencia arrojadas en el área donde murió Raúl Reyes y otros guerrilleros y al fuego de metralla de alto calibre-, “no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas”. “La verificación realizada por Interpol no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contiene”, sostuvo la entidad policial internacional. En esa línea, el Capitán Ronald Coy, del Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, fue consultado por la Fiscalía si habían hallado contenidos electrónicos en los computadores de Reyes y él respondió: “Pantallazo de correo electrónico no se ha hallado…” Y al igual que la Interpol, solo pudo constatar la existencia de materiales en Word. Inmediatamente se indicó que esos pueden ser alterados y que resultaba extraño que algo en que Interpol debería invertir mil años, los oficiales de Inteligencia de Colombia se demoraron un par de días para encontrar datos inculpatorios de chilenos.

Piñera tras “el estilo de Uribe”

Cuando se produjo ese viaje, Sebastián Piñera declaró que “he venido a conocer el estilo de Uribe”. El periódico La Tercera informó que “los senadores Espina y Allamand comenzaron a tomar apuntes sobre el estilo de Uribe, su lenguaje, su actitud con la gente y la puesta en escena”.

Para ellos, constituía todo un ejemplo. Al igual que el general Mario Montoya, máximo jerarca del Ejército colombiano. Algo que les interesaba sobre manera, eran las tesis establecidas en el Plan de Política de Seguridad Democrática (PSD) establecido por la administración uribista junto al mando militar, policial y de Inteligencia. Esas tesis eran la revalidación de la “política de seguridad nacional” implementada, por ejemplo, durante la dictadura cívico-militar. El PSD derivó en “controles sociales” en zonas rurales e indígenas, “buscar amigos” entre la prensa y los periodistas, generar los “falsos positivos” (civiles asesinados y hechos pasar como guerrilleros), expandir “redes de cooperantes” como informantes, legitimar “la delación compensada”, instalar “los jueces sin rostros” que juzgan encapuchados u ocultos, adoctrinar a “soldados campesinos” que ayudan a los militares. Algo que podría servir en La Araucanía, en las comunidades mapuches en los planes contra movimientos sociales en Chile.

Eso era parte del “estilo de Uribe” del que quiso alimentarse Piñera. Además, iba en el sentido de la “guerra internacional contra el terrorismo” que había establecido el Presidente George W. Bush desde Estados Unidos, después del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Coincidiendo con Bush, Uribe había establecido que “no hay soberanía de naciones” en el combate al terrorismo y a las insurgencias. De todo eso tomaban apuntes el actual Presidente de Chile, el actual Canciller y el hasta hace poco tiempo, ministro de Defensa de Chile.

¿En que derivó “el estilo de Uribe”? Precisamente en algo que hoy Piñera y Allamand no quieren condenar ni sobre lo que hacen comentarios, menos cuando hace semanas el ex presidente colombiano fue procesado por “fraude procesal” y soborno. Claro que, como afirmó el periodista Daniel Coronell, “a Uribe lo van a terminar procesando por lo menos grave que ha hecho”. La revisión del expediente de Álvaro Uribe habla de responsabilidad directa, política, institucional, de complicidad e inducción en casos de “falsos positivos”, corrupción, asesinatos, violaciones a los derechos humanos, sobornos, espionaje, apoyo a grupos paramilitares ultraderechistas, donde se incluye a su hermano y un primo como jefes o miembros del paramilitarismo.

En medios de prensa, documentos de organismos de derechos humanos, estamentos públicos, entidades de derechos humanos internacionales, está sobradamente documentada toda la actuación delictiva, corrupta y de violaciones a los derechos humanos de parte del amigo personal y político del Presidente Piñera y del Canciller Allamand.

En este marco no se escapó otro asesor, informante y amigo de esos personeros chilenos. El general Mario Montoya, con quien construyeron la conspiración en contra de chilenos. ¿Qué pasó con él? Meses después de compartir con Piñera, Allamand y Piñera, el general Montoya fue destituido como comandante en jefe del Ejército por su responsabilidad en el asesinato de 11 jóvenes campesinos colombianos en Soacha. Junto con él, fueron sacados de sus cargos y del Ejército tres generales y 24 oficiales y suboficiales. Las víctimas resultaron ser “falsos positivos” y cayeron ante las balas de militares quienes recibían recompensas y premios por los supuestos insurgentes muertos. A esa fecha, esos once muchachos campesinos se sumaron a más de mil 400 “falsos positivos” registrados formalmente por organismos de DDHH. En su momento, Uribe, amigo de Montoya, ante las madres de los ejecutados, ironizó que habían muerto no precisamente por andar cultivando café, queriendo dar un respaldo al accionar militar.

Ahora que se ven los montajes de Carabineros de Chile y las declaraciones de los altos funcionarios chilenos, muchos se preguntan si habrá coincidencias doctrinarias y de métodos, copiados o adquiridos de las asesorías colombianas o de esos encuentros como los de Uribe con Piñera. En el caso de los carabineros por los montajes, las pruebas y evidencias están en procesos judiciales, tal como ocurrió con militares y policías en Colombia.

