La pauta diaria es orientada por líneas editoriales de las dos cadenas nacionales de prensa: “El Mercurio”, de la familia Edwards y “La Tercera”, del grupo Copesa-Saieh.

José Luis Córdova

Periodista

01/09/2020. ¿Qué televisión tenemos y cuál queremos para nuestro país? Desde la madrugada, los noticiarios reiteran informaciones del día anterior con textos e imágenes carentes de interés, repitiendo relatos y mensajes que desperfilan los hechos sin mayor aporte a las informaciones ya conocidas por el público el día anterior. El uso de imágenes de archivo contribuye a confundir más la actualización de los hechos expuestos.

Le siguen largos matinales animados por conocidas parejas de “rostros” de periodistas, comunicadores, actores, modelos, cantantes y otros representantes de la cultura popular. Desde el estallido social del 18 de octubre de 2019 y la pandemia se han integrado a estos programas de “conversación” alcaldes, parlamentarios, médicos, sicólogos, analistas políticos, ex uniformados y peritos policiales, entre otros.

La pauta diaria es orientada significativamente por las líneas editoriales de las dos cadenas nacionales de la prensa: “El Mercurio”, propiedad de la familia Edwards y “La Tercera”, del grupo Copesa-Saieh. El sistema electoral binominal -que durante décadas se impuso en Chile- se mantiene en la televisión a través de las invitaciones a personajes del ambiente político, social y cultural, con una falta de pluralismo que amenaza flagrantemente la libertad de expresión. Destacadas personalidades de sectores progresistas aparecen sólo ante temas puntuales, suficientemente focalizados y acotados en sus intervenciones.

La publicidad comercial es el eje rector de la transmisión, alterando los debates, interrumpiendo las intervenciones de panelistas e invitados, trastocando opiniones y desvirtuando sino desperfilando declaraciones en medio de un ambiente a veces emotivo, pero mayormente de entretención y humor. Obviamente los niveles de empatía de cada interviniente son diferentes y no contribuyen a captar el interés de la audiencia que se ha convertido en experta en el zapping entre los canales.

Después del mediodía las pantallas se inundan de teleseries nacionales y extranjeras. Las primeras, en su mayoría repeticiones de antiguos éxitos durante épocas ya superadas y las segundas, de origen mexicano, colombiano y las novedosas producciones turcas que han capturado las emociones criollas con sugerentes paisajes, costumbres ancestrales, patriarcales y machistas, de compleja asimilación por nuestra teleaudiencia que las sigue por curiosidad y cierto morbo disimulado.

Más tarde vuelven los noticiarios con la reiteración de imágenes de archivo y poco aporte informativo a las notas periodísticas. Al respecto, reporteros y “noteros” hacen gala de poca preparación, vocabulario limitado, pobreza de léxico, muletillas y evidente desconocimiento de temas de fondo en materias legislativas, judiciales, de género y de otros ámbitos. Siguen espacios de concursos, de imitadores, gastronómicos, de abogados (tipo Carmen Gloria o doctora Polo) y otros con licencias extranjeras que se colonizan con diferentes resultados.

Ante la proximidad del plebiscito de entrada al proceso constituyente, los canales han optado por “reforzar” la programación de “debates políticos”, resucitando -por ejemplo- el icónico programa “A esta hora se improvisa” de Canal 13 y “Tolerancia Cero” en CHV, reafirmando que “segundas partes nunca fueron buenas”.

Informar es una actividad que en Chile tiene una secuela histórica dramática de censura, autocensura, restricciones que se arrastran desde la dictadura. El derecho a la libre expresión estuvo acotado por la regresión sistemática del régimen (que costó, vidas, exoneraciones, prisión, exilio) y hoy en día se confunde con la libertad de prensa -en un país duopólico en materia de prensa- y colonizado en su radiodifusión. El derecho a la comunicación deberá estar claramente establecido en la nueva Constitución Política de la República.

Los canales de televisión tienen un deber público, más allá de la responsabilidad legal que le cabe a TVN, porque las concesiones de frecuencia son propiedad del Estado, es decir, de todos los chilenos y por lo tanto, tienen que responder a las necesidades de sus televidentes.