Otra crisis en La Araucanía. Ámbar y la inacabada violencia contra las mujeres. Sigue golpeteo a los ciudadanos.

Equipo ES. 07/08/2020. Otra crisis en La Araucanía

Como lo señalaron comentaristas, parlamentarios y voceras y voceros del pueblo mapuche, en la crisis que se vivió en estas semanas en La Araucanía, de nueva cuenta se mezclan factores históricos con elementos coyunturales.

El marco en que se produjeron los recientes acontecimientos, es el de la prolongación de la negación o acotamiento de los derechos del pueblo mapuche, la ausencia de políticas del Estado chileno que den cuenta de la realidad específica de la Nación Mapuche, del robo de sus tierras y negativas a devolverlas, de la presencia y acción de grupos racistas, violentos y ultraderechistas, de una constante violación a los derechos humanos y criminalización de la protesta indígena y, en el fondo, de caminos como garantizar constitucionalmente derechos y la existencia de un país plurinacional.

Sumado, por cierto, a otras situaciones históricas, sociales, económicas, culturales propias del pueblo mapuche y de sus comunidades.

En la crisis actual no hay, realmente, circunstancias nuevas. Un grupo de 20 comuneros haciendo una prolongada huelga de hambre para que se aplique el Convenio 169 de la OIT que Chile suscribió y se otorguen beneficios carcelarios; indígenas ocupando sedes municipales, de forma pacífica, para reforzar las demandas; bandas ultraderechistas y racistas, ligadas a gremios empresariales y a la UDI, atacando violentamente a los mapuches; un Ministro del Interior de turno forcejeando sobre derechos, negándose a dialogar y apelando al uso de la fuerza; alcaldes reclamando por la actuación del gobierno central; vinculación de “la violencia” a la causa mapuche; y medios de prensa catalogando a “ciudadanos” a los agresores de ultraderecha y pretendiendo justificar, vía entrevistas a expertos, las retomas violentas por parte de grupos ilegales, protegidos y coordinados con Carabineros.

El contexto, por tanto, sigue siendo de amplia desconfianza de sectores del pueblo originario y de nudos que parece difícil de desatar y donde lo que más se avanzó, fue en una conversación del Ministro de Justicia con representantes indígenas. Pero estas horas serán decisivas, mientras hay peligro de muerte para algunos de los comuneros en huelga de hambre.

Ámbar y la inacabada violencia contra las mujeres

Es una realidad que asola al país y a la sociedad chilena y que no parece amainar. La violencia en contra de las mujeres adquiere distintas características y las circunstancias de agresiones físicas, asesinatos, femicidios, agresiones psicológicas, son trágicamente variables y al mismo tiempo van en aumento.

El caso de la joven Ámbar Cornejo tiene que ver con lo que se denunció respecto a “una justicia patriarcal”, un asesino de otra mujer que pudo quedar en libertad, y también en cuanto a cómo se ejerce la violencia criminal contra niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas en este país. Ámbar refleja los niveles de desprotección que existen hoy en Chile para garantizar a las mujeres un mínimo de apoyo frente a situaciones y amenazas de violencia.

Ni hablar de las cautelares y medidas de distanciamiento que se dictaminan contra hombres que amenazan a sus parejas, ex parejas, parientes o amigas, y que finalmente se acercan y en un porcentaje importante terminan cometiendo el delito.

En estos días se conoció otra realidad tremenda. Que bajó el porcentaje de denuncias de violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar e intentos de femicidio, pero los casos aumentaron, es decir, se están denunciando menos de los hechos que se producen. En un ambiente de cuarentena, de encierro obligatorio, esto tiene alcances insospechados.

Como se ha repetido tantas veces, este es un drama, un fenómeno social, ante el cual el Estado debe reforzar los mecanismos de protección, prevención y sanción, y que Carabineros, la PDI y los Tribunales actúen con mayor celeridad y responsabilidad. Pero también es un tema cultural, un asunto del conjunto de la sociedad en ámbitos como la familia y la educación, donde la toma de consciencia debe ir de la mano con acciones determinantes de las y los ciudadanos.

Sigue golpeteo a los ciudadanos

Datos del Banco Central reiteraron un análisis conocido hace varias semanas. Más del 40% de empresas que tienen suspendidos contratos de trabajo, que se acogieron a la Ley de protección del Empleo, no van a recibir de vuelta sus empleados, es decir, ellos van a quedar desempleados.

Junto a eso, varios economistas insistieron en que hay distintas situaciones de desempleo en el país, que llevan las cifras a 3 millones de personas afectadas en su condición laboral y de ingreso.

Lo ocurrido con errores, distorsiones y amenazas desde el gobierno por el bono de 500 mil pesos a la clase media, vino a sumar problemas en un amplia sector de ciudadanos que, por cierto, depende de un salario o de una ayuda específica.

Prosiguen los reclamos de miles de personas por la “letra chica” o la respuesta de que “no califican”, en lo que implica no recibir la de por sí escasa ayuda prometida o anunciada por el gobierno.

Junto a eso, prosiguen las denuncias de que patrones y directivos de todo tipo de empresas está alterando trámites, tomando medidas ilegales y obligando a los empleados para sortear las cuarentenas y específicamente forzar el tránsito de trabajadores desde comuna en cuarentena a las que están en transición. Esto, por cierto, en contra de la voluntad de las personas que, al final, viven el chantaje de aceptar las irregularidades y la desprotección o quedarse sin trabajo.