Comando Jungla

Es en todo ese marco que se pudo establecer una asesoría y convenio entre Carabineros de Chile y la Policía Nacional de Colombia, para la creación del Comando Jungla o del GOPE para “combatir” a fuerzas insurgentes y grupos sociales organizados, a grupos indígenas, calificados de “terroristas”, “violentistas” y “extremistas”. Claro que también emerge la duda respecto a si, con todos los antecedentes del Ejército y de la Policía de Colombia, era pertinente asociarse con ellos para desarrollar políticas de seguridad y policiales en Chile. Tema en que es casi nula la preocupación de los legisladores chilenos, de organismos de derechos humanos o de transparencia. Quizá con una preocupación inicial esa asesoría se habría evitado, con antecedentes, la creación del Comando Jungla a la sombra de los uniformados colombianos.

En un reporte del Portal Web “El Mostrador”, se indicó que “en el marco del denominado ‘Plan Araucanía’, el gobierno de Sebastián Piñera envió a un grupo de 40 funcionarios del GOPE de Carabineros a formarse en técnicas de persecución terrestre a Colombia y a Estados Unidos, con el objetivo de que este grupo, denominado ‘Comando Jungla’, se despliegue en la Región de La Araucanía, donde se sitúa el núcleo del conflicto mapuche”. Fue uno de los planes de mayor alcance promovidos por los personeros de derecha de las dos naciones. De acuerdo a la información expuesta por ese medio, el comando colombiano que dio nacimiento al comando chileno, es “de origen militarizado, ya que habrían contado con el apoyo directo de agentes británicos antinarcóticos y del Servicio Aéreo Especial (SAS) del Ejército Británico. Es considerada como una de las policías ‘más letales’ y violentas del mundo, y se ha especializado en la guerra contra el narcotráfico, el combate a grupos de resistencia como las FARC y ELZ, además de la neutralización de grupos terroristas”.

Respecto al Comando Jungla, Pedro Cayuqueo escribió: “Alguien tuvo la idea y el mandatario (Sebastián Piñera), vaya uno a saber las razones de fondo, la compró de manera entusiasta”. Todo apunta a que la idea se la vendió inicialmente Álvaro Uribe, luego Iván Duque y sus mandos militares a Sebastián Piñera en 2008. Y la concretaron los jefes de Carabineros de Chile y la Policía Nacional de Colombia.

Cúcuta, otra conspiración conjunta

Desde fines de diciembre de 2018 e inicios de 2019 se materializó otra operación extraterritorial entre altos personeros de la derecha colombiana y la chilena. Se trató de desestabilizar primero y derrocar después, al gobierno constitucional de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro.

Reportes periodísticos y versiones no oficiales en el mundo diplomático, apuntan a que hubo contactos, intercambios y ajustes en la planificación contra Venezuela entre funcionarios de los gobierno de Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos. Eso incluyó un antiguo viaje de Juan Guaidó, el “presidente interino” que respaldaron desde un inicio Piñera y Duque, a Washington a conversar de manera reservada con legisladores y funcionarios de la Casa Blanca. Según la agencia estadounidense de noticias The Associated Press (AP), Guaidó preparó un plan golpista contra Maduro, en una gira secreta que realizó en diciembre de 2018 a Estados Unidos, Colombia y Brasil. De acuerdo al trabajo reporteril de periodistas de varios países, reuniones confidenciales hubo entre fines de 2018 y enero y febrero de 2019 entre funcionarios chilenos, colombianos, brasileños y estadounidenses para planificar acciones contra el gobierno venezolano.

En el caso de Chile, una operación que dirigió personalmente Sebastián Piñera desde el segundo piso del palacio presidencial de La Moneda, utilizando la labor del entonces Canciller, Roberto Ampuero, con el respaldo de Alberto Espina, que era ministro de Defensa, y de Andrés Allamand que fungía como senador. Estableció un contacto directo y muchas veces reservado con Iván Duque, el Presidente de Colombia, mientras dirigentes de la derecha chilena mantenían líneas de intercambio con Álvaro Uribe y José Manuel Santos.

Con el argumento o pretexto de hacer llegar alimentos e insumos a la población venezolana, funcionarios chilenos y colombianos, también asociados a funcionarios brasileños y estadounidenses, planificaron un show musical y mediático en Cúcuta, la frontera entre Colombia y Venezuela, amenazando incluso con entrar en territorio venezolano. Los gobiernos de los dos países habían reconocido a Juan Guiadó, opositor a Maduro, como el presidente legítimo de Venezuela y habían establecido que la administración venezolana y bolivariana no podía seguir gobernando.

El politólogo Tony López escribió que el plan era para alentar el “uso de la fuerza, con el apoyo del gobierno de Colombia y Brasil y de otros gobiernos derechistas de la región, crear una situación de caos y desestabilización al gobierno de Nicolás Maduro para favorecer una intervención militar  de Estados Unidos,  bajo el auspicio de la OEA”. “Venezuela Aid Live” fue el nombre artístico de la operación extraterritorial.

Independiente del fracaso del plan y los cuestionamientos que surgieron posteriormente conociéndose anomalías y actos de corrupción en torno de la operación en Cúcuta, ese episodio selló más fuerte el lazo entre Duque y Piñera, entre la derecha de ambos países, y estableció la posibilidad de continuar con acciones extraterritoriales y conspirativas.

Permanece en el rango del secreto los acuerdos, interlocuciones, asesorías, planes contra las oposiciones internas, que existen entre los dos gobiernos y entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas y las policías de Chile y Colombia.

Un dato no menor, es que tanto el Presidente como el Canciller de Chile conocen, por ejemplo, que Iván Duque fue asesor de Álvaro Uribe cuando éste desarrollaba la política de “Seguridad Democrática” y se efectuaban procedimientos como los de “falsos positivos”. Fue tan rígida la postura de Duque, que rompió el vínculo político con el ex presidente José Manuel Santos cuando dio inicio al proceso de paz en Colombia. Duque estaba por la opción militar y de aniquilamiento de los guerrilleros, como lo sostenía Uribe.

Difícil condenar los DDHH en Colombia

Los presidentes Piñera y Duque encabezan la campaña en contra de la situación en Venezuela. Acusan que el gobierno bolivariano es “una dictadura”. Ponen el acento en las violaciones a los DDHH que se cometerían en esa nación. Pero, en efecto, no han emitido declaración alguna mirándose recíprocamente respecto a las recientes situaciones en materia de derechos humanos en ambos países, con los dos gobiernos cuestionados por el accionar policial, la impunidad para agentes del Estado y la continuidad de la represión. Muchos dirigentes políticos y congresistas chilenos llamaron la atención de que el gobierno chileno no condene lo que ocurre en Colombia.

A estas alturas se informa de diez muertos y unos 240 heridos por la actuación de la Policía Nacional en Colombia para reprimir protestas en Bogotá, y el país está convulsionado por esas muertes que se suman a otras cifras recientes dramáticas. Por ejemplo, el Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), reportó que en lo que va del año, en Colombia fueron ejecutadas 218 personas en 55 masacres ocurridas en distintas partes del país.

Cuando terminó 2019, mientras Iván Duque conspiraba contra Venezuela, su gobierno era acusado ante el hecho de que unos 124 activistas de derechos humanos habían sido asesinados y estaban registradas 844 agresiones violentas contra personal de DDHH. De acuerdo a INDEPAZ, 205 activistas sociales e indígenas fueron asesinados desde el 1 de enero de este año. Se suma la ejecución de al menos 25 ex guerrilleros que se sometieron al acuerdo de paz. Hay decenas de casos de desapariciones forzadas. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, en un informe correspondiente a 2019, indicó que hubo 35 masacres con el asesinato de 133 personas, la cifra más alta desde 2014; cifra superada este 2020. La Oficina de NU documentó 108 asesinatos de defensores de derechos humanos y de la población LGBTI. Los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018. El año pasado, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas y este año se anotó que ya van cientos de agresiones y varios asesinatos de comunicadores.

A nivel de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y de varios organismos de DDHH colombianos, hay una inquietud persistente porque bajo el gobierno de Iván Duque, este 2020 se avizora una cifra de varios centenares de muertos, principalmente activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales y campesinos, indígenas, ex guerrilleros y ciudadanos sobre todo de zonas rurales. Desde los tiempos de Álvaro Uribe y Mario Montoya, no se ha producido ningún cambio ni reforma en la doctrina y la estructura de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Este tema, como se ve en estos meses y semanas, no está en la agenda del gobierno de Sebastián Piñera y del Canciller Andrés Allamand. Es muy difícil sino improbable que surja una condena a la violación de derechos humanos en esa nación y una exhortación o cuestionamiento al gobierno de Duque y a los altos mandos militares y policiales. Sería no dar cuenta del historial y registro de operaciones conjuntas, de planes secretos comunes, de asesorías e intercambios a nivel militar y policial. Por lo demás, la administración de Iván Duque probablemente continuará silencioso respecto a las violaciones a los DDHH en Chile.

De acuerdo a declaraciones de personeros políticos, eso es un “doble estándar” en materia de derechos humanos. Pero fuentes diplomáticas consultadas apuntan a algo mayor. “Son gobiernos simétricos en materias de seguridad y conspiración y difícilmente se apuntarán en cuanto a no respetar los derechos humanos” comentó un diplomático latinoamericano. Una materia en la que, tratándose de cuestionamientos  a ambos gobiernos, Sebastián Piñera e Iván Duque probablemente sigan apostando a cerrar la boca.