La nueva pacificación de la Araucanía.

 Marcos Barraza Gómez. Miembro de la Comisión Política. Partido Comunista de Chile. 07/08/2020.  Las imágenes difundidas de los acontecimientos ocurridos el 1 de agosto en la Región de la Araucanía, y en varias comunas al mismo tiempo, dan cuenta de la emergencia de un fenómeno que, si bien estaba latente, no había sido visibilizado con dimensiones tan dramáticas y extremas.

 Violencia física ejercida por grupos de civiles armados contra los cuerpos de hombres y mujeres mapuche que se encontraban en una legítima protesta; violencia verbal a través de cánticos ofensivos para denostar a un pueblo originario, y violencia simbólica contra símbolos sagrados del pueblo mapuche, como lo es un rewe, ubicado en la principal plaza de Victoria, se conjugaron sentando un pésimo precedente.

Las imágenes difundidas muestran, sin espacio para la ambigüedad, el intento de linchamiento de integrantes del pueblo mapuche en un déjà vu de un Ku klux klan criollo, emulando la violencia extrema hacia los/as afrodescendientes en Estados Unidos.

La derecha, y este gobierno en particular, dio un paso más allá en su estrategia de negación de los derechos y de la existencia del pueblo mapuche, como reacción contraria a las evidencias de avance de las posiciones indigenistas en el propio pueblo, como en la simpatía con la que la sociedad chilena mira esta lucha de siglos y que en el presente se torna determinante para la discusión sobre la nueva constitución y la erradicación del neoliberalismo.

Estos nefastos acontecimientos ocurren en el contexto de un estallido social en desarrollo, que se encuentra suspendido a causa de la pandemia mundial. Sin embargo, es un elemento de relevancia cuando recordamos que uno de los principales emblemas del levantamiento fue la bandera mapuche (así como también la wipala y el Wünelfe) dando cuenta del reconocimiento del pueblo chileno a la rebeldía y la lucha ancestral del pueblo mapuche y tomándolo como bandera de lucha propia. Una acción de solidaridad entre ambas culturas, que se completó cuando los pueblos originarios, en respaldo al estallido se sumaron desde sus territorios.

Así, desde el levantamiento social del 18 de octubre en adelante, se ha hecho cada vez más patente que la causa del pueblo mapuche es la causa de una nación, la causa de un pueblo originario, pero también es la causa antineoliberal que interpreta a grandes mayorías del pueblo de Chile. Por ello, el gobernó del presidente Piñera le declara una guerra frontal y dispone desde el paramilitarismo civil en coordinación con carabineros, acciones violentas que buscan doblegar el accionar de masas del pueblo mapuche y generar una fractura social en un país que avanza en la unificación social y política para la construcción de un estado plurinacional, democrático y de derechos.

De esta manera, es preciso entender que la emergencia de una suerte de supremacismo que apela a una superioridad racial, como práctica colonial que busca persistir y reconfigurarse, es el recurso último de un orden social debilitado, que trata de prolongar y profundizar la dominación y colonialismo, desde la dictadura en clave neoliberal, a partir de la violencia material explícita.

En este contexto, es imperativo recordar que la acción de protesta de ocupar las municipalidades de la Región de La Araucanía es una acción de urgencia frente a la situación de los presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre.

Siguiendo el hilo conductor de protestas, los presos políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre hace casi 100 días, y entre ellos un Machi, una autoridad ancestral, porque en otra acción de abierta discriminación y racismo, se les ha negado medidas cautelares en ocasión de la pandemia. Las medidas hacia la población carcelaria común han beneficiado a más de 13.000 personas, y ninguna ha recaído sobre los presos políticos mapuche y los presos políticos del estallido social, pero si a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.

Es un dato alta relevancia política, que estos lamentables sucesos tengan origen justo después del último cambio de gabinete del ejecutivo que evidencia un golpe de timón y hegemonía del sector más conservador y recalcitrante de la derecha, incluidos quienes fueron actores políticos durante la dictadura, como es el caso del Ministro del Interior, quien además es cómplice las atrocidades ocurridas en Colonia Dignidad.

Chile se encuentra frente a lo que claramente es una política de Estado por parte de esta Gobierno que criminaliza la protesta, cuestión que ha quedado más que evidenciada desde el 18 de octubre, que promueve la violencia, la fragmentación social y el racismo.

El accionar de este gobierno a estas alturas se encuentra en franca violación de una serie de tratados internacionales suscritos por Chile y que deben ser respetados, entre ellos el Convenio 169 de la OIT que establece que las sanciones penales deben tener en cuenta las características económicas, sociales y culturales de los pueblos indígenas, y darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Así como también la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que establece la obligación de los Estados de condenar la discriminación racial, no incurrir en actos o prácticas de discriminación y no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial (artículo 2, a y b).

Al respecto, el proceder del gobierno denegando derechos consolidados en los tratados internacionales, propiciando diferencias con la población no mapuche y maltratos crónicos a la dignidad del pueblo mapuche, constituye una forma reforzada de Racismo Institucional en el plano jurídico-normativo.

El gobierno tarde o temprano tendrá que hacerse responsable por la violencia injustificada desde todo punto de vista, que permite y orienta el accionar de Carabineros, así como será responsable de haber un desenlace trágico con los presos políticos mapuche en huelga de hambre. El pueblo de Chile y la historia se lo harán saber.

Foto: Juan Castro. El Siglo.