Las cifras y contextos en tres años de gestión.
José Cademartori. Ministro de Economía del Gobierno de Salvador Allende. 02/09/2020. El gobierno de la Unidad Popular debió abordar una economía en graves dificultades -que “aullaba” como quería Richard Nixon- con alto desempleo, fuga de capitales y maniobras especulativas. Con reasignación de presupuestos públicos y uso de reservas y créditos del Banco Central (BC), se superó el primer intento de paralizar al país. Vinieron créditos de otros países. Los tipos de cambio proporcionaron ingresos fiscales. La demanda por bienes de consumo se acrecentó por mejoramientos de salarios y pensiones. El Producto Interno Bruto aumentó en 1971 un 7,7%, la cifra más alta conseguida por gobierno alguno.
Ese record no se podía repetir en los años siguientes. La producción del país había llegado al máximo de la capacidad productiva. Muchas industrias laboraban a tres turnos. Comenzaron a escasear algunos insumos. Aunque la inflación aminoró entre 1970 y 1971, la expansión del crédito y del dinero circulante estalló en 1972. Se desató la especulación, apareció el mercado negro y una fiebre de compras para acaparamiento.
En 1972-1973 el cuadro político se tensó. Proliferaron los paros patronales, las huelgas por demandas desmedidas desde la oposición, los atentados terroristas de grupos de extrema derecha. Nixon ordenó la venta del stock de cobre provocando la baja del precio, mientras los precios internacionales de los alimentos subían. Se sumó el cierre de las líneas de crédito en el Eximbank, el Banco Mundial y el Banco Interamericano. La acusación opositora de que “el pueblo no tenía qué comer”, fue desmentida por el BC en 1986 que reconoció el aumento de la ingesta de calorías y proteínas por habitante en 1971-72.
En 1972 el PIB arrojó un resultado de -0,1% en comparación con 1971. En 1973, en que la desestabilización había alcanzado su máxima intensidad, el PIB mostró una caída de -3,6%. Este retroceso no era una recesión económica típica de economías capitalistas, sino efecto de paros patronales de camioneros, el bloqueo financiero norteamericano, sabotajes contra oleoductos y trasmisión eléctrica, cierre del comercio y de industrias privadas, paralización de empresas públicas.
En resumen, los 1.000 días del gobierno de la Unidad Popular arrojaron un crecimiento neto del PIB cercano al 4%. El Índice de Precios al Consumidor se elevó 105% promedio anual en 1972 y 240% en 1973 (hasta septiembre) según los cálculos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Pero los Chicago Boys, con su política de “libertad de precios”, elevaron más las alzas, llegando al 1.000% en diciembre de 1973.
En buena medida, el elevado déficit fiscal durante la UP se debió a que la oposición parlamentaria aprobaba leyes de reajustes de remuneraciones, pero se negaba a proporcionar los financiamientos necesarios. Nunca le permitió al Presidente los recursos de una reforma tributaria progresista y le negó facultades legales para combatir la especulación monetaria, los fraudes, el acaparamiento, la evasión de impuestos y otros delitos económicos.
La UP hizo lo que estaba a su alcance para paliar las consecuencias de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores y pensionados. Además de los reajustes periódicos de sueldos, salarios y pensiones, se amplió el control de precios y se crearon nuevos canales de distribución: se instó a los vecinos a organizarse en las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) para combatir el ocultamiento y las alzas ilegales y para colaborar con los pequeños comerciantes. Se impulsó la “Batalla de la Producción” que en muchas industrias nacionalizadas, intervenidas y privadas generó ahorro de divisas por la inventiva de obreros y técnicos para fabricar repuestos e insumos con materiales nacionales.
Las continuas alzas de precios y sus consecuencias no fueron obstáculo para cumplir con el programa de gobierno y satisfacer sentidas demandas de la población en numerosas materias de importancia. Algunas de las reformas estructurales, como la nacionalización de los grandes yacimientos y la reforma agraria proyectaron sus beneficios por décadas.
Desempleo del 3%, reducción de la deuda y mejora de pensiones
A fines del sexenio de Eduardo Frei Montalva, la tasa de desempleo se empinaba al 9%, de la fuerza de trabajo, registrada en el Gran Santiago, con fuerte impacto negativo en la vida de los trabajadores y la economía nacional. Durante el trienio izquierdista la tasa de desempleo se mantuvo en algo más del 3%. Era visible que en el resto del país la situación era similar a la de la capital. Se había alcanzado el pleno empleo.
Otro resultado positivo de la política económica de la UP fue la reducción de pagos por la Deuda Externa. Al asumir, Allende se encontró con una deuda de 2.767 millones de dólares. Eso lo obligó en el primer año a destinar al pago de intereses y amortizaciones, el 37% de los ingresos por exportaciones. El Presidente resolvió unilateralmente suspender los pagos por este servicio y llamar a los acreedores a renegociar la deuda bajo nuevos términos y en plazos mayores. Como era de esperar, Washington se opuso a esta renegociación y la condicionó a que Chile pagara por anticipado la indemnización para las compañías por la expropiación legal de las grandes minas de cobre. La respuesta chilena fue admitir su obligación, pero su cálculo debía contemplar la deducción contenida en la ley de nacionalización a cuenta de las rentabilidades acumuladas durante decenios por Anaconda y Kennecott. El Club de París, escenario de las negociaciones entre acreedores y deudores, después de fatigosas sesiones, aceptó la posición de Chile.
El resultado económico fue categórico: Los pagos de la Deuda Externa bajaron del 37% al 5%, como promedio en 1972 y 1973. Los costos para Chile del pago de las ganancias e intereses del capital extranjero disminuyeron, en parte, gracias a esta negociación y a las nacionalizaciones, desde 199 millones de dólares en 1970 a 84 millones en promedio en 1972 y 1973.
En materia previsional Allende cumplió con tres demandas muy sentidas. La primera, elevar la pensión mínima que era inferior al salario mínimo, al mismo nivel que éste. La segunda, la creación de una Caja de Previsión que otorgara jubilaciones para trabajadores independientes o no asalariados, entre los cuales se incluía a los suplementeros, pequeños comerciantes, industriales y agricultores, pirquineros, pescadores y religiosos. Y la tercera, los Consejos de Administración de los Institutos Previsionales fueron modificados para que la mayoría de sus miembros fueran elegidos directamente por sus imponentes.
