Una mirada histórica y actualizada de fenómenos que gravita en la realidad latinoamerica.

 Manuel Hidalgo. Miembro de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile09/2020. 1.- En los años 2018 y 2019, América Latina y el Caribe fueron el escenario de dos procesos masivos de emigración. Uno en la Región Mesoamericana y otro en la Región Suramericana. Ambos procesos fueron el resultado de los impactos que tiene la fase crítica por la que atraviesa el sistema capitalista neoliberal bajo la hegemonía de los Estados Unidos desde hace más de una década y el fracaso de las estrategias y mecanismos de dominación con que viene enfrentando la pérdida de su control del continente ante la emergencia en los últimos 30 años de una resistencia popular cada vez más extendida y que ha logrado reiniciar, con la Revolución Bolivariana de Venezuela, un proceso de liberación continental que se inició con la Revolución Cubana hace 60 años atrás.

El éxodo de la población mesoamericana y caribeña tomó la forma de Caravanas de Migrantes, a contar de mediados de octubre de 2018. La primera de ella partió desde San Pedro de Sula, Honduras, y fue creciendo en el camino hasta llegar a México unos 7.000 migrantes incluidos menores de edad. Aunque este corredor migratorio tiene 40 años de historia y se han visto algunas caravanas en el pasado reciente (y otras después de la primera caravana), no se ha visto ninguna con esta magnitud, con tanta convicción y desesperación, y que al caminar en grupo y medianamente organizados han prescindido de ‘coyotes’ y han escapado (no todos) de la violencia del tránsito y de la industria de la migración clandestina que ocurre cuando viajan dispersos. Pensaban así, además, presionar colectivamente para ser acogidos como asilados al llegar a la frontera de los EEUU y quebrar la voluntad del gobierno de ese país por cerrarles definitivamente el paso.

En la fase previa, entre fines de 2013 y 2017, ya se había producido una elevación en el número de personas migrando ya no sólo por razones económicas, sino que en salvaguarda de sus vidas, huyendo de la violencia estructural, agobiadas por la miseria y amenazadas por el crimen organizado y la corrupción prevaleciente en sus países de origen, sobre todo del Triángulo Norte -conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador-. A partir del 2014, miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados intentaron llegar a EEUU pasando por la pesadilla del tránsito, donde sufrieron una serie de abusos y torturas sistémicos.

Bajo las políticas de externalidad del control, desde el Plan Puebla Panamá impulsado por el ex presidente mexicano Vicente Fox en el año 2000, se establecieron mayores controles en la frontera sur de México para impedir que los migrantes centro y sur americanos llegasen a EEUU. A esto hay que sumar la Iniciativa Mérida y la puesta en marcha del Programa Frontera Sur en el 2014, donde se implementaron nuevos mecanismos de control para hacer de México un Estado-Tapón de migrantes. Las detenciones de migrantes en México desde el inicio del programa Frontera Sur se duplicaron en un solo año, llegando a las 93.613 detenciones a mediados de 2015. Además, desde enero del 2015 a septiembre del 2018, México expulsó a 436.125 migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. La respuesta de EEUU en 2014 ante este incremento de migrantes fue declarar “crisis humanitaria” mientras la patrulla fronteriza capturaba a los migrantes y los encerraba en los centros de detención esperando por su destino: algunos ser deportados a su país de origen y los que corrían con mayor suerte se les otorgaba refugio y se reagrupaban con sus familias.

Pero con el advenimiento del gobierno de Donald Trump en EEUU, estas políticas se endurecieron aún más.   Este no sólo amenazó con ampliar el muro que separa EEUU de Latinoamérica, sino con deportar entre 2 o 3 millones de migrantes, limitar el número de personas que entran en calidad de refugiados, y encarcelar a los que tienen antecedentes penales. Y lo que es aún más brutal, empezó a rastrear a los padres de los NNA no acompañados, utilizando a los menores para dar con su paradero, acusándoles penalmente no solo por estar ‘ilegales’ sino de contribuir al tráfico de personas por llevar a sus hijos a Estados Unidos.

Las continuadas caravanas de migrantes mesoamericanos y de otras latitudes pusieron en tensión la política migratoria de EEUU y de México, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de este país. Quien debió retroceder del propósito de poner atajo a las deportaciones de migrantes desde su territorio y postergar su voluntad de atacar las causas de la migración mesoamericana mediante la cooperación y el desarrollo, ante las presiones comerciales de los EEUU.

El otro proceso masivo, es el éxodo de más de 4 millones de personas que salieron de la República Bolivariana de Venezuela por la crisis política, económica y social que la agobia, en los pasados 4 años. Una crisis por completo asociada a la guerra híbrida desatada por los gobiernos de EEUU contra el gobierno de Venezuela, especialmente a contar de 2013, cuando el gobierno de Barack Obama lo declaró como un “peligro para la seguridad nacional de EEUU”.

Desde esa fecha,  EEUU decretó un bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela, con la complicidad de la Unión Europea y del Canadá, confiscó sus activos y reservas en oro y dólares en el exterior, desarrolló una feroz campaña de propaganda acusando a sus gobierno de estar involucrado en operaciones de narcotráfico, atentó contra el sistema eléctrico provocando reiterados apagones del servicio en todo el país, saboteó toda negociación entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis política,  reconoció un gobernante autodesignado como Presidente, utilizó a la OEA y conformó un Grupo de Lima con los presidentes títeres de la región para aislar políticamente al gobierno y respaldar una eventual agresión armada desde Colombia y/o Brasil, -que se frustró por la renuencia de los militares de este último país por prestarse a ello-, atentó con drones contra el presidente Nicolás Maduro, intentó infructuosa y reiteradamente quebrar la unidad y lealtad de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas con el proceso de la Revolución, e incluso orquestó una invasión frustrada.

Las consecuencias de violencia callejera, inseguridad, falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales, las ha sufrido estoicamente el pueblo de Venezuela. Y es explicable que no sólo un amplio sector de sus clases medias acomodadas, sino que también de sectores populares haya abandonado su país, en medio de esta muy dura situación. Pero cabe reconocer al mismo tiempo que la inmensa mayoría del pueblo venezolano permanece firme en su determinación de rechazar la intromisión del imperialismo y seguir construyendo soberanamente su camino al Socialismo.

Colombia, que en los últimos 50 años ha expulsado migrantes, la mayoría forzados y que constituye el primer país en el mundo con mayor desplazamiento interno (7.2 millones según el Consejo Noruego para Refugiados, IDMC, 2017) superando a Siria e Iraq, ahora recibe a cientos de miles de venezolanos, muchos de ellos colombo-venezolanos que tiempo atrás llegaron como refugiados o que son hijos de migrantes colombianos. El gobierno de Colombia, al igual que otros de la región como Perú o Chile emitieron algunas resoluciones -permisos temporales/especiales de permanencia- o crearon visas especiales para hacer frente a este flujo, más preocupados en deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro y en captar fondos de cooperación internacional que en defender los derechos de los migrantes y otorgar facilidades de residencia. La presencia de venezolanos en varios países de la región provocó rechazo, xenofobia y la percepción de incremento de inseguridad en Colombia, Ecuador y Perú. Todo esto, antes de la crisis derivada de la pandemia Covid 19.

Reiteramos: no es casual que estos éxodos migratorios se hayan agudizado en medio del empeño de los gobiernos de EEUU por recuperar el control de la evolución política de Mesoamérica y del Caribe, subregión a la que considera crítica para su seguridad nacional. Por lo que no han trepidado en sumirlos en un verdadero caos, con crimen organizado, fraudes electorales, corrupción y miseria, que pretende legitimar su cada vez más abierta intervención política y militar.

2.- En los años 2018 y 2019, en América Latina y el Caribe se experimentaron hechos que dieron cuenta de un rebrotar de la rebelión popular contra el neoliberalismo y contra los regímenes de dominación locales en numerosos países, que reabrieron procesos de cambio que habían sido parcialmente contenidos durante el lustro precedente. Lustro en el que la contraofensiva imperialista logró desplazar del gobierno a exponentes políticos del llamado progresismo y poner en crisis las instancias de integración política y soberana que se habían gestado entre 2008 y 2013 (UNASUR y CELAC), lo que llevó a algunos analistas a hablar del fin de un ciclo político, sin entender la multidimensionalidad de los procesos de cambio y restringiendo su evaluación a lo que acontecía en la escena política institucional.

Las rebeliones populares de 2019 en Haití, Honduras, Chile, Ecuador, Colombia, dan cuenta de un nuevo momento político, en el que avanza la configuración o recomposición de algunos movimientos populares, cuestionando la gobernabilidad e institucionalidad del capital y fracturando a los bloques en el poder en cada uno de estos países. Los pueblos, mediante su acción directa multitudinaria, tomando las calles de sus principales ciudades, respondieron así a la pretensión de hacer recaer sobre sus hombros los costos de una crisis que agobia al capitalismo mundial y a todos sus países tanto centrales como dependientes.

Aunque el detonante inicial de estas jornadas de lucha haya sido el alza del precio de los combustibles en Ecuador y del pasaje del tren subterráneo en Santiago de Chile, en verdad no han sido éstas sino las gotas que rebalsaron el vaso de la indignación popular con un sistema que oprime y agobia a las amplias mayorías y destruye los bienes comunes y la naturaleza, al mismo tiempo que concentra sus beneficios y privilegios en las élites empresariales y políticas que se pliegan a las órdenes que emanan del sistema liderado por el imperialismo estadounidense, como los programas de ajuste impuestos por el FMI. Son estas políticas y estos sistemas de dominación lo que los pueblos no soportan más, ni en Ecuador ni en Chile, ni en Colombia, Honduras ni Haití. Por lo que su lucha va mucho más allá que revertir las alzas de precios o eliminación de subsidios que desataron su rebelión.

No es casual que América Latina se encuentre desde 2014 sumida en una nueva recesión generalizada, cuando los mecanismos de transmisión de la crisis del capitalismo mundial golpean sus economías, tirando abajo no sólo los precios de sus exportaciones de materias primas y alimentos, sino que elevando el precio de sus importaciones, con un alza del dólar que hace además más crítico el endeudamiento al que sus gobiernos neoliberales han conducido.

La irritación de los pueblos latinoamericanos y caribeños se entiende además porque se trata del continente más desigual del mundo y la corrupción de sus instituciones y de sus élites empresariales y políticas ha llegado a ser abismante en los tiempos del capitalismo neoliberal. Son ellas las que los pueblos exigen que deben pagar la crisis.

Y de nada han servido la declaratoria de Estados de Excepción con que los gobiernos intentaron por igual detener el estallido de las protestas populares en Ecuador y Chile.  Ni la criminalización y represión masiva y selectiva que se está llevando en contra de quienes fueron parte activa de estos movimientos. Asustados por las rebeliones populares, los gobiernos en estos países debieron de retroceder de las medidas que los provocaron, pero se encontraron que las demandas de los movimientos populares se ampliaron y redireccionaron reclamando no sólo contra los crímenes cometidos contra los manifestantes, sino que un amplio abanico de demandas económicas y sociales inmediatas. En Chile, la rebelión popular levantó la reclamación de una Asamblea Constituyente, que obligó al gobierno y al sistema político a conceder un plebiscito el próximo 25 de octubre, para abrir paso al cambio de la Constitución, aunque el conflicto por el carácter soberano de la Asamblea Constituyente seguirá abierto para más adelante.

En todos estos países, estas rebeliones son procesos en los que la unidad de estudiantes, pueblos indígenas, trabajadoras, trabajadores, organizaciones feministas y comunidades en defensa del agua y de la tierra, entre otros, ha dado pasos fundamentales para el presente y el futuro. El imperialismo, sin embargo, no deja de contraatacar y en noviembre de 2019 promovió un golpe militar y policial, alentado por hordas fascistas, contra el presidente Evo Morales en Bolivia, instalando un gobierno provisional que ha dilatado el llamado a elecciones hasta el 18 de octubre. Golpe que ha motivado la reactivación del movimiento popular boliviano, que se unificaría nuevamente tras la candidatura del MAS.

3.- Es en este panorama continental que irrumpe en los pasados 5 meses la pandemia del Covid 19. Agudizando la crisis y los procesos que vienen configurando desde hace al menos 20 años un verdadero cambio de época a nivel planetario. Sostenemos que la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid 19, conllevará la agudización y aceleración de estos procesos. Y que, sin duda, la recesión mundial, fragilizará aún más al sistema capitalista mundial y al imperialismo estadounidense. Que la rebelión de los pueblos, hoy momentáneamente contenida por las restricciones a la movilización y la concentración en las calles de los pueblos, rebrotará con mayor fuerza a su término. Y que se hará más intenso el conflicto geopolítico de EEUU con China y Rusia, siendo el terreno tecnológico un plano cada vez más importante en esa confrontación.

En cuanto a América Latina y el Caribe, como lo hemos denunciado desde MIREDES Internacional, la crisis sanitaria viene sobre crisis pre-existentes y ha sumado impactos graves en los sectores populares empobrecidos y más aún en las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, que continúan siendo, al igual que los pueblos indígenas, los más invisibles de los invisibles.

El cierre de fronteras ha condenado a la población migrante y refugiada a un aislamiento social, médico y alimentario, que impide el retorno de las familias que desean regresar a sus lugares de origen, llevándolos a utilizar pasos irregulares, en donde proliferan bandas criminales, de trata y tráfico de personas.

Las personas migrantes, refugiadas y desplazadas han sido objeto de una profunda discriminación y estigmatización que les ha impedido el acceso a los sistemas de salud, a una atención básica, acceso a medicinas y más aún a la aplicación de pruebas de Covid-19.

Muchos migrantes, refugiados/as y desplazados/as, especialmente niñas, niños, menores no acompañados, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas están sufriendo hambre y desnutrición lo cual agrava su ya deteriorada condición inmunológica y los expone a un inminente contagio. Peor aún no se les ha brindado la posibilidad de hacer cuarentenas en lugares adecuados.

La población migrante en situación de vulnerabilidad ha sido desalojada de sus precarias viviendas por falta de pago, sin ninguna consideración por parte de arrendatarios indolentes que han arrojado a madres, padres de familia, jefas de hogar, niños, niñas y adolescentes a la calle. Muchos han tenido que permanecer en estaciones de buses, metros o simplemente en la calle en la mayor indigencia.

La población migrante que ha estado trabajando en el sector informal ha perdido todo, sus medios de subsistencia y la posibilidad de reactivar sus micro-emprendimientos con los cuales sostenían a sus familias y/o enviaban remesas a sus lugares de origen.

Las trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres migrantes y refugiadas, han sido despedidas cuando no retenidas en las casas donde trabajan en condiciones de explotación y sin ningún tipo de protección con insumos de bioseguridad.

Las mujeres migrantes, refugiadas, desplazadas, trabajadoras del hogar están siendo víctimas de un incremento de la violencia intrafamiliar, de la violencia basada en género y enfrentan en silencio, en aislamiento y en incomunicación la posibilidad de denunciar a sus victimarios por la falta de acceso a la justicia, o de recursos económicos para invertir en recargas telefónicas, internet o paquetes de datos.  Al mismo tiempo, esto les trae desinformación para el acceso a programas estatales o llamadas de auxilio.

La población migrante y refugiada no denuncia estas violaciones a sus derechos humanos por su condición de irregularidad en los países de destino, por temor a ser deportada o para no sufrir extorsiones por parte de la policía migratoria, que las amenaza o presiona a cambio de dinero.

Por todas estas condiciones, muchas familias migrantes y refugiadas, mujeres solas, muchas veces cabezas de hogar, embarazadas, con hijos e hijas, han decidido regresar a sus lugares de origen sin tener las condiciones mínimas para su retorno porque sus vidas corren peligro por hambre o por contagio y no tienen acceso a la atención médica necesaria.

4.- En América Latina, el impacto inmediato de la pandemia ha supuesto poner en suspenso temporal los procesos de rebelión popular y devolver un margen de maniobra coyuntural a los detentores del poder político formal. Pero la profundidad de la recesión en curso y el ataque profundo a los empleos, ingresos y derechos básicos de los trabajadores y de amplios sectores populares hace evidente que, apenas se morigere la crisis sanitaria y se levanten las restricciones que impiden la movilización y desplazamiento de las personas, estos procesos de rebelión se reanudarán con tanta o mayor energía que antes del estallido de la pandemia.

Los flujos migratorios en América Latina y el Caribe, que también se han contenido, disminuido e incluso parcialmente revertido durante este año, no está claro que se reanuden al término de la pandemia. Lo sustancial y decisivo, en todo caso, en estos momentos, es la articulación de sus demandas con las del conjunto de los trabajadores y sectores populares en cada uno de los países de tránsito y destino. La lucha por la regularidad migratoria, por la inclusión de la población migrante -más allá de su situación documentaria- en el acceso a los paquetes de emergencia, así como a los derechos sociales básicos, la lucha por leyes migratorias con enfoque de derechos humanos y de integración latinoamericana y caribeña, la lucha contra la xenofobia y el racismo, debe estar estrechamente articulada a la lucha por un nuevo orden económico, social, político y cultural, que abra paso a una nueva América Latina, ésta sí basada en la rica diversidad de sus pueblos y en los principios del Buen Vivir, entre los seres humanos y nuestra madre Naturaleza. Las comunidades y organizaciones de migrantes, que hoy resisten el hambre y la miseria, en los comedores populares y ollas comunes en decenas de miles de barrios de nuestro continente, deben integrarse profundamente a sus vecinos, desde esos territorios en la construcción de espacios de un poder popular que sea capaz de resolver la sobrevida y  la vida, la producción y la reproducción de un nuevo horizonte económico, político, social y cultural.