Se hubiera podido obtener antecedentes penales del agresor y estimarlos de gravedad, se podría haber derivado a Ámbar a vivir con familiares directos que presentaran conductas adecuadas.

Comisión de Niñez. Partido Comunista de Chile. 10/08/2020. El dramático caso de Ámbar Cornejo deja una vez más al descubierto una sociedad que en su conjunto falla. Si revisamos la prensa, lo primero que aparece es que se trata de un femicidio por su condición de mujer. Reconociendo la importancia de esta perspectiva, creemos que no se ha prestado suficiente atención a que ella era una niña. Ámbar tenía 16 años de edad y desde pequeña sufrió vulneraciones, que requirieron su atención por programas del SENAME desde antes que su madre se vinculara con el presunto homicida.

Lo cierto es que Chile no tiene un mecanismo garantista de los derechos de la niñez que permita operar de manera coordinada y con un uso eficiente de los recursos humanos y económicos, que además son escasos. Los detalles del entorno de Ámbar que han trascendido en los medios de comunicación (muchas veces transgrediendo los límites de la privacidad familiar) permiten creer que un mecanismo de ese tipo podría haber ayudado a evitar este resultado fatal.

Una ley que garantizara los derechos de la niñez y estableciera mecanismos de coordinación eficientes hubiera permitido que el Programa de Intervención Especializada (PIE) informara a tribunales acerca de las nuevas condiciones de vida que tenía la niña, quien vivía con su mamá y hermano menor antes de la incorporación al entorno familiar de Hugo Bustamante, el presunto homicida. Se hubiera podido obtener antecedentes penales del agresor y, al conocerlos y estimarlos de gravedad, se podría haber derivado desde un comienzo a Ámbar a vivir con familiares directos que presentaran conductas adecuadas de cuidado. De acuerdo con los antecedentes que se han conocido, seguramente se habría detectado que el padre de Maritza (su cuidadora) no cumplía con estas características, lo que podría haber evitado las agresiones sexuales que supuestamente sufrió; y se habría optado por derivarla directamente al cuidado de sus abuelos o a quienes reunieran los requisitos para tener su cuidado personal.

En el ámbito educacional, el colegio al que asistía hubiera tenido las herramientas para enviar a evaluación a Ámbar por su “comportamiento” y quizás en algún momento, mucho antes de su asesinato, el programa de intervención se hubiera enterado de que existía el agresor en la vida de esta niña y se podrían haber tomado las medidas para alejarlo de ella, por lo menos con prohibición de acercamiento.

Se habrían enterado de que en esta familia existía otro niño, hermano de Ámbar, del que nadie habla y que estaba también sujeto a tremendas condiciones de riesgo, debido a los antecedentes penales del agresor. Se podría haber intervenido de manera completa a Ámbar, su hermano y su mamá. Pero todo se ha hecho de manera parcelada y sin otra coordinación que la establecida con el Tribunal de Familia, órgano que sólo resuelve con los informes de los programas intervinientes.

Por otra parte, si lo que posibilitó su asesinato era la pensión de alimentos que le mandaba su padre desde Antofagasta, entonces, el padre debería saber que la niña no vivía ya con su madre y, en ese sentido, podría haber modificado en tribunales el modo de pago de la pensión, para que le llegara a su cuidadora actual. Pero el padre no sabía, nadie se había comunicado con él pese a conocerse que vivía en otra región.

La importancia de una ley de garantías es que permite una intervención a nivel local y coordinada que, en la cercanía de su hábitat, permite detectar a tiempo las situaciones que podrían poner en riesgo a un niño, niña o adolescente y adoptar medidas oportunas, antes de que la situación de agrave y se vuelva irreversible, como en el caso de Ámbar.

Chile sigue actuando frente a lo que tradicionalmente se ha llamado la “situación irregular”, es decir, ante niños, niñas y adolescentes que ya han sufrido la vulneración de sus derechos. Una ley de garantías permitiría justamente llegar antes que estas se produzcan, garantizando el derecho a la educación, a la justicia, a la indemnidad sexual, a la autonomía progresiva, a vivir en familia, todo ello de manera oportuna, pertinente y coordinada; y no mediante acciones separadas, que no abordan la situación de una manera integral y, por lo mismo, carecen de la eficacia necesaria para solucionarla. Es lo que sucedió en este nuevo caso, que se suma a una larga cadena de abandono de la niñez por parte del Estado.