Académico Eduardo Thayer cuestionó contenido de nueva legislación. Indicó que “institucionaliza restricciones que van a redundar en la irregularidad”.

María Carrera. Periodista. 07/09/2020. Eduardo Thayer, académico de la Universidad Católica Silva Henríquez, doctor en sociología, es uno de los expertos en materia migratoria que hay en el país. En entrevista con ElSiglo.cl analiza contenidos y consecuencias altamente negativas de la legislación sobre migración que se está aprobando en el Parlamento y que entra en tierra definitoria este martes en el Senado.

¿Por qué crees que el gobierno insiste con el proyecto de ley de migraciones aun cuando no tiene el apoyo de entidades migrantes?

El gobierno entiende la ley de migraciones como un asunto de gobierno y no como un asunto de Estado. En este sentido no tiene interés en avanzar hacia un consenso amplio que permita contar con una ley que sea sostenible en el tiempo. Esto implica que ni le interesa incluir las demandas de la sociedad, incluidas las organizaciones de migrantes, ni tampoco le interesa ceder espacio para incorporar elementos que ha planteado la oposición. Vale decir, el gobierno busca avanzar con la versión del proyecto del primer día y entiende que esto es algo que puede “ganar” como administración y no como algo necesario para la democracia chilena. Si uno mira las mayorías espurias de las votaciones con que ha avanzado hasta ahora el proyecto comprende el punto. En la Cámara Baja pasó con votos de algunos radicales y descolgados de la ex Nueva Mayoría, como Pepe Auth, y ahora en el Senado la primera votación en sala favoreció al gobierno debido a cinco abstenciones de la oposición, creo yo, negociadas de manera muy táctica.

¿Qué aspectos positivos y negativos ves en esta propuesta gubernamental?

De positivos la verdad tiene bien poco porque está concebido desde una mirada del migrante como un lastre para la sociedad y un sujeto que se aprovecha del Estado y que busca permanentemente vulnerar las leyes. Han basado su proyecto y su política en una estigmatización de la migración. Lo que dicho, sea de paso, desconoce el enorme compromiso con el bien común que tienen las comunidades migrantes residentes en Chile. Entonces, el proyecto más que buscar contribuir al proceso de integración busca evitar que este problema y que este aprovechador se despliegue y, por lo tanto, está centrado en la sanción, en la sospecha y en la restricción del acceso a derechos. Los únicos elementos que uno podría considerar avance respecto de la actual ley es que en algunos artículos se mencionan, por ejemplo, los derechos laborales, salud y educación. Estos últimos, sin embargo, con algunas condiciones. En este sentido la ley avanza respecto del DL 1.094 vigente que no contiene ninguna referencia a derechos. Ahora, la referencia a los derechos en el proyecto son referencias no consagración de los mismos, referencias para establecer un acceso condicional a estos. O sea que es bien poco. En cuanto a los aspectos negativos yo te diría que lo central es que si se aprueba tal como está va a institucionalizar condiciones para que la irregularidad en el país se multiplique, no solo por el sistema de visas consulares que busca establecer sino también por las restricciones que establece para el tránsito entre categorías y por la discrecionalidad de la política migratoria. El proyecto en general uno podría decir que institucionaliza restricciones que van a redundar en la irregularidad, y por otra parte construye un marco de acción para que el Ejecutivo, por la vía administrativa modifique aquellos aspectos que podrían incluirse en el sentido contrario.

¿Cómo valoras la votación de esta semana en la sesión del Senado? 

Grave y vergonzosa. Resulta que se aprobaron dos cuestiones gravísimas. Por una parte, una restricción a mi juicio inconstitucional de los derechos políticos de los residentes extranjeros, vale decir, se aprobó que los 5 años de avecindamiento que consagra la Constitución para que los extranjeros puedan votar en las elecciones se comiencen a contar desde que obtienen la permanencia definitiva, ello implica un mínimo de 7 años, puesto que para obtener la permanencia definitiva tienes que pasar por dos años de visas transitorias. Ello en el papel, porque en la práctica y debido a las deficiencias en la gestión del Departamento de Extranjería  y Migración y por la rigidez del sistema, pueden pasar 4, 5 o 6 años de visas temporales antes de la definitiva. Lo segundo que se aprobó, fue una visa para trabajadores de temporada, pensada para el sector agrícola, de duración de seis meses, sin posibilidad de transitar a otra temporal, o sea, un dispositivo de incentivo al ingreso regular y a la permanencia en situación de irregularidad.  La parte vergonzosa fue la de las abstenciones que además de los senadores independientes Bianchi y Araya, contó con los votos de los senadores Harboe y Letelier del PPD y la senadora Goic de la DC, o  sea, uno de cada partido de la ex Concertación. Esto evidentemente no es casual sino una distribución táctica de una negociación en la oscuridad de alguna cocina entre el gobierno y ese mundo de la oposición.

¿Qué piensas de la opinión del Presidente Sebastián Piñera, quien hace unos días señaló que vetaría un proyecto si se aprueban las indicaciones presentadas desde la oposición?

No creo que se atreva a hacer algo así porque implicaría echarse encima el no contar con una ley de migraciones y eso el gobierno sabe que tendría muchos costos políticos que el mismo gobierno se ha encargado -desde que asumió- de transferir a otros actores. Yo pienso que eso es más bien discurso que apunta a presionar al Parlamento que algo que piensa hacer. De todas formas, la sola mención de esa opción muestra el cariz autoritario del gobierno y confirma la tesis de que no le interesa avanzar con una ley para el Estado sino alcanzar una “ganada” espuria.

Esta semana se votan una serie de indicaciones apoyadas por algunos colectivos migrantes  y sectores políticos pero que el gobierno ha sido reacio a aprobar. ¿Por qué son tan necesarias estas indicaciones?

Creo que permitir el tránsito entre categorías de ingreso y temporal como tiene casi toda América Latina y como ha tenido siempre Chile, es esencial para evitar la irregularidad. En Chile la irregularidad, que comparativamente con países Europeos o norteamericanos es muy baja, principalmente porque hasta ahora ha existido esta posibilidad, de hecho la mayor parte de las personas que no tienen carnet o visa es debido a problemas de un sistema de gestión de documentos rígido y engorroso y  a la vinculación del permiso de residencia al contrato de trabajo, pero no a que sea posible el tránsito entre categorías como se ha querido plantear desde el gobierno. En este sentido el proyecto que se va a votar esta semana puede convertirse en un dispositivo de producción de irregularidad migratoria estructural, lo que va a empeorar las condiciones en que acceden los migrantes a la sociedad y al mercado de trabajo, va a institucionalizar las condiciones para la conformación de una subclase de trabajadores precarizados susceptibles de ser sobre explotados, debido justamente a esa institucionalidad. Pienso que aprobar las indicaciones que se han presentado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado que se votarán por separado es esencial no solo para una mejor democracia y una sociedad más justa sino para evitar que los márgenes de ganancia de sectores claves de la economía como la agricultura, la construcción, parte del comercio, el sector de la hostelería y restoranes y los cuidados personales se realice a costa de esa subclase de trabadores precarizados.