Explotar la tierra, no al hombre.

Adel Cipagauta Valenzuela

Ingeniero Agrónomo(*)

Santiago. 13/09/2020. En el Programa de Gobierno  del Gobierno Popular encabezado por el Presidente Salvador Allende, se planteó al país la impostergable necesidad de profundas transformaciones en la estructura económica política y social del país, para construir una sociedad más justa y un país más soberano.

Entre este conjunto de transformaciones irrenunciables para avanzar hacia más democracia y justicia social, hubo dos principales decisiones históricas, que el Gobierno del Presidente Allende llevó a cabo, con el respeto y la adhesión de gran parte de la comunidad mundial y los pueblos de América Latina: La Nacionalización de la Industria del Cobre y la Reforma Agraria…El “Sueldo de Chile” y el “Pan del Pueblo”, en palabras del Presiente Allende.

Transformaciones, ambas, por las cuales luchamos de múltiples formas generaciones de jóvenes, obreros, pobladores, estudiantes y campesinos durante las décadas anteriores. En los años sesenta, esas causas fueron parte del corazón de las luchas sociales y políticas. Por su magnitud y amplia participación, fueron memorables las marchas interregionales realizadas por esas demandas durante aquellos años, así como los comandos nacionales constituidos por la Central Única de Trabajadores y federaciones estudiantiles del país, en demanda de Reforma Agraria y Nacionalización del Cobre.

La semilla de la demanda social y económica por una Reforma Agraria fue sembrada en Chile, desde comienzos del siglo XX, y desde entonces ha sido regada y cultivada por generaciones de jóvenes trabajadores y estudiantes.

Luis Emilio Recabarren, principal intelectual y constructor del movimiento obrero chileno, ya entonces en 1923, de regreso a Chile desde la naciente Unión Soviética,  se refería al sistema de la gran propiedad de la tierra, el latifundio, como el principal responsable de la explotación de los  campesinos. En su texto “Rusia Obrera y Campesina” reitera a los trabajadores de Chile:

“Es la gran propiedad, generalmente improductiva, la que produce el malestar y la pobreza y es esa gran propiedad la que vamos a abolir cuando seamos capaces de derribar del poder a los actuales explotadores, no tampoco, para condenarlos a la miseria y al hambre, sino para quitarles el poder que hoy tienen y con el cual nos oprimen y nos mantienen en la miseria por su egoísmo, por su ambición y por su falta de honradez”.

Los centenares de campesinos y trabajadores agrícolas, que en aquellos años, dejaron las zonas rurales  centro y sur del país y partieron ”enganchados” a la explotación de la pampa salitrera, conocieron, escucharon al dirigente obrero, participaron en los primeros pasos del movimiento sindical de los obreros de la pampa. Cuando regresaron, años después, a sus localidades rurales llevaron ese conocimiento adquirido y la experiencia de su participación. El mensaje, la semilla sembrada  por el compañero Recabarren, acerca del sistema de propiedad del latifundio, como el gran responsable de la explotación campesina, también viajó con ellos de regreso, hacia sus campos del sur.

En nuestra América, en 1910, el General Emiliano Zapata, General de la Revolución Agrarista Mexicana, revolución en donde aproximadamente un millón de campesinos ofrendaron sus vidas, su mensaje histórico de entonces, en su lucha por liberarse de la opresión latifundista de las grandes haciendas, era definitivo: “Explotar la tierra, no al hombre”.

En nuestro país, en el año 1934, la gesta heroica protagonizada por trabajadores y campesinos en el Valle de Lonquimay, en defensa de sus tierras, es un antecedente histórico- a la reforma agraria del Gobierno Popular- de gran relevancia, por la brutalidad represiva de la fuerza del Estado, y el asesinato de centenares de campesinos. Su líder, el profesor José Leiva Tapia; fue salvajemente asesinado. Antecedente histórico, de las luchas de obreros y campesinos de Chile, que inspiró a nuestra compañera Isidora Aguirre en su inmortal testimonio y obra cultural: “Los que van quedando en el Camino”.

En la Cuba Revolucionaria triunfante en 1959, la Reforma Agraria representó un objetivo central en su lucha por derribar la tiranía de Fulgencio Batista y expulsar del país a las empresas norteamericanas que explotaban sus tierras productivas.

Estos acontecimientos históricos de la lucha revolucionaria social y económica, fueron calando en la mente y el corazón de las sucesivas generaciones de demócratas chilenos. Nuestra Reforma Agraria del Gobierno Popular, se nutrió de definiciones esenciales contenidas en las causas, de éstas y otras  experiencias históricas, para establecer como grandes objetivos de la Reforma Agraria de 1970:

  • Profundización del proceso de reforma agraria, a través de la aplicación efectiva de las disposiciones contenidas en la Ley 16.640 promulgada en 1967. Esto, a objeto de poner fin, a la existencia de la gran propiedad latifundista: sistema de tenencia de la tierra responsable de la baja productividad y producción alimentaria nacional, así como, de la explotación y pobreza entre campesinos, pequeños productores y trabajadores asalariados del campo.
  • Dignidad humana del campesinado. Poniendo término a la existencia del latifundio como forma de propiedad de la tierra y explotación campesina: de claros rasgos semifeudales (pago en especies, “medierías”, jornadas de trabajo sin horario, prohibición de constitución de organizaciones sindicales, entre otras.).
  • Reconocimiento y aplicación del concepto de la función social de la propiedad de la tierra: contribuir a la generación de alimentos para todos los chilenos. Ello, como base de las cadenas agroalimentarias (trigo, leche y carne) de producción, transformación y comercialización de alimentos. Avanzar hacia un contexto de soberanía alimentaria.
  • Establecimiento de una superficie máxima de propiedad de la tierra (Cabida Máxima) en hectáreas, según la aptitud o calidad productiva, de cada zona agrícola.
  • Constitución de Centros de Reforma Agraria, en los latifundios incorporados al área reformada de la agricultura, constituidos por campesinos y trabajadores agrícolas asalariados de los latifundios expropiados. Se impulsó la participación campesina en las decisiones productivas y de comercialización, a través de Comités de Producción, en cada Centro de Reforma Agraria
  • Profundización de la aplicación de la Ley 16.625 de Sindicalización Campesina. Promoción y fortalecimiento de las organizaciones sindicales de campesinos, minifundistas, pequeños propietarios y asalariados agrícolas, de alcance comunal.
  • Creación de Consejos Campesinos, a nivel nacional, regional y local. Ello con la función de participar de manera organizada en las decisiones de las prioridades de las políticas agrarias, en los correspondientes niveles.
  • Se profundizó el proceso de reforma agraria iniciado en el Gobierno anterior. Con la decisión política de poner fin al sistema de latifundio en todo el territorio nacional, en los términos que establecía la Ley promulgada el año 1967.

Este proceso se impulsó con base en la convicción de que un proceso expropiatorio del gran latifundio requiere que éste sea “rápido, drástico y masivo”. En estos primeros años, se expropiaron e integraron al área reformada de agricultura chilena, alrededor de 4.500 grandes propiedades, y 6.6 millones hectáreas físicas. Cifras equivalentes a tres veces el número total de latifundios expropiados durante el Gobierno de Frei Montalva y el doble en  superficie agrícola incorporada.

Durante esta etapa inicial del Gobierno Popular, la prioridad de políticas de reforma agraria, estuvo orientada a concluir el proceso de expropiación del latifundio iniciado en el Gobierno anterior e iniciar su indispensable incorporación productiva  al área reformada de la agricultura.

Numerosos compañeros del Partido Comunista de Chile, campesinos, obreros agrícolas y profesionales entregamos lo mejor de cada quien en el Gobierno Popular, por hacer realidad la justicia social en el campo y el mejoramiento de las condiciones alimentarias de nuestro pueblo. En el recuerdo de los compañeros, ya fallecidos, David Baytelman, Ing. Agrónomo y Hugo Díaz, Médico Veterinario, quienes desempeñaron durante el Gobierno Popular la Vice Presidencia Ejecutiva de la Corporación de Reforma Agraria, está la presencia activa de miles de campesinos y profesionales que pusieron sus vidas para impulsar este maravilloso proceso de cambio histórico.

Tras Golpe de Estado, en 1973, la dictadura cívico – militar, desde su inicio prestó especial atención a la más pronta implementación de un proceso de contra reforma agraria y exterminio de las organizaciones de trabajadores rurales; en especial, en la zona centro y sur del país desataron procesos de persecución, detención, torturas  y crímenes de sus dirigentes sindicales. Particularmente espantosos, fueron los exterminios de trabajadores agrícolas y sus familias en los casos de Hornos de Lonquén, así como en Neltume, en la ex Hacienda maderera del Complejo de Panguipulli.

Diversos estudios, constatan que el retroceso histórico de destrucción del proceso de Reforma Agraria durante la dictadura,  alcanzó importantes dimensiones, entre éstas:

  • Aproximadamente, alrededor del 60% de las tierras incorporadas al área reformada, durante el Gobierno Popular y el Gobierno de Frei Montalva, fueron arrebatadas por la dictadura a las familias campesinas beneficiarias, latifundios expropiados fueron devueltos a los antiguos latifundistas, transferidos a privados, instituciones y organismos públicos y a las fuerzas armadas.
  • Disolución de las comunidades mapuches a través de un decreto dictatorial, de 1979, que impuso la asignación de títulos de propiedad de la tierra, hecho que representa un profundo atropello socio – económico a los ancestrales valores culturales comunitarios del pueblo mapuche.
  • Derogación, es decir, supresión de las leyes de Sindicalización Campesina y de Reforma Agraria.
  • Proscripción legal de las organizaciones campesinas.
  • Apertura del “libre mercado de tierras”: que hoy, 50 años después, han hecho posible que gran parte de las mejores tierras agrícolas de Chile estén parceladas, subdivididas con fines de agrados o “segundas viviendas” o fines de urbanización de viviendas sociales.

Como es evidente, la deuda histórica del Estado Chileno para con las luchas, valores, principios y conquistas de cambios estructurales alcanzados durante el proceso de Reforma Agraria chileno, es una herida abierta para las nuevas generaciones de chilenos, en especial, los campesinos(as), trabajadores(as) rurales asalariados y de los pueblos indígenas.

Hoy, la formidable fuerza adquirida en el desarrollo de la Demanda Social, tras la sublevación social del 18 de Octubre de 2019, ha colocado a nuestro pueblo a las puertas de una conquista sin precedentes en la historia de la Republica: la elaboración de la primera Constitución Política del Estado propuesta, discutida y aprobada por toda la ciudadanía. Proceso histórico, hoy en desarrollo, que nos abre la posibilidad cierta de incorporar en ella el respeto e incorporación de los valores, principios y derechos esenciales de nuestro pueblo; así como, establecer los procedimientos democráticos específicos para su ejercicio. El próximo 25 de Octubre es un momento crucial en esta gesta  democrática y popular. Un triunfo contundente de las opciones del APRUEBO Y CONVENCIÓN CONSTITUYENTE, son determinantes para avanzar en esta lucha permanente: “Otro Chile es Posible”.

(*)Gerente Empresa Nacional de Semillas, CORFO, 1971-1973.