Se autodeclaran “en libertad” de realizar acciones ante “un Estado ausente”. Califican de “errores” asesinato de Catrillanca y represión de Carabineros. Critican a jueces.

Equipo ES. 07/08/2020. Gran cantidad de gremios empresariales y patronales, sobre todo de la región de La Araucanía, hicieron ver que actuarán por su cuenta si el Estado no frena al movimiento mapuche y a las distintas expresiones de protesta de organizaciones del pueblo originario, al tiempo que calificaron de “errores” situaciones como el asesinato del comunero Camilo Catrillanca, y defendieron el actuar de Carabineros. Criticaron a los jueces y acusaron a parlamentarios de proteger “a terroristas”. La declaración de decenas de entidades del mundo privado vino después de que grupos con los que simpatizan, actuaron con violencia y acciones racistas para desalojar mapuches de municipalidades tomadas y cuando en medios de prensa conservadores se inició la aparición de texto justificando o explicando que civiles puedan actuar haciendo uso de la violencia para dirimir situaciones que se presentan en una comuna. Es la expresión pública de la amenaza a la institucionalidad, definir que el sector empresarial puede estar por encima del Estado y de las leyes, de socavar las entidades estatales, en un discurso que, por ejemplo, se usó para alentar y apoyar el golpe de Estado de 1973 y después defender a la dictadura cívico-militar.

En una declaración pública conocida este viernes, más de 160 organizaciones gremiales empresariales y patronales, en un tono amenazante, exigieron “por última vez” al gobierno, el Parlamento y el Poder Judicial, “actuar en el menor plazo para recuperar la paz social y hacer prevalecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional”. Estableciendo tácitamente, que en Chile habría una situación de descontrol de la ley que requeriría de acciones inmediatas, y además exigiendo que sea al corto plazo.

Luego, en el comunicado se pasa de la amenaza al anuncio subversivo y de opción de violar el estado de Derecho. “De lo contrario, nos declaramos en libertad para tomar otro tipo de acciones de manifestación con el objetivo de exigir a los poderes del Estado solucionar el problema”, enfatizaron los representantes empresariales.

Opinaron que “el terrorismo existente no permite trabajar ni vivir en paz, atenta contra derechos humanos de ciudadanos indefensos y destruye progresivamente la democracia. Explosivos en infraestructura pública, quema de camiones -poniendo en grave riesgo la cadena de abastecimiento del país-, destrucción de escuelas y sedes sociales ocurren en absoluta impunidad, con un Estado ausente que no da garantías a sus ciudadanos”.

Sin mencionarlo explícitamente, el comunicado hizo alusión a situaciones protagonizadas por Carabineros en La Araucanía, como el asesinato del comunero Camilo Catrillanca, el fallido Comando Jungla, la Operación Huracán y la muerte de otros indígenas. Lo que sí se expresó explícitamente fue el apoyo a Carabineros y la Policía de Investigaciones. “Comprendiendo que se han cometido errores, valoramos la labor que a diario realizan nuestras policías sirviendo en las calles y zonas rurales de nuestro país”. Además, los victimizaron: “…quienes son atacados con todo tipo de armas de grueso calibre y a plena luz del día”.

En la línea de endurecer el accionar contra los mapuches y sus expresiones de protesta, y en el tono discursivo de que hay “una guerra contra el terrorismo”, la declaración de los gremios apuntó críticamente que Carabineros y la PDI, seguramente el Ejército, “lamentablemente no tienen instrucciones claras ni respaldo político para actuar”.

Además, se señaló que “hay una falla general en la inteligencia, capacidad investigativa y probatoria de fiscalías, así como excesivas garantías de los jueces”, en lo que viene siendo un cuestionamiento permanente al actuar del Poder Judicial.

Los empresarios, sobre todo los del sector agrícola, y directivos de grandes empresas, volvieron a irse en contra del Parlamento y plantearon que “más inquietante es ver a senadores y diputados callar frente a estos actos ilegales y antidemocráticos, con un silencio cómplice que parece proteger a terroristas”.

Una declaración donde se establece que el Estado está “ausente”, que hay una fenómeno de “terrorismo” que hay que atacar con dureza, que no hay respaldo político para que actúen las policías, que los fiscales y jueces fallan, que parlamentarios protegen a terroristas, y los que han actuado bien pero son atacados, son los Carabineros (la institución más cuestionada por su accionar en La Araucanía, con decenas de funcionarios procesados y mandos desarticulados por irregularidades). Ante ese escenario, el centenar de organizaciones gremiales, establecieron la línea política de realizar “acciones” por ellos determinadas para “recuperar la paz”, algo que, junto al cuestionamiento a prácticamente todas las instituciones del país, va en vías de violar el estado de Derecho.