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Abiertos flancos por el plebiscito. Otra vez los camioneros y la docilidad del gobierno. Carabineros suma y sigue.

Equipo ES. 29/08/2020. Abiertos flancos por el plebiscito

La decisión del gobierno de que sería imposible garantizar el voto de quienes estén contagiados del Covid-19, es solo uno de los flancos abiertos respecto al plebiscito del 25 de octubre próximo.

Tampoco están resueltos temas de presupuesto para la buena marcha del proceso, medidas de apoyo a la ciudadanía como el transporte gratuito, condiciones mejoradas como contar con más sedes y mesas de votación, decisiones respecto a las comunas que estén en cuarentena y apoyos importantes para personas de tercera edad.

Si bien se observó un esfuerzo a semana de parte del Servicio Electoral (SERVEL), ante la opinión pública hay dudas e incertidumbres sobre todo por una falta de compromiso elocuente y concreto del gobierno que, como lo señalaron distintos actores políticos y sociales, es el responsable de la realización de un plebiscito seguro.

A eso se suma la persistente campaña de la mayoría de sectores de la derecha destinada a desacreditar la consulta, poner de pretexto la pandemia para suspenderla, y generar temores en la población.

En contraste, desde sectores como el Colegio Médico, entidades como Espacio Público, grupos parlamentarios, comunidades científicas e inclusive partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, se indica que es factible realizar el plebiscito de acuerdo a lo que va siendo la proyección de la pandemia y etapas de término de confinamiento total. Se llama, eso sí, a tomar las medidas sanitarias necesarias.

Todavía hay flancos abiertos, situaciones no precisadas, y ello genera la necesidad de promover la participación de la gente en la consulta plebiscitaria, cuando se decidirá algo tan fundamental como la posibilidad de dotar a Chile de una nueva Constitución.

Otra vez los camioneros y la docilidad del gobierno

Ratificando una línea de comportamiento histórico sedicioso y agresivo, un parte del gremio patronal de los camioneros llamó a un paro en varias regiones del país, ante episodios de ataques a sus vehículos en La Araucanía.

Con tono amenazante, insultos a autoridades de gobierno, pugilatos con Carabineros, presiones a choferes, los camioneros ocuparon avenidas y carreteras, efectuaron cortes, violaron el toque de queda, afectaron el tránsito de ambulancias y personal médico y de salud, retrasaron entrega de insumos médicos, y afectaron la estabilidad del país poniendo en jaque la línea de abastecimiento de alimentos.

El gobierno, particularmente el Ministro y el Subsecretario de Interior, se encargaron durante días de justificar e implícitamente el paro camionero llegando a decir que entendías sus razones, a sostener que fue un movimiento pacífico que no causó tantas afectaciones, que había que ser cauto en la aplicación de las ley, mientras se instruía a Carabineros no disponer de carros lanza agua ni lanza gases en las zonas de protesta de los camioneros.

Si bien el Presidente y algunos ministros plantearon que no se permitirían violaciones a la ley, desde Interior se comprobó el respaldo político o al menos la comprensión política al movimiento patronal y se alejó la idea de que se trataba de algo ilegal y que afectara la legislación y el orden público.

Es una de las veces en que de manera más notoria se podía constatar aquello de que el gobierno de Sebastián Piñera representa al sector empresarial y patronal, a los gremios de grupos económicos privados, y que en el uso de la fuerza y la aplicación de las leyes hay un doble estándar.

Los dirigentes de una parte de los camioneros insistieron en la toma de medidas represivas, legislación autoritaria y medidas de fuerza -siempre han estado por el accionar de Carabineros y la incorporación de tropas de las Fuerzas Armadas en regiones del sur del país-, omitiendo las causas históricas, sociales, culturales, complejas y variadas que hay en La Araucanía y que producen hechos de violencia. Por lo demás, persisten sectores de este ámbito empresarial en atribuirse acciones que, según ellos, conducen al orden, asumiendo un papel cercano a las tesis paramilitares de la ultraderecha.

Este no es un camino nuevo. Los camioneros organizaron paros prolongados y sediciosos en contra del gobierno de Salvador Allende, se sumaron a la base social de apoyo de la dictadura y varias veces arremetieron contra gobiernos de la ex Concertación. Es una senda de conducta, bajo directrices de dirigentes identificados con la derecha y con posturas racistas y de menos cabo de las comunidades mapuches.

Carabineros suma y sigue

En las últimas semanas continuaron episodios que dan cuenta de acciones criminales, delictivas, fuera de protocolo y constitutivas de violaciones a los derechos humanos de parte de personal de Carabineros de Chile.

Sucesos que vienen a confirmar una actuación irregular y agresiva de parte del personal policial que tiene más de 9 mil quejas, querellas y demandas, decenas de sumarios internos y una larga fila de oficiales y funcionarios investigados, procesados y condenados.

Ahora de conoció la identidad y detención de dos oficiales que serían los responsables de dejar ciego a un joven estudiante y a una mujer trabajadora, producto del lanzamiento de perdigones y de bombas lacrimógena, dirigiendo los proyectiles a la cabeza de las víctimas. No es menor que en ambos casos se trata de oficiales de Carabineros, graduados de la escuela institucional, y que tienen a su cargo tropa de suboficiales y funcionarios.

No son los primeros elementos de la policía uniformada en ser indagados, dados de baja y procesados por uso indebido de la fuerza, buscar provocar daño y dolor en las víctimas y provocar amputación de ojos. El procesamiento de dos oficiales de Carabineros por uso criminal de proyectiles contra manifestantes, sumado a casos anteriores, demuestra que más que casualidades, se trata de modos de actuar de parte de Carabineros, de procedimientos sistemáticos que violan la ley y los protocolos y causan víctimas, sin olvidar que son casi 400 las personas con trauma ocular.

Que se haya detenido a un miembro de Carabineros por el asesinato de una joven funcionaria de esa institución, quien ya había denunciado el acoso sin que se tomaran medidas, y que la ex esposa del procesado por disparar y dejar ciega a una trabajadora hiciera ver que ella fue víctima de violencia sin que la institución adoptara medidas, dan cuenta asimismo de comportamientos que parecen extendidos en esta entidad.

Lo que se observa, entre otras cosas, es el silencio y omisiones del alto mando, una imposibilidad de detener ese tipo de acciones, una falta de responsabilidad institucional, ante todo lo cual parlamentarios y personalidades de la sociedad civil pidieron reiteradamente la renuncia del general director de Carabineros.

Algo que está claro, es que esta historia funesta de Carabineros aún no termina.

 

